Una querella que hacía agua

La querella de CiU contra el presidente de la Generalitat de Cataluña cuya retirada anunció ayer Artur Mas tenía muy poco recorrido. Tan poco, que el primer abogado penalista al que consultaron los dirigentes nacionalistas, Xavier Melero, desaconsejó su presentación. "Sería una locura", les vino a decir. Ante la insistencia, los letrados Pablo Molins y Juan Córdoba acabaron redactando un texto en el que nunca depositaron esperanzas y que, además, firmaba el número tres de la coalición, Xavier Trias. Y es que acusar de un delito de injurias y calumnias graves con publicidad a Pasqual Maragall, al consejero Joaquim Nadal y a un diputado de ERC por unas declaraciones realizadas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias parece poco menos que un intento de matar moscas a cañonazos. Lo dicen no sólo los juristas, sino el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña en su artículo 31.2 al reconocer la inviolabilidad de los diputados.

Pero mientras no se produzca la retirada formal, la justicia sigue sus ritmos y la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña empezó a deliberar ayer sobre un borrador que presentó el ponente, Guillem Vidal. Se trata de un tribunal de diversas sensibilidades, pero parece ser que hubo coincidencia, con matices, en rechazar la admisión de la querella. Si CiU tarda lo mismo en retirarla como hizo en formalizarla desde que lo anunció podría encontrarse con un auto judicial sonrojante. Posiblemente por eso, los abogados comunicaron que hoy desistirían y eso obligará al tribunal a dictar un auto de archivo.

Y perdida la primera batalla judicial por rendición en apenas unos días -hoy hace una semana que se presentó la querella-, ahora CiU tiene mucho que perder y nada que ganar en el frente que abrió hace 15 días el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena. Técnicamente se denominan "diligencias preprocesales" y es una fórmula que permite a la fiscalía deshacerse del estrecho corsé que se le colocó en 2003, con la reforma de su estatuto orgánico, al limitar a seis meses la duración de las diligencias de investigación y obligar a comunicárselo "al sospechoso". Resulta curioso recordar que esa reforma fue propiciada por el entonces diputado democristiano Manuel Silva y que la modificación de otro artículo sirvió también para acabar con el entonces fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, instructor del caso Banca Catalana junto con Mena hace ya dos décadas.

Con la fórmula elegida ahora y prevista en el artículo 5 del estatuto de la fiscalía, los dos fiscales designados por Mena pueden investigar si hubo cobro de comisiones sin limitación de tiempo y con más discreción. Cuando se abrieron las diligencias, los investigadores reconocían que tenían el supuesto álbum de la corrupción, pero que les faltaban los cromos. En los últimos días ya han empezado a llegar y la fiscalía confía en reunir parte de la colección. No tienen excesiva prisa. Al fiscal Mena le faltan casi dos años para jubilarse.