El expresidente de Murcia descarga responsabilidades en el arquitecto y los técnicos municipales en el ‘caso Auditorio’

El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP) ha defendido esta mañana que toda la tramitación para la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras (16.000 habitantes) cuando él era alcalde de ese municipio murciano se hizo de manera correcta, desde la contratación del arquitecto hasta la solicitud de la subvención de seis millones de euros con la que se financiaron las obras, la modificación del proyecto y su recepción, pese a no estar terminado.

Con su declaración ha comenzado este martes el juicio del conocido como caso Auditorio, por el que la Fiscalía pide para él dos años y medio de prisión y 19 años de inhabilitación para empleo y cargo público por la comisión de supuestos delitos de prevaricación continuada y fraude. En el inicio de la sesión, el fiscal ha retirado su acusación de un tercer delito, el de fraude en subvenciones, por el que había solicitado en un primer momento otros dos años de prisión.

Durante dos horas de declaración, Sánchez ha intentado convencer al fiscal de que no contrató a dedo y sin concurso público al arquitecto Martín Lejárraga, también imputado en este caso, para dar forma a las obras del teatro-auditorio que da nombre al caso. El acusado dimitió el 4 de abril de 2017 como presidente de Murcia acorralado por las acusaciones de corrupción. Lo sucedió en el cargo el actual presidente, Fernando López Miras.

Según ha explicado Sánchez en el juicio, fue el propio arquitecto el que “por iniciativa profesional” decidió elaborar una “propuesta de ideas” en el año 2006 para poner en marcha esa infraestructura. Aunque, según la Fiscalía, entre ese año y el siguiente el arquitecto elaboró un “anteproyecto”, un “proyecto básico” y un “proyecto general de ejecución” del auditorio, tal y como figura en numerosa documentación, Sánchez ha insistido en defender que todos esos documentos fueron presentados motu proprio y sin que mediara encargo municipal alguno, aunque los mismos fueron presentados a la comunidad autónoma para solicitar una subvención de seis millones de euros con la que se llevaron a cabo las obras.

Según el expresidente autonómico, solo una vez que la subvención estuvo concedida, el Ayuntamiento convocó un “concurso de ideas” para seleccionar el proyecto de construcción del auditorio, que ganó Lejárraga.

El fiscal ha abundado también en sus preguntas por el hecho de que se modificara tanto la ubicación del auditorio como su proyecto de obra inicial por otro que incluía tres edificios anexos y un garaje, a pesar de que la subvención autonómica había sido concedida para otro tipo de construcción y además en otro lugar. Sánchez ha insistido en que todo el proyecto fue redactado cuando el Ayuntamiento tenía garantizada su financiación, por lo que no hubo ningún “cambio”.

Las obras del auditorio arrancaron en mayo de 2018 y en agosto de ese año Sánchez firmó tres certificaciones para justificar 2,25 millones de euros de la subvención recibida. Sobre la firma de ese y de todos los documentos relacionados con el proyecto, el exdirigente ha derivado responsabilidades en los técnicos municipales y ha insistido en que la labor de un alcalde consiste en firmar y no en fiscalizar las actuaciones de su equipo.

En cualquier caso, ha defendido que todos los fondos recibidos de la comunidad autónoma se invirtieron en las obras del auditorio, por lo que no se produjo ningún tipo de malversación.

La última de las controversias sobre esta obra radica en su recepción en el año 2010 tras redactar el Ayuntamiento un modificado del proyecto original con el que la obra se dio por finalizada, aunque había quedado incompleta con respecto al proyecto presentado inicialmente. Sánchez ha insistido en que la obra está “finalizada en base a ese modificado”, que se trasladó a la comunidad autónoma y fue aceptado por esa administración.

En este juicio están acusados también el arquitecto Martín Lejárraga, quien era secretaria municipal de Puerto Lumbreras aquellos años, Caridad García Vidal, y el gerente de la constructora que hizo las obras (ECISA), Vicente Gimeno, cuyas declaraciones están previstas para el próximo 3 de octubre. El juicio se prolongará hasta finales de noviembre.