Fallece un sexto guardia civil de los arrollados en Madrid por un camionero sin permiso de trabajo

El alférez de la Guardia Civil José Luis Periáñez, de 45 años, murió en la tarde de ayer, dos días después de ser arrollado por un camión en la autovía de Burgos (A-1), a la altura de la localidad madrileña de Buitrago de Lozoya. En el accidente fallecieron otros cinco agentes. La titular del juzgado de Torrelaguna (Madrid) dejó ayer en libertad al camionero Toader Iuliau, de 33 años, tras tomarle declaración.

El fallecimiento de Periáñez se produjo a las 18.10 en el hospital La Paz. Las graves heridas que sufría motivaron que ingresara en este centro con pronóstico crítico. La familia ha decidido donar todos sus órganos, según informó un portavoz de la Delegación del Gobierno en Madrid. Con esta muerte, son seis los guardias civiles que perdieron la vida, cuando en la madrugada del martes el camionero Toader Iuliau se quedó dormido al volante y arrolló a los agentes que se disponían a levantar un control antiterrorista que habían instalado a la altura del kilómetro 73,400 de la autovía de Burgos.

El alférez, nacido en Talaván (Cáceres) en 1960, estaba destinado en el puesto de Colmenar Viejo. Estaba casado y tenía dos hijos de 11 y 15 años. Está previsto que hoy se celebre un funeral a las diez de la mañana en la iglesia parroquial de Miraflores de la Sierra (Madrid). Después será inhumado en su localidad natal. Recibirá la cruz de plata de la orden del mérito de la Guardia Civil, al igual que los otros fallecidos.

La titular del juzgado de instrucción y primera instrucción de Torrelaguna (Madrid) dejó ayer en libertad con cargos y sin fianza a Toader Iuliau. La juez le retiró el pasaporte para impedir que salga del país. Fuentes judiciales señalaron que el camionero declaró que, pese a que estaba cansado, intentó completar su viaje entre Bilbao y Toledo, pero que se quedó dormido.

Por otra parte, el empresario Ángel Chavala Villamor, propietario del camión implicado en el siniestro, también quedó ayer en libertad tras declarar ante el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Toledo como imputado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores ya que el conductor carecía permiso de trabajo, según informaron fuentes judiciales.

El juez Juan Ramón Brigidano interrogó al propietario de Transportes Chavala durante una hora. Después abandonó el juzgado en compañía de su abogado, quien explicó que su cliente estaba en proceso de regularizar al ciudadano rumano y que el 15 de marzo estaba citado en la Seguridad Social para tramitar su legalización.