El presidente de Murcia inaugura una desaladora sin conexión al mar

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), inauguró ayer, a pocos días de la campaña electoral, la desalinizadora de Escombreras (Cartagena), que no comenzará a generar sus primeros hectómetros cúbicos de agua potable hasta 2008. La planta, que implica una inversión de 115 millones, todavía no tiene conexión con el mar, no cuenta con los permisos preceptivos del Ministerio de Medio Ambiente y tampoco ha pasado la declaración de impacto ambiental.

Valcárcel, quien aseguró que la planta "está en pruebas", pulsó un botón mediante el cual se inició un proceso técnico que fue retransmitido por unas cámaras de un circuito cerrado, gracias a las cuales se pudo apreciar cómo el primer volumen de agua del proceso entraba en el depósito de agua tratada.

El presidente del Gobierno regional explicó, tras la visita institucional, que "la nueva planta producirá, una vez termine el período de pruebas, 14,4 hectómetros cúbicos hasta el año 2008 y 21,6 hectómetros en 2010, para atender la incertidumbre que expresan nuestros ayuntamientos".

También subrayó: "Con esta instalación aseguramos las demandas de los municipios, sin ningún tipo de sectarismo político, pero sigue faltando agua para la agricultura". Porque, según el presidente murciano, "los regantes no pueden asumir ni los volúmenes ni el coste de la desalación".

Mientras la planta se pone en pruebas, las fases II y III de esta desaladora continúan en proceso de construcción y montaje. El objetivo es que los ayuntamientos distribuyan el agua suministrada a través de su propia red municipal hasta las acometidas domiciliarias y las de industrias vinculadas a la red municipal de abastecimiento.

"No sé lo que han podido inaugurar porque están en situación de alegalidad, ya que no tienen en orden ni la toma de agua ni el emisario, ni la concesión necesaria", afirmó el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita. Éste explicó que los requerimientos a la comunidad autónoma "no han dado paso en la dirección de legalizar las actuaciones", y añadió que los convenios que el Gobierno regional ha firmado con los ayuntamientos que se beneficiarán de la planta "no tienen soporte legal alguno".

En este sentido, criticó "el intento de la comunidad de sortear los requisitos de la Ley de Aguas respecto a la disponibilidad de los recursos para las nuevas urbanizaciones". "Es sorprendente que una consejería que se llama de Agricultura haga la planta para urbanizaciones", añadió Fuentes Zorita.