La fiscalía rebaja a dos años y medio de prisión su petición de condena para el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez

El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se sienta este martes en el banquillo en un juicio que tratará de esclarecer el proceso de construcción de un auditorio municipal en Puerto Lumbreras en el año 2005, cuando Sánchez era alcalde de esa localidad. Sánchez iba a ser enjuiciado por los supuestos delitos de prevaricación continuada, fraude en subvenciones y fraude, pero el fiscal y las acusaciones han retirado en la primera jornada la acusación contra el segundo de los delitos. Este movimiento procesal hace que el ministerio público haya rebajado su petición de condena para Sánchez de cuatro años y medio de prisión, a dos años y medio. El caso se enjuicia en la Audiencia Provincial de Murcia. Está previsto que se alargue hasta finales de noviembre y que intervengan unos 40 testigos y una decena de peritos.

Las investigaciones arrancaron en 2015, diez años después de que se construyera el auditorio municipal que da nombre el caso. En abril de 2017, Sánchez se vio obligado a dimitir como presidente de la comunidad autónoma al verse envuelto en esta y otras causas judiciales. Durante la fase de instrucción, en marzo de 2017, Sánchez descargó en los técnicos municipales toda la responsabilidad de la tramitación del proyecto.

Junto al expresidente autonómico, se sienta en el banquillo el arquitecto Martín Lejárraga, para quien pide nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación continuada, y dos años y tres meses de prisión y ocho años y medio de inhabilitación por el de fraude y prevaricación. Esos mismos dos delitos considera el fiscal que los cometió también la secretaria municipal de Puerto Lumbreras en aquellos años, Caridad García Vidal, para quien pide las mismas penas. Por último, el fiscal pide dos años y tres meses de prisión y ocho años y un mes de inhabilitación para Vicente Gimeno, el responsable de la empresa que llevó a cabo las obras, ECISA, por el delito de fraude y prevaricación.

En un detallado escrito de acusación, el fiscal relata como Sánchez encargó de manera “ilícita”, sin convocar concurso alguno, al arquitecto Lejárraga que redactara un proyecto para la construcción de un teatro-auditorio. Lo hizo, señala el escrito, porque sabía que la comunidad autónoma iba a conceder subvenciones para sufragar ese tipo de infraestructuras. El arquitecto, que también está imputado en este proceso, aceptó el encargo a sabiendas de que no se había hecho ningún proceso de contratación, y elaboró entre 2006 y 2007 un anteproyecto, un proyecto básico y un proyecto de definición general del auditorio, todo ello sobre una parcela que “ni siquiera era propiedad municipal”. Con todos los proyectos ya redactados y para dar una sensación de legalidad al proceso, se convocó entonces un concurso público que, siempre según el relato del fiscal, vulneraba incluso sus propias bases.

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras obtuvo una subvención de 6 millones de euros para poner en marcha el auditorio, pero más tarde se modificó tanto su ubicación como la construcción en sí, a la que se añadieron tres edificios anexos y un garaje, todo ello sin notificarlo a la comunidad autónoma con el fin de no perder la subvención. Según el fiscal, esos cambios determinaron “la inviabilidad técnica y económica del proyecto desde su inicio” y llevaron a ejecutarlo “de forma subrepticia” hasta el punto de que se certificó como terminada “una obra incompleta”. Además, señala que, para ir justificando la subvención, se aportaron a la comunidad autónoma “certificaciones de obra indebidamente incrementadas en un 38,04% a sabiendas”.

El fiscal considera que Sánchez cometió prevaricación continuada al contratar de forma ilícita y sin concurso previo al arquitecto y también al convocar el concurso a posteriori, delitos por los que pide para él una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Señala también un delito de fraude en subvenciones por haber aportado datos que no eran ciertos para cobrar la ayuda autonómica, por lo que considera que Sánchez debe pasar dos años en prisión y pagar una multa de seis millones de euros, el mismo dinero que recibió de las arcas públicas.

El ministerio público ve un tercer delito de fraude y prevaricación al haber modificado el proyecto inicial y su ubicación sin comunicarlo a la administración regional, por los que sumaría otros dos años y seis meses de cárcel y otros nueve años e inhabilitación.

Antecedentes judiciales archivados

No es la primera vez que Sánchez se sienta en el banquillo de los acusados: ya lo hizo en 2018 en el seno del caso Pasarelas, también relacionado con su gestión como alcalde de Puerto Lumbreras. El caso, por el que se le acusaba de prevaricación, falsedad y fraude, fue archivado en 2019 por un error en el procedimiento. La decisión fue ratificada en junio de 2021 por el Tribunal Supremo a pesar de que la Fiscalía había solicitado que se repitiera el juicio.

Sánchez también estuvo investigado en el caso Púnica por un supuesto desvío de fondos públicos cuando fue consejero de Educación, en 2014. El caso fue archivado en 2019 por la Audiencia Nacional por falta de pruebas por lo que la actual causa es la única que el expresidente continúa teniendo pendiente con la justicia.