El nuevo presidente del ICO está imputado en un caso de fraude fiscal
Alejandro Pedrós, nombrado el pasado viernes presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el Consejo de Ministros, está acusado por la Fiscalía de Barcelona de un delito contra la Hacienda pública. La acusación pública pide para Pedrós una pena de dos años de prisión menor y una multa de 250 millones de pesetas, así como la pena de inhabilitación para cargo público, al considerarle colaborador en la ocultación a Hacienda de los beneficios obtenidos por uno de sus clientes en la venta de una empresa.