Colombia esquiva la rebaja de nota de las tres grandes calificadoras de riesgo en su primer Gobierno de izquierdas

Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, las tres grandes agencias de calificación estadounidenses, han mantenido la categoría crediticia de Colombia a lo largo del mandato del presidente Gustavo Petro. Las notas dadas por cada casa de rating, en el mismo orden citado, son BB+, Baa2, BB+, de acuerdo con el escalafón que usa cada una para determinar la solvencia de los países. Su percepción económica, sin embargo, ha cambiado. Las dos últimas agencias han reemplazado la etiqueta de “estable” por la de “negativa”, debido a la incertidumbre por el elevado endeudamiento, el modestísimo crecimiento y los aprietos para cumplir con el marco fiscal.

El veredicto de las tres resulta clave en los flujos monetarios internacionales. Son las encargadas de valorar la calidad de los productos financieros y la garantía de pago de las empresas o los países, para que los inversores sepan de quién fiarse y dónde apostar sus fichas. De esta forma, una calificación triple A supone el mayor sello de tranquilidad y certifica una probabilidad de impago casi nula, y, por lo tanto, hace que los intereses que debe reconocer un deudor sean muy bajos. Las notas de Colombia se bandean en un escalafón intermedio adjetivado de “satisfactorio”. Con bonos de calidad media, riesgos moderados y algunos posibles escollos en el horizonte para el pago a largo plazo, según rezan los modelos estadísticos que utilizan estas firmas anglosajonas.

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo manifiesta: “A mí lo que me preocupa es que la perspectiva de recuperación del grado de inversión no se está materializando y que antes, más bien, Moody’s, la única de las tres principales agencias que le daba a Colombia el grado de inversión, acaba de poner al país en perspectiva negativa”. El famoso y ansiado grado de inversión es una suerte de piso intermedio dentro de la escala de valoraciones, el mínimo para que decenas de fondos puedan destinar recursos a un Estado o compañía. De ahí para abajo se trata de activos propios para la especulación, que rinden más intereses, pero tienen mayores probabilidades de fracaso. Acudir a ellos es una decisión más riesgosa para quienes manejan esos fondos, a los que muchos incluso tienen prohibido apelar.

Se trata de señales que no resultan nada fáciles para un país de renta media como Colombia. Tampoco sobra recordar que la prima de riesgo, que se mide en puntos básicos, es el diferencial entre los intereses que se paga por una inversión mejor calificada, como podría ser la estadounidense y la colombiana. A mayor riesgo, más rentabilidad. Por eso, quien decide invertir, por ejemplo, en deuda pública colombiana, compensa la apuesta con altas tasas de interés frente a las posibilidades que existen de no recuperar su dinero (más aún cuando hay menos prestamistas compitiendo por buscar esa deuda).

La confianza, ese estado de ánimo convertido por las ciencias económicas en baremo para los negocios, es el concepto clave. También las “percepciones”. Ya desde mayo 2021, siendo ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, en la Administración de Iván Duque, Standard & Poor’s rebajó la nota a Colombia al pasar de BBB- al actual BB+. Un mes más tarde, con el nuevo ministro José Manuel Restrepo al frente de la cartera de Economía, Fitch Ratings se descargó con una decisión idéntica de rebaja. Colombia se había endeudado para impulsar la economía tras la debacle pandémica, y los prestamistas tomaban nota.

Daniel Osorio, exviceministro de Hacienda del actual Gobierno, recuerda que esas calificaciones fueron un mazazo. Los ojos de los acreedores se posaron sobre la solvencia colombiana: “Lo sufrimos, primero, en términos de tasa de interés. Cualquier necesidad de financiamiento en el exterior nos la empezaron a cobrar a una tasa más alta. Y desde entonces estamos pagando un servicio de la deuda descomunal”.

Moody’s anunció el pasado 24 de junio que mantiene estable la calificación (Baa2), pero empeora la perspectiva. Un hecho que arrastró todo tipo de críticas por parte de sectores de la oposición, empleados a fondo en exhibir la falta de confianza de la industria financiera en la Administración de Petro. José Antonio Ocampo, sin embargo, detalla que el deterioro proviene de un proceso desde los días de la pandemia: “Durante los dos primeros meses de este Gobierno también aumentó. Eso fue una verdadera pesadilla mientras dejamos claro un mensaje de estabilidad macroeconómica y volvió a bajar”.

El problema radica en que los países y acreedores internacionales también monitorean la percepción de riesgo. Y la situación se complejiza a la hora de prestar dinero a un país cuya economía a duras penas crece, donde Hacienda cada vez recauda menos y la inversión carece de vitamina. Con ese cuadro, y el boletín de notas firmado por una calificadora en Nueva York, basta para ofrecer unas tasas de interés envenenadas. ¿Qué otros factores juegan en los informes de las agencias de rating? En primer lugar, la política fiscal: “Con la reforma tributaria, este Gobierno bajó el déficit del -5.3% en 2022 a -4.3% en 2023. Pero otra vez está en aumento y este año vamos para -5.6%”, detalla Andrés Langeabeck, director de estudios económicos en Davivienda.

Una coyuntura que bascula del optimismo al desaliento. Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas en el banco Itaú, añade que el reciente veredicto de Moody’s se ha apoyado en los problemas que ha tenido el Gobierno en sus cálculos de recaudo por impuestos, su presupuesto desfinanciado para 2025 y los posibles efectos fiscales de la aprobada reforma pensional. Pero Osorio y Ocampo recuerdan que el país está comprometido con respetar los linderos fijados en la regla fiscal. “El mensaje es que las decisiones han sido responsables fiscalmente y las calificadoras han resaltado una vez tras otra la fortaleza institucional del país”, remata Osorio.

Tanto Standard’s and Poor como Fitch, por su parte, han subrayado que Colombia viene cerrando de forma significativa su déficit en cuenta corriente, que mide la correlación entre los ingresos y los pagos al exterior por comercio o transferencias, entre otras. A lo anterior se suma la buena reputación de ser un país puntual a la hora de pagar su deuda, un activo histórico que viene por lo menos desde hace cuatro décadas. Argumentos suficientes para que las dos compañías mantengan un grado “especulativo y estable”, resume Monzón.

Pero hay más. La última dificultad se concentra en la baja inversión que sufre la economía colombiana. Langeabeck dice: ”Es un problema consistente a lo largo de estos dos años de Petro. El año pasado, la caída fue prácticamente del 10%. Es el talón de Aquiles en materia económica. No se ha podido generar un clima positivo”. También admite que en el segundo trimestre de este año creció, finalmente, un 4,1%, impulsada por las obras civiles y otros proyectos de largo plazo como la construcción de la primera línea del metro de Bogotá.

Un minúsculo brote verde que da pie para que José Antonio Ocampo manifieste su sorpresa por un conjunto de datos que juzga positivos en la lectura del PIB del segundo trimestre: “A mí me sorprendió por factores que no son responsabilidad del Gobierno, porque no hay ninguna política de reactivación como tal. Pero la construcción tuvo números positivos y ya vemos que la tasa de formación de capital fijo tiene una ligera recuperación”.

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