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El nuevo presidente del ICO está acusado de fraude a Hacienda en un juzgado

Alejandro Pedrós Abelló, nombrado el viernes presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el Consejo de Ministros, está acusado como coautor de un presunto delito contra la Hacienda pública. Por este motivo, la Fiscalía de Cataluña pidió en marzo pasado para Pedrós y otro acusado -Armando Lasauca- la imposición de una pena de dos años de prisión menor, la suspensión del ejercicio de empleos públicos, una multa de 250 millones y una indemnización a Hacienda de otros 219 millones. Pedrós es militante del PP y fue candidato a alcalde de Barcelona por AP en 1983.

El cargo de presidente del ICO estaba vacante desde el pasado mes de julio, cuando dejó el cargo el anterior responsable, Fernando Bécker. El Boletín Oficial del Estado del sábado día 8 publicó el nombramiento de Pedrós "a propuesta del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía", Rodrigo Rato.El supuesto delito que se imputa a Pedrós se produjo en julio de 1992, cuando el propietario de la cadena de tiendas de confección Massimo Dutti, Armando Lasauca, vendió las acciones de la empresa a Inditex (grupo propietario de Zara).

En la operación, según la Inspección de Hacienda, que revisó la operación años después, Lasauca obtuvo un incremento de rentas y patrimonio de 400 millones de pesetas y, según Hacienda, se defraudó al fisco una cuota de 219 millones en la declaración de la renta correspondiente a ese año.

Al descubrir la operación, Hacienda la consideró fraudulenta y decidió enviar el caso a la fiscalía, a fin de que se estudiara presentar una querella. Así se hizo, y durante la instrucción del caso, el ex propietario de Massimo Dutti declaró que el diseño de la operación de venta y la elaboración de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 1992 habían sido responsabilidad de Pedrós, que era el asesor fiscal de la empresa. Éste declaró ante la juez titular del juzgado de instrucción número 6 de Mataró (Barcelona) en calidad de imputado el 16 de junio de 1998.

Finalmente, en marzo pasado la Fiscalía formuló el escrito de acusación en el que se piden para Lasauca y Pedrós, penas de "dos años de prisión menor, accesorias de suspensión de empleo y cargo público, profesión u oficio durante el tiempo de la condena y multa de 250 millones de pesetas". Además, la fiscalía pedía una indemnización para "la Hacienda pública de 219 millones de pesetas", igual cantidad que la defraudada. El ICO es una agencia financiera de carácter público.

Según el relato recogido en el escrito de la fiscalía, Lasauca, "que se hallaba firmemente decidido a no tributar , hasta el punto de llegar si fuera preciso a ocultar la transmisión o sus consecuencias económicas a Hacienda, acudió -para que le auxiliara en la obtención de dicho objetivo- en pos de su asesor fiscal, ". Pedrós aseguró ayer a este diario que "desconoce" el informe de la fiscalía y que no ha tenido noticias del caso "desde hace casi dos años".

Según la acusación pública, "el citado Pedrós, no sólo mostró su completo beneplácito y aquiescencia a la decisión de su cliente de evitar como fuera la tributación de las consecuencias del negocio, sino que colaboró directamente en el proyecto de la forma jurídica con la que la operación se llevó a cabo, llegando a confeccionar la declaración, relativa al ejercicio de 1992, del impuesto sobre la renta de las personas físicas".

Judicialmente, el caso, según las fuentes jurídicas consultadas, está pendiente de que la juez instructora del caso dicte bien auto de apertura de juicio oral, lo que implica la vista del caso contra los dos acusados, bien el archivo de la causa.

Doctor y catedrático

El recién nombrado presidente del ICO es doctor en Ciencias Económicas y Comerciales y catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal de la Universidad de Barcelona. Desde 1994 es miembro de la Comisión Económica del Partido Popular, en el que milita en Cataluña, y desde junio de 1996 forma parte del Consejo Económico y Social (CES). También es asesor de la patronal catalana Fomento del Trabajo.Anteriormente había trabajado en el servicio de estudios del Banco de España y fue presidente del comité fiscal de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de octubre de 1999

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