CRISIS POLÍTICA EN CATALUÑA
La moción de censura que ayer defendió el líder del PP catalán, Josep Piqué, contra el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, devolvió a la política catalana la corrección.
El discurso de la moción de censura del líder del PP catalán, Josep Piqué, tuvo ayer dos destinatarios directos, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y los empresarios de la construcción, y dos objetivos, poner fin a la crisis política catalana y acabar con los casos de corrupción y de presunta financiación ilegal de los partidos. A Maragall le exigió, con un implacable ataque frontal, que abandone su cargo de presidente y de "reina madre". Y reclamó a los empresarios que rompan la omertà (pacto de silencio en la jerga de la Mafia) y denuncien el supuesto pago de comisiones a los partidos por adjudicación de obra pública. Propuso impulsar reformas legales para que quienes colaboren en esa tarea tengan inmunidad judicial.
Las "excusas" que Pasqual Maragall pidió "a los ciudadanos de Cataluña" por los últimos excesos verbales bastaron para que el presidente de CiU, Artur Mas, se diera por aludido y anunciara ayer la retirada de la querella que pesaba contra el presidente catalán.
Pasqual Maragall convirtió su respuesta a Josep Piqué en una reafirmación del compromiso por la transparencia en la gestión de la Administración de la Generalitat.
UN AÑO DESPUÉS DE LA MATANZA
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, difundió ayer un mensaje al pueblo español, que no al Gobierno, para expresar su solidaridad y condolencia con las víctimas del 11-M. La Embajada estadounidense en Madrid consideró normal y usual este tipo de comunicación, en el que Bush subraya los "valores comunes" de los dos pueblos y promete seguir luchando contra el terror y por la libertad.
P. MARTÍN / E. GRANDA | Madrid
Empleados y viajeros de las zonas afectadas por los atentados del 11-M siguen luchando por recuperar la normalidad
El Consejo de Ministros ascenderá hoy de forma honorífica a los 341 militares y guardias civiles muertos en atentados -la inmensa mayoría perpetrados por ETA-, como un "homenaje público" a todos aquellos "que murieron por defender los ideales constitucionales de igualdad, libertad y solidaridad", según anunció ayer en Valladolid el ministro de Defensa, José Bono..
Todos los parlamentarios se unieron ayer para rendir homenaje a las víctimas del atentado del 11-M con el compromiso de que nunca caerán en el olvido y que los poderes públicos se comprometen a mantener la ayuda que necesiten.
El alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, responsabilizó ayer de lo que pueda ocurrirle a él personalmente, a su familia y a los trabajadores de su oficina a todos los que han contribuido a "una campaña" de descrédito contra su persona desde que tomó posesión como máximo responsable de la atención a las víctimas, en diciembre pasado..
El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, rectificó ayer su declaración de la víspera sobre la posibilidad de sustituir el término "nacionalidad" por el de "comunidad nacional" al referirse a las comunidades autónomas en la Constitución, por considerarla "inadecuada".
La derogación de los artículos del Código Penal por los que la autoridad que convocara un referéndum sin tener potestad para ello podría ser castigada a penas de cárcel seguirá adelante en el Congreso, una vez que ayer todos los grupos rechazaron la enmienda del PP que trataba de pararla.
La Inspección del Consejo General del Poder Judicial ha remitido a la Comisión Disciplinaria un informe en el que propone abrir diligencias informativas al juez Baltasar Garzón por si hubiera incurrido en una falta muy grave o grave de revelación de secretos relacionados con el 11-M en su libro Un mundo sin miedo. La denuncia contra Garzón partió del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.