El Gobierno propone una reforma tributaria para recoger 12 billones de pesos con aumentos al impuesto a la renta de los superricos y al IVA a las apuestas en línea

El compromiso del Gobierno de Gustavo Petro con sacar adelante su plan de presupuesto para 2025 lo ha impulsado a radicar en la mañana de este martes un proyecto de ley de financiamiento. Se trata de una figura que en la práctica supone una reforma tributaria para aumentar el recaudo por impuestos y cumplir con los 12 billones faltantes en sus cuentas de gasto público proyectado para el próximo año. El documento propone más de media docena de nuevos aranceles al esquema actual y elimina a partir del año entrante el Régimen Simple de Tributación, un sistema que unifica el pago de impuestos y busca la formalización de empresarios y emprendedores.

Uno de los elementos más sensibles es que el proyecto toca la regla fiscal, la principal herramienta del Gobierno para asegurar la estabilidad económica. La propuesta es excluir del gravamen el tope de déficit de las inversiones sostenibles, que ascienden hasta el 0,3% del PIB. Dado que la norma funciona como una suerte de seguro para el endeudamiento excesivo, esa propuesta toca un nervio sensible.

Un “desacierto gigantesco”, en palabras del académico de la Universidad del Rosario Brandon Espinel: “El Gobierno estaría echando a la basura los logros de este régimen que mejoró el recaudo y la formalización de pequeños y medianos empresarios en Colombia, porque considera que algunas personas estaban abusando de este instrumento”. Todas las personas y empresas se tendrían que trasladar al régimen tradicional: “Implicó un esfuerzo de actualización normativa de casi todos los municipios. Sería un retroceso en el proceso de facilitación y formalización de las obligaciones tributarias”.

El proyecto de ley, que ya ha recibido críticas de congresistas como la centrista Angélica Lozano, del Partido Verde, también busca incorporar fuentes de financiamiento para la transición energética y equilibrar los ingresos tributarios. Entre los caminos para ello se contemplan ajustes al alza al impuesto al carbono, al IVA a los vehículos híbridos o al tributo de ganancias ocasionales.

En este punto encaja el ajuste en la tarifa de renta a los superricos. La idea es incrementar la tasa de tributación del 39% al 41% para los declarantes con ingresos anuales superiores a los 1.500 millones de pesos (un poco menos de 4 millones de dólares). Una noticia que muy seguramente caerá mal en un grupo de unas mil personas que conforman el pequeño nicho. Citando al francés Thomas Piketty, el gran teórico contemporáneo de la desigualdad, el texto presentado indica que las modificaciones en este renglón de la pirámide representarían un aumento en el recaudo por 875,4 millones en 2025.

“Esta reforma es para los superricos, quienes ganan más de 120 millones mensuales”, precisó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Y el texto de la ley añade: “Este enfoque no solo busca reducir la desigualdad, sino también estimular un crecimiento económico inclusivo y sostenible”. La gran pregunta, agrega el experto tributarista Luis Orlando Sánchez, socio de la consultora multinacional Ernst & Young, es si el paquete de medidas sí lograría cubrir el hueco de 12 billones de pesos: “Se han incluido muchas cosas que ya se venían discutiendo. Direccionalmente es coherente con las posturas del Gobierno”.

De la misma manera, recuerda que buena parte del recaudo, en caso de que la propuesta sea aprobada, se recogerá en 2026. De acuerdo con el documento, el segmento de las apuestas en línea y los juegos de azar, uno de los polémicos motores de la economía colombiana en los últimos tiempos, comenzaría a tener IVA: “Hoy solo existe un IVA que se aplica por máquina tragamoneda. Los denominados juegos localizados. Esos valores también se incrementarían. En este caso, además, sí habría recaudo inmediato y según mi lectura ahí se concentra buena parte del cobro proyectado”.

El mundo de las apuestas en línea ha llegado a representar un 47% del total del recaudo nacional con ventas reportadas superiores a los 10 billones de pesos durante el segundo trimestre del año. Un rendimiento inquietante, en ocasiones nebuloso, que ha catapultado al sector como el mayor impulsor del PIB durante el mismo periodo. “Otros temas que llaman la atención es la mención que se hace a una recompensa para las personas que delaten infracciones de temas tributarios como evasión o contrabando”, incide Sánchez, “una propuesta que despierta muchas preguntas sobre su reglamentación y aplicación”.

Por su parte el académico Brandon Espinel se queja de que los cambios en el impuesto a la renta para las empresas son “bastante complejos”. Señala que se incorporan algunas “tarifas marginales y no todas aplican de la misma manera”. A saber, hay empresas que tendrían una reducción gradual en un lapso de cinco años hasta llegar a una tasa del 27%, otras del 30% y un grupo seguiría en la franja actual del 35%. Una “complejización” que el experto juzga innecesaria. El proyecto, según el ministro Bonilla, beneficiaría a las pequeñas y medianas empresas para incentivar la economía.

Por último, Espinel asegura que de la propuesta de reducción al umbral para grabar el patrimonio surgirá más de una discusión: “Esto significa que más de uno podrá sacar sus activos fuera de Colombia o incluso perder la residencia fiscal. Es un incremento relevante para el renglón de la población que tiene mayor capacidad adquisitiva. Y aunque no es un segmento significativo, el principio de no confiscatoriedad se aplica para todos los colombianos. Una tarifa del 41% muy seguramente generará suspicacias de inconstitucionalidad”.

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