La corrupción en la UNGRD, la COP de Cali, la reforma pensional y otras noticias que deja el 2024 en Colombia
El año que termina puso al país a hablar sobre problemas como la sequía y la guerra en el Cauca, pero también trajo la puesta en valor de ‘La Vorágine’ en su centenario
El 2024 fue el año en el que Colombia ya no pudo ignorar una lista de problemas que solían pasar desapercibidos. La explotación sexual de niños en Medellín, algo visible en las calles desde hace años, se hizo tan evidente que el país entero se conmocionó. El cambio climático afectó directamente la vida cotidiana de las personas, con racionamientos de agua en Bogotá y caudales del río Amazonas que descendieron a mínimos históricos. La crisis de la paz total derivó en una guerra abierta en el Cauca, con noticias constantes de muertos en el Ejército y en las disidencias de las FARC. No obstante, hubo aspectos positivos, como la aprobación de una reforma pensional que ambiciona sacar de la pobreza a millones de adultos mayores. Además, el mundo de la cultura puso el foco en el valor de La Vorágine para la literatura colombiana y muchos revisitaron Macondo con una adaptación televisiva de Cien Años de Soledad.
La corrupción en la UNGRD
El escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha sido un duro golpe para el Gobierno de Petro, que llegó al poder con la lucha contra la corrupción como una de sus banderas. Olmedo López renunció en febrero a dirigir la entidad que le había encomendado el presidente, tras unas denuncias por sobrecostos en la compra de carrotanques para distribuir agua en La Guajira. Semanas después, él y su antiguo subalterno Sneyder Pinilla aseguraron que la corrupción era generalizada y llegaba hasta los más altos cargos de la política colombiana. Pinilla confesó —sin que lo haya probado hasta ahora— haber pagado coimas billonarias a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, para acelerar el trámite de las reformas sociales del Ejecutivo en el Congreso.
Además de Olmedo y Pinilla, está presa Sandra Ortiz, exconsejera de Petro para las Regiones. Ricardo Bonilla, en tanto, renunció a principios de diciembre como ministro de Hacienda tras unas denuncias que lo señalaban de direccionar contratos de la UNGRD a personas designadas por seis congresistas. Las acusaciones no llegan hasta el presidente, pero este ha reconocido sus responsabilidades. “Tengo que pedir perdón porque yo fui el que puse ahí a Olmedo López”, dijo en julio al inaugurar el año legislativo.
La COP16 en Cali
La COP16 de Cali, celebrada a finales de octubre, puso a los colombianos a hablar sobre medio ambiente y visibilizó el trabajo de cientos de activistas locales. Aunque la enorme cumbre de Naciones Unidas finalizó sin acuerdos cruciales sobre financiamiento para frenar la pérdida de biodiversidad, esto no aguó los logros que se anotó capital del Pacífico colombiano al visibilizarse en el escaparate internacional. Más de 20.000 personas de todo el mundo visitaron la ciudad, la ocupación hotelera superó el 90% y los comercios rompieron récords de ventas. El alcalde, Alejandro Eder, concluyó en una entrevista que la cita había representado “un renacer” para Cali. “Tuvimos unos años muy difíciles, pero pudimos de nuevo convocar al planeta”, celebró.
La explotación sexual en Medellín
La explotación sexual en Medellín, una problemática que la capital de Antioquia arrastra desde hace años, quedó expuesta como nunca antes. La embajada de Estados Unidos advirtió en enero que varios ciudadanos norteamericanos habían muerto tras concretar citas por aplicaciones. El alcalde, Federico Gutiérrez, respondió que algunos de los asesinados se habían involucrado en actividades delictivas y puso sobre la mesa los casos de explotación a menores de edad. “No queremos esos turistas, nacionales o extranjeros, que vienen a explotar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes”, enfatizó. En abril, el hallazgo de un estadounidense con dos niñas en un hotel terminó de visibilizar la problemática.
Medellín tomó medidas. Estableció un toque de queda localizado para menores de edad y suspendió la oferta de prostitución en algunas zonas. No es claro si han sido eficientes: en octubre, varios expertos señalaron que los explotadores encuentran formas para evadir las restricciones y que estas no abordan la complejidad del problema, arraigado en condiciones de pobreza y exclusión. Lo que sí es evidente es que el tema ya no deja indiferente a la opinión pública. En noviembre, la canción +57 causó un rechazo generalizado al mencionar a “una mamacita de fourteen [catorce años]” en las discotecas de Medellín. Voces de todos los sectores condenaron la frase por romantizar la sexualización de las niñas.
El año de los clásicos literarios
La Vorágine, la novela de José Eustasio Rivera sobre la explotación cauchera a principios del siglo XX, cumplió 100 años. Las editoriales la reimprimieron con todo tipo de variaciones, los académicos debatieron su importancia en conversatorios y las compañías de teatro le dieron vida en todo el país. Una adaptación incluso la tradujo al nükak para recordar la violencia contra uno de los últimos pueblos nómadas indígenas. Después, en diciembre, llegó el turno de la otra gran novela colombiana. Netflix produjo la primera adaptación cinematográfica de Cien años de soledad, la icónica novela que Gabriel García Márquez nunca quiso que se llevara a la pantalla. El Macondo televisivo produjo todo tipo de reacciones: desde la admiración en Colombia hasta el rechazo absoluto del escritor español Sergio del Molino en las páginas de este periódico.
La crisis fiscal
El recaudo tributario ha sido menor al proyectado y, sumado a un presupuesto abultado, ha derivado en un déficit fiscal del 4,3% del PIB, el más alto de las últimas décadas (a excepción del año de la pandemia). Para seguir incrementando el gasto público y completar el déficit en el presupuesto de 2025, el Gobierno propuso en septiembre una nueva reforma tributaria. Aspiraba a recoger 12 billones de pesos a través de aumentos en impuestos como el de renta a los superricos y el de IVA a las apuestas en línea. Sin embargo, el Congreso ya había negado el proyecto de presupuesto que demandaba esos cobros adicionales y las concesiones durante el trámite legislativo no impidieron el hundimiento de la reforma en diciembre. Ahora, el Ejecutivo ultima los recortes o aplazamientos temporales de los presupuestos de varias carteras. Mientras, la izquierda y la derecha debaten las causas y consecuencias de la crisis.
La reforma pensional
El Gobierno se anotó en junio su mayor victoria legislativa con la aprobación de la reforma pensional. “Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo”, celebró Petro. La nueva ley, que empezará a regir en julio de 2025, establece que todos los trabajadores deberán aportar al sistema público por sus ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, y a partir de allí ahorrarán en los fondos privados. El objetivo es aumentar la cobertura y financiar una transferencia económica no condicionada de 223.000 pesos mensuales para los adultos mayores que no lograron cotizar y están en condiciones de pobreza.
La aprobación mostró que el Ejecutivo puede avanzar si logra consensos. Sin embargo, no llega a compensar un balance legislativo más amargo: el Congreso hundió las reformas a la salud, a la educación y tributaria, y hay dificultades para avanzar con la laboral. Además, la idea del presidente de impulsar un acuerdo nacional, que reiteró minutos después de la aprobación de la pensional, se ve opacada por su discurso incendiario en otros frentes. Petro no cesa en denunciar que la oposición orquesta “un golpe blando” en su contra, en especial desde octubre, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó investigar su campaña de 2022. Ya la Corte IDH desestimó la solicitud del mandatario que buscaba que el CNE frenara la investigación y señaló que sus derechos políticos no están en riesgo.
El colapso de las EPS
El presidente ha endurecido su embestida contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las entidades públicas o privadas que sirven como afiliadoras y aseguradoras de la salud de los ciudadanos. El hundimiento de la reforma a la salud en abril no detuvo al Gobierno en su intención de iniciar la transformación del sistema: intervino la privada Sanitas y la mixta Nueva EPS, las dos más grandes, y unos días después sumó al Servicio Occidental de Salud (SOS). Casi en simultáneo, la EPS Compensar solicitó liquidar su operación por quiebra. El Ejecutivo las señala de corruptas o despilfarradoras y de convertir la salud en un negocio. Las empresas, por su parte, insisten en que el Estado no les gira recursos suficientes.
No han ayudado los escándalos de corrupción, tanto en las EPS bajo control estatal como en las privadas. La Superintendencia denunció en octubre que tres aseguradoras intervenidas —Emssanar, SOS y Asmet Salud— eran parte de un entramado de desvío de fondos que lideraba un contratista de Coosalud, una EPS cooperativa. Unas semanas después, ordenó su intervención. Desde entonces, el presidente ha elevado el tono contra los directivos de la aseguradora, que lo acusan de calumnias e injurias.
La guerra en el Cauca
El Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, asesinó el 16 de marzo a la lideresa indígena Carmelina Yule. Lo hizo mientras ella intentaba evitar el reclutamiento forzado de un adolescente en Toribío (Cauca). Para el Gobierno, fue la gota que rebasó el vaso ante reiteradas violaciones del grupo armado a un cese al fuego bilateral. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó al día siguiente la suspensión de la tregua en Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Desde entonces, la guerra se ha recrudecido, sobre todo en el último departamento. Se han vuelto habituales las noticias de enfrentamientos, atentados, muertes en ambos bandos y ensañamiento de las disidencias con los indígenas.
El Cauca es el mayor exponente de una crisis generalizada de las políticas de paz y de seguridad, que también enfrentan crisis en zonas como Putumayo o el Catatumbo. Las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) están estancadas y solo ha habido avances con el frente Comuneros del Sur, que se escindió en mayo de la dirección nacional. Algo similar sucede con las disidencias: tanto la Segunda Marquetalia como el EMC se han fragmentado y solo algunos frentes mantienen los diálogos con el Ejecutivo.
La sequía
Colombia, como el resto de Sudamérica, sufrió un 2024 inusualmente seco. La falta de lluvias, sumada a los elevados índices de deforestación, produjo incendios en varios departamentos y llevó los caudales del río Amazonas a mínimos históricos. El suministro de energía, dependiente en gran parte de los embalses, se tensionó al máximo: hubo riesgos de apagones y las centrales térmicas debieron prenderse a toda máquina. Bogotá, además, estableció un racionamiento de agua para evitar que se secaran los embalses del sistema Chingaza, que llegaron a niveles inferiores al 17%. El impacto tangible de esta medida en la vida cotidiana produjo más conciencia sobre los desafíos que traerá el cambio climático a largo plazo.
La alarma demográfica
El número de nacimientos en 2023, revelado en marzo por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), encendió las alarmas. Fueron solo 510.357 alumbramientos, un descenso del 11% con respecto a los 573.625 registrados en 2022. Aunque ya son seis años consecutivos de reducciones, la caída nunca había sido tan acentuada. La tasa de fecundidad está en 1,2 hijos por mujer —era de 1,8 en 2014— y evidencia un fuerte cambio cultural frente a la maternidad como proyecto de vida. El número de migrantes no llega a compensar y los datos preliminares de los primeros 10 meses de este año son aún más preocupantes —371.777 frente a 434.253 en el mismo periodo de 2023—. Se abren, entonces, varios desafíos en los que el país debe empezar a pensar: desde cómo sostener el sistema pensional hasta cómo organizar el cierre de colegios.
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