El Gobierno esquiva a los sindicatos y sólo discutirá el 'decretazo' en el Parlamento

La huelga general que vivió España el 20 de junio no tendrá ningún efecto práctico, a juzgar por las respuestas que ayer dio el Gobierno en el Congreso. El PSOE e Izquierda Unida llevaron el asunto a la sesión de control al Ejecutivo para conocer sí el Gabinete de José María Aznar va a 'rectificar', va a llamar a los sindicatos y se va a reanudar el diálogo social. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, señaló, que el diálogo 'no fue posible', y ahora sólo queda la tramitación del decreto, convertido ya en proyecto de ley, y, por tanto, sujeto exclusivamente a la vía parlamentaria. El PSOE le pidió no sólo que cambie ese proyecto, sino que modifique 'todo el modelo laboral, precario y semiesclavista'.

CC OO lanzó por su parte un mensaje al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, para que se reúna con los sindicatos antes de las vacaciones. 'Le pedimos al ministro de Trabajo que, si tiene que irse más tarde de vacaciones, que haga un esfuerzo, porque el tema es muy importante', señaló el secretario de organización de este sindicato, José Luis Sánchez. 'Los ciudadanos españoles no han hecho una huelga para introducir mejoras técnicas; lo que piden es la retirada del decreto y la vuelta al diálogo', explicó. Las centrales pretenden entablar esos contactos antes de septiembre porque el 30 de ese mes se producirá la convalidación del texto en el Congreso tras el proceso de enmiendas, informa Lucía Abellán.

Aparicio reiteró en el Congreso que 'el Gobierno desea mantener abierta una vía de diálogo que hasta ahora no ha sido posible en el caso de las centrales sindicales. El Gobierno entiende que se ha abierto una vía complementaria y útil, que es la vía de la tramitación parlamentaria', dijo al diputado de IU Felipe Alcaraz que le preguntó expresamente por el diálogo con los sindicatos. Pero Aparicio se mostró casi impasible ante las peticiones que le hicieron los siguientes diputados, todos del PSOE, sobre la misma materia.

Las solicitudes de diálogo y rectificación por parte del PSOE fueron acompañadas con juicios muy críticos contra el comportamiento del Gobierno antes, durante y después de la huelga del 20-J. Jesús Caldera, portavoz parlamentario del PSOE, afirmó que este acontecimiento ha puesto de manifiesto 'el perfil autoritario, antisocial y mentiroso' del Ejecutivo. 'Toda la prensa internacional destacó el éxito de la huelga, salvo el ministro portavoz, Pío Cabanillas. Éste que vio a Felipe González en Marruecos cuando no estaba y ha sido incapaz de ver a millones de españoles en la calle ejerciendo su derecho; éste que no tiene dignidad'.

Caldera dirigió esta intervención al ministro del Interior, Mariano Rajoy, que se quitó de en medio como pudo en esta materia y destacó la 'razonable' situación, desde la perspectiva del orden público, con la que se vivió el 20-J. Pero a diferencia del ministro de Trabajo, que no aludió a la huelga, Rajoy dijo que 'paró la construcción y la industria'.

Pero las recriminaciones más fuertes se las llevó Aparicio a cargo de Ramón Jáuregui, María Teresa Fernández de la Vega y Leire Pajín. Jáuregui denunció el modelo laboral vigente en España pero antes le pidió que 'no siga negando la huelga con desprecio al clamor social que surgió del 20 de junio'. Después vino su diagnóstico: 'En España el empleo no es de calidad, a veces ni siquiera es digno, es subempleo, y semiesclavista cuando se trata de inmigrantes y jóvenes'. El ministro no aceptó este retrato y contraatacó con cifras de 1996, es decir, de la etapa de los gobiernos socialistas. Pajín, de 25 años, que había mostrado su queja por la precariedad del empleo juvenil, pidió al ministro que no mirara atrás. 'Para los jóvenes el pasado son ustedes'.

El turno de recriminaciones llegó a Rajoy con la política de inmigración, de orden público y situación de las cárceles. La responsable federal de política social, Consuelo Rumí, echó por tierra toda la política de inmigración del Gobierno e inquirió al ministro para que le dijera una resolución de la pasada cumbre europea de Sevilla que obligara al Gobierno a modificar la ley de extranjería. Rajoy no respondió a Rumí, negó a Salvador de la Encina que la situación de la inmigración en Ceuta y Melilla fuera tan catastrófica como el diputado socialista describía y tampoco compartió la visión de hacinamiento en las cárceles que expresó Mercedes Gallizo.

Por su lado, el director general de RTVE, Javier González Ferrari, rechazó en la comisión de control parlamentario del ente el alud de acusaciones -'manipulación de escándalo', 'sectarismo degradante', 'propagandismo del Gobierno', 'partes de guerra'- para arremeter contra los socialistas y su líder José Luis Rodríguez Zapatero. Ferrari sacó a relucir un artículo publicado en La Crónica de León hace 14 años en el que Zapatero arguía que la huelga general 'es una medida desproporcionada e injusta'. El PSOE criticó la utilización de la comisión de RTVE para 'ajustar cuentas' con alguien que nada tiene que ver con ella.