El Consejo Económico y Social censura varios aspectos del 'decretazo'

El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno, echó ayer una jarra de agua fría sobre las últimas medidas laborales del Ejecutivo. El dictamen del CES sobre el anteproyecto de ley de empleo critica duramente la posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo con el salario. El decretazo aprobado el pasado 24 de mayo incluye dicha compatibilidad para los parados mayores de 52 años.

El Gobierno remitió el pasado 2 de junio su anteproyecto de ley de Empleo al CES para que emitiese un dictamen. Este texto, que regula la articulación de las políticas del empleo en todo el Estado, se ha ido gestando de forma paralela a la reforma del desempleo aprobada a finales de mayo. Y, aunque el grueso de la ley no tiene que ver con el decretazo, algunos de sus contenidos, precisamente los más criticados por este organismo, sí están relacionados.

El CES está formado por 61 miembros -entre ellos, su presidente, Jaime Montalvo- nombrados por el Gobierno. Los sindicatos más representativos proponen a 20 consejeros, la patronal a otros 20; y 14 más representan a colectivos como agricultores o consumidores. La lista se completa con seis expertos elegidos por el Gobierno.

El dictamen aprobado ayer por el pleno del Consejo incluye las siguientes críticas:

Sueldo y prestación simultáneos. El CES considera 'engañoso' el artículo de la ley de Empleo que habla de compatibilizar políticas activas de empleo con prestaciones. Este órgano considera que, en realidad, se está abriendo la puerta a compatibilizar el sueldo con la prestación de paro, una medida que ya está en vigor tras la aprobación del decretazo. La reforma aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 24 de mayo establece que, para estimular la contratación de los mayores de 52 años, el Inem (Instituto Nacional de Empleo) les pagará la mitad de la prestación y la empresa abonará el resto hasta completar el salario al que tengan derecho.

Una enmienda presentada por UGT y CC OO, y aprobada por más de la mitad de los consejeros, advierte de que este sistema constituye 'una vía para subvencionar al empresario' y desvirtúa la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, al liberar a una de las partes, en este caso la empresarial, de su obligación de retribuir al empleado.

El dictamen incide, además, en el carácter discriminatorio de la medida, pues 'al empresario le resultará mucho más ventajoso contratar al que se encuentra en mejor situación dentro de ese colectivo, es decir, al que cobra prestación o subsidio de desempleo'.

Los consejeros del CES elegidos por la patronal apoyaron el planteamiento del Gobierno, pero finalmente prosperó la enmienda de los sindicatos.

Compromiso de actividad. Desde la aplicación del decretazo, la prestación de paro está vinculada al llamado compromiso de actividad que el desempleado firma con el servicio público de empleo. El parado se compromete a buscar activamente un trabajo y a aceptar lo que el Inem considere un empleo adecuado. Pero, según el dictamen del CES, este compromiso debería ser posterior a la definición de un itinerario de inserción laboral entre el desempleado y el servicio de empleo. 'No debería ser un requisito previo, porque lo importante no es el compromiso, sino el itinerario', explica Lola Liceras, de CC OO, presidenta de la Comisión de Empleo del CES.

Contrato de inserción. Fue uno de los puntos más polémicos en los debates previos a la reforma del paro y finalmente se postergó hasta la ley de Empleo. Esta modalidad de contratación, hasta ahora reservada a organismos públicos y para fines de interés social, se amplía a otro tipo de labores 'sin que se justifiquen las razones del cambio', según el CES. La actual redacción, agrega el dictamen, no garantiza 'que el trabajador perciba el salario correspondiente al grupo y categoría profesional fijado en el convenio colectivo' que le afecte.

El pleno del CES concluyó que la ley de Empleo, que sustituirá a un texto vigente desde 1980, es 'poco madura' y presenta 'lagunas importantes'. Su principal defecto, según este organismo, es que sólo incluye las políticas activas de empleo y deja a un lado las prestaciones por desempleo.