El Defensor del Pueblo denuncia que los jueces de Fuerteventura vulneran la Ley de Extranjería

Una investigación del Defensor del Pueblo ha descubierto que los jueces de Fuerteventura vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva de los extranjeros recluidos en la vieja terminal del aeropuerto. Según la institución, los jueces no escuchan a los inmigrantes antes de decidir sobre su reclusión en el centro, que decretan mediante un auto redactado en un 'modelo previamente confeccionado'. El defensor critica también la asistencia letrada de oficio que reciben los inmigrantes. Los abogados les dedican de media entre minuto y medio y cinco minutos de su tiempo.

La adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, compareció ayer en el Senado a petición de IU para explicar la situación en la que viven los extranjeros recluidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura situado en la vieja terminal del aeropuerto. Cava de Llano dejó a un lado las condiciones de salubridad del centro e hizo públicos los resultados de una investigación cuyas conclusiones ponían de manifiesto graves vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva de los inmigrantes así como irregularidades en el modo en que se les prestaba asistencia letrada. El Defensor del Pueblo remitió el informe al Consejo General del Poder Judicial para que restablezca 'en toda su integridad el derecho a la tutela judicial efectiva'. Copias del informe han sido remitidas al ministro de Justicia, al de Interior, al presidente del Consejo General de la Abogacía y al fiscal general del Estado.

Mediante el estudio de 300 expedientes de expulsión de varios de los extranjeros retenidos en Fuerteventura, el Defensor del Pueblo comprobó que los autos de internamiento dictados por los tres juzgados de Puerto del Rosario (los únicos existentes en Fuerteventura) eran modelos previamente confeccionados en los que figuraba la misma motivación y sólo se cambiaba el número de procedimiento y el nombre del extranjero detenido. En muchos casos uno solo de esos autos servía para varias personas a la vez. 'En cada uno de estos autos figuraba la misma motivación, poco importaba que se tratara de una persona o de 21', aseguró ayer la adjunta al Defensor. 'Tampoco se hacía consideración alguna sobre si se había acreditado que todas las personas se encontraban en circunstancias idénticas que determinasen la idoneidad de la medida de internamiento solicitada, lo que en un volumen tan alto de solicitudes resulta chocante', añadió.

De comisaría a la terminal

La investigación descubrió que los extranjeros para los que se solicitaba el internamiento en la antigua terminal de Fuerteventura no eran puestos a disposición judicial, como exige la Ley de Extranjería. Una vez detenidos e indentificados, se les trasladaba directamente de la comisaría a la terminal. El juez sólo recibía una notificación solicitando el auto de internamiento cuando el inmigrante ya había ingresado.

Para Cava de Llano el hecho de que el juez no interrogue a un extranjero antes de decidir sobre su internamiento 'constituye una grave falta, lo que produce una vulneración absoluta de la Ley de Extranjería que expresamente prevé esta audiencia. Sin ella el juez dicta una resolución sin conocer la situación de la persona sobre cuya libertad está disponiendo, inclumpliendo así la doctrina que ha sentado el Constitucional sobre este particular'. Cava de Llano recordó igualmente que dictar resoluciones sin una motivación mínimamente individualizada es contrario tanto a la Ley de Extranjería como a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La lectura de los expedientes y las entrevistas realizadas a los agentes de policía y a los intérpretes destinados en la antigua terminal desvelaron también graves irregularidades en la asistencia letrada a los internos. El Defensor comprobó que entre el 12 de marzo y el 17 de abril de este año, todos los abogados de oficio que habían visitado la vieja terminal lo hicieron únicamente para estar presentes en los actos en los que se notificaba a cada extranjero la iniciación de un expediente de expulsión contra él, documento en el que debe constar la firma de un letrado. Uno de los intérpretes entrevistados no recordaba la última vez que recibió una solicitud de un letrado para poder comunicarse con su cliente. Los internos sólo conocían el nombre de su representante porque figuraba en la copia de la notificación que se les había entregado, pero no sabían su dirección ni su teléfono.

En los días en que se realizó la investigación, cada abogado del turno de extranjería realizó entre 14 y 120 asistencias a inmigrantes en un tiempo que no superó en ningún caso las cinco horas. Según esas cifras, el tiempo máximo dedicado a cada uno de los internos fue de cuatro minutos y medio, tiempo en el que según la adjunta al Defensor, no da tiempo ni siquiera a leer la notificación a cada uno de los extranjeros. Por cada una de esas éfímeras asistencias el abogado percibe 72,12 euros por lo que el único letrado que visitó el centro el pasado 23 de marzo, percibió 8.654 euros (1.439.000 pesetas) por las 120 notificaciones de procedimientos de expulsión que firmó ese día (véase gráfico).

Para el Defensor del Pueblo, la labor de los letrados se reduce a un 'puro formulismo constituido por la mera presencia y firma del letrado'. La adjunta recordó que la asistencia letrada requiere que la asistencia técnica sea efectiva', según el Constitucional.

El decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, consideró que el informe del Defensor del Pueblo 'no aporta nada nuevo' a lo que la propia adjunta le comunicó tras su visita a la terminal de Fuerteventura, denuncias que, añadió, sirvieron para que el colegio abriera un expediente que se archivó 'al no encontrar ninguna irregularidad'. En aquel informe, que según Espinosa tuvo el respaldo del ministro del Interior, Mariano Rajoy, y de la Delegación del Gobierno, letrados, jueces y policía coincidieron en afirmar que 'los inmigrantes reciben asistencia individualizada, eran informados de sus derechos, contaban con el traductor correcto y disponían del tiempo que necesitaban para declarar'.

Este periódico intentó, sin éxito, recabar la versión de los tres jueces destinados en Fuerteventura sobre el informe del Defensor.