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El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvieron ayer el enfrentamiento político más duro y agrio de la legislatura con descalificaciones, reproches y advertencias mutuas de que sus actuaciones tendrán consecuencias negativas en las urnas para sus respectivos partidos.
El Gobierno expulsó, denegó la entrada en España o devolvió a su país de origen a 19.290 extranjeros desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2002. El ministerio del Interior informó ayer sobre el número de expulsiones materializadas (3.634), que ya casi alcanzan las 3.817 que se produjeron en todo el año pasado y triplican de sobra las del mismo periodo de 2001, pero se negó a facilitar las órdenes de expulsión dictadas.
José María Aznar lo discutió este fin de semana con la cúpula del Gobierno y del PP y ayer el secretario general del partido, Javier Arenas, tras los maitines semanales de La Moncloa, lo trasladó a la opinión pública.
'El Gobierno aplicará la ley y hará que se cumpla'. Así replicó ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, a la advertencia del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de utilizar todos los medios legales para evitar la aplicación en su región del decreto sobre desempleo del Gobierno del PP.
El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno, echó ayer una jarra de agua fría sobre las últimas medidas laborales del Ejecutivo. El dictamen del CES sobre el anteproyecto de ley de empleo critica duramente la posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo con el salario.
Calumniados y doloridos tras una 'gran paliza'. Con esa sensación vive José Sánchez, ex portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y prelado de Sigüenza-Guadalajara, tras la crisis que ha enfrentado al Gobierno del PP con la Iglesia católica a causa de la pastoral de los obispos vascos contra la Ley de Partidos.
Ana Urchueguía, la alcaldesa socialista de Lasarte (Guipúzcoa), denunció ayer en una conferencia de prensa que es objeto de una campaña premeditada del entorno simpatizante de ETA para intimidarla y conseguir que desista de presentarse a la reelección como primera edil.
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