El Tribunal de Cuentas obliga a Gil a darle la contabilidad de Marbella desde 1990

Seis inspectores del Tribunal de Cuentas entraron a las 9.50 de ayer en el Ayuntamiento de Marbella sin que nadie les impidiese ni el acceso ni su labor, pese al anuncio del alcalde, Jesús Gil, de que se opondría a la fiscalización de las cuentas municipales de los años 1990 a 1999. Los funcionarios tenían órdenes de entregar toda la documentación para esta auditoría, aprobada hace ocho meses por la comisión mixta Congreso-Senado, aunque el abogado del Consistorio insistió en que la actuación "está viciada de nulidad" hasta que se resuelvan los recursos que planteó el Ayuntamiento.

"Todo documento que nos están solicitando se lo estamos dando en todo momento. Para nada se les ha puesto ningún inconveniente a que vengan a fiscalizar el Ayuntamiento de Marbella", manifestó el primer teniente alcalde del municipio, Julián Muñoz Palomo, tras la reunión que mantuvieron los concejales de Control Económico y Financiero, Rafael González; de Economía y Hacienda, Antonio Luque, y el abogado del Consistorio, José María del Nido, con los seis inspectores del Tribunal de Cuentas.El Ayuntamiento puso a disposición de los inspectores dependencias municipales y personal para que desempeñasen una labor que, según Del Nido, puede durar meses. Ayer comenzaron estudiando la forma en que el Consistorio ha llevado la contabilidad de las sociedades municipales durante los ocho últimos años. "Las relaciones están siendo completamente fluidas", insistió el primer teniente alcalde. El portavoz del PA, Carlos Fernández, en cambio, se quejó de que ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) impidieron la entrada a los inspectores.

Las trabas anunciadas por el GIL a la fiscalización se quedaron en hacer constar en acta su disconformidad. "Entendemos que es nula de pleno derecho", aseguró Del Nido, "por encontrarse varios recursos pendientes". Gil presentó un recurso ante el Tribunal de Cuentas contra el acuerdo de 28 de abril de fiscalizar al Ayuntamiento de Marbella, así como en contra del nombramiento de Andrés Fernández Díaz, el consejero encargado de dicha labor, al considerar que carece "de imparcialidad objetiva". Ambos fueron desestimados.

Tras la desestimación del primero, Del Nido presentó de nuevo un recurso ante este Tribunal y otro de amparo ante el Constitucional en el que solicitaba la suspensión cautelar de la fiscalización. Igualmente presentó un recurso contencioso-administrativo en el Supremo contra el consejero. También ha solicitado ante la comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que se abra un expediente a Fernández después de que éste manifestase a EL PAÍS, en referencia a Gil: "Resulta intolerable que podamos ceder a sus presiones".

El diputado de IU en el Congreso José Luis Centella manifestó ayer que los intentos de Gil "para anular" los acuerdos del Tribunal de Cuentas únicamente persiguen "ganar tiempo para evitar que la fiscalización ponga en evidencia el mal uso de los fondos públicos que se ha realizado en el Ayuntamiento". Además, solicitó la comparecencia del presidente de la institución para que explique "si se han producido presiones".

El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó fiscalizar las cuentas del Ayuntamiento a instancias de la Comisión mixta Congreso-Senado, que el 9 de febrero aprobó por unanimidad una propuesta en este sentido de PSOE e Izquierda Unida. La Cámara de Cuentas del Parlamento Andaluz auditó las cuentas entre 1990 y 1993 y envió sus conclusiones a la Fiscalía de Málaga, pero ésta archivó el expediente en verano al no apreciar indicios de delito.