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LAS CONSECUENCIAS DEL 20-J

El Gobierno impedirá que el Parlamento altere los aspectos duros del 'decretazo'

Los sindicatos piden a todos los grupos que enmienden el texto 'hasta darle la vuelta'

El Gobierno llamará a los sindicatos tras la resaca de la huelga general contra el decretazo y les ofrecerá negociar algunas mejoras sociales pendientes, pero no tiene intención de modificar 'ningún aspecto esencial' del decreto-ley sobre el desempleo. El Ejecutivo pretende así recuperar el diálogo social sin conceder rebajas básicas en su reforma laboral. 'El espíritu del decreto-ley debe quedar intacto', advierten fuentes cercanas a José María Aznar. El PP a su vez negociará con CiU algunas enmiendas al decretazo durante su tramitación como proyecto de ley, pero igualmente sin cambiar nada esencial.

Los sindicatos plantean la retirada del decretazo para recuperar el buen clima de diálogo social. Sin embargo, como admiten que la retirada es, en la práctica, imposible, UGT y Comisiones Obreras pedirán a todos los grupos parlamentarios que presenten enmiendas 'hasta darle la vuelta al decretazo'. Los sindicatos transmitirán a los partidos que hay dos modificaciones en el decreto-ley que 'eliminan derechos laborales básicos': La prestación por desempleo deja de ser 'un derecho objetivo' para convertirse en 'una graciosa concesión de la Adminsitración'. Así ocurre, mantienen, al dejar en manos del Inem la decisión de cuál es la oferta adecuada para el parado y permitirle, incluso, cambiar la profesión de éste. Y, en segundo lugar, se 'abre la puerta al despido libre' al no diferenciar entre despido procedente e improcedente, ya que se suprimen los salarios de tramitación.

El Gobierno no está en esa línea de trabajo. Distintos colaboradores de José María Aznar confirmaron que el resultado de la huelga no variará un ápice la estrategia a seguir el día después del paro. 'Las reformas prometidas en el programa electoral y sintetizadas en el lema del impulso centrista no se van a parar', aseguró uno de los máximos dirigentes del Partido Popular. Un miembro del Ejecutivo muy próximo a Aznar lo explicó así: 'Para el Gobierno, lo prioritario es reducir el 11% de paro existente todavía y acercarse cuanto antes a la meta del pleno empleo'. Un dirigente del área económica del PP añadió que 'la medida sobre quién tiene razón con esta reforma la darán los datos del empleo dentro de seis meses'. Si entonces se ve que ha crecido el empleo y los contratos estables, 'el Gobierno habrá ganado el partido, y si no hay más empleo habremos perdido'.

El PP retomará esta semana en el Congreso de los Diputados la negociación ya esbozada con sus socios de CiU y Coalición Canaria para contar con su apoyo en la tramitación de ese decreto, ya convalidado como proyecto de ley.

La disposición encontrada en ambos partidos es buena, a pesar de que se abstuvieron en la votación de su convalidación parlamentaria. Aunque tienen de plazo para incluir sus enmiendas hasta el día 2 de septiembre, el Gobierno quiere retomar los contactos políticos cuanto antes.

El vicepresidente Rodrigo Rato ha utilizado las enmiendas planteadas al proyecto por el PP de Andalucía y de Extremadura sobre modernización del sistema de protección del desempleo para demostrar la disposición del Gobierno a aceptar mejoras a un decreto 'que se puede perfeccionar'.

El secretario general del PP, Javier Arenas, anticipó tres aspectos que el Gobierno está dispuesto a discutir con los sindicatos y que consideran colaterales a la reforma laboral: mejoras en el sistema de protección del desempleo, en la siniestralidad laboral y en las políticas de formación profesional.

Un dirigente del área económica del PP añade que el Gobierno y el Grupo Popular 'quieren sentarse a negociar con los sindicatos sobre mejoras que afecten a los trabajadores, pero la política económica del Gobierno no pueden dictarla ni UGT ni CC OO'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de junio de 2002