El Consejo Nacional Electoral aprueba la investigación formal a la campaña presidencial de Petro por violar topes electorales

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido este martes abrir una investigación y formular cargos a la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022 por presuntamente violar los topes de financiación permitidos por la ley. Los señalados en la ponencia son el propio presidente Petro, entonces candidato; el gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aydée Mogollón; los auditores, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP). Todos señalados “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”.

La ponencia fue impulsada por el magistrado Álvaro Hernán Prada, miembro del partido uribista Centro Democrático. El CNE no es un tribunal sino un organismo administrativo, compuesto por políticos que fungen como magistrados. Es decir que varios de sus nueve magistrados son, como Prada, antiguos parlamentarios. No todos están alineados con la oposición, algunos están alineados con el presidente, pero la mayoría, 7 magistrados, votaron a favor de la ponencia de Prada. Solo dos, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, salvaron su voto.

De acuerdo con el CNE, la campaña omitió, para la primera vuelta electoral en las presidenciales: aportes realizados por el sindicato de profesores, conocido como FECODE, por 500 millones de pesos; aportes realizados por el sindicato obrero, conocido como USO, por 379 millones de pesos; un préstamo realizado por el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, por 500 millones de pesos; reportar los pagos a testigos electorales, por la suma de 921 millones de pesos; los gastos por propaganda electoral, por la suma de 356 millones de pesos; los pagos al movimiento Colombia Humana, por 500 millones de pesos. La decisión del CNE también aclara que era prohibido que personas jurídicas, como Fecode y la USO, aportaran a las campañas.

Luego estarían las irregularidades para la segunda vuelta presidencial, de acuerdo al CNE. Entre estas: omitir el pago que hizo la campaña el 19 de junio para celebrar la victoria en el Movistar Arena de Bogotá (que costó 100 millones de pesos); no reportar pagos a testigos electorales (177 millones de pesos); no reportar gastos de transporte aéreo (926 millones de pesos); no reportar gastos a Colombia Humana (530 millones de pesos); no reportar aportes realizados por la USO (379 millones de pesos).

En total, las irregularidades de las dos vueltas presidenciales sumarían 5.355 millones de pesos, lo que representa algo más de un millón de dólares (alrededor de $1.269.000).

“Ha comenzado el golpe de Estado”, respondió el presidente en X tras conocer la noticia. Petro ha dicho, desde que se conoció la ponencia del magistrado Prada hace varios meses, que este es un intento para destituirlo. Prada, además, es un político investigado en un largo escándalo por manipulación de testigos en el que está acusado el expresidente Álvaro Uribe, enemigo clásico del petrismo. En un discurso en Antioquia, el presidente reiteró que esta decisión del CNE es un golpe a los 11 millones de colombianos que votaron por él. “Nos han puesto en un momento difícil, grave, porque a lo que van es al golpe de estado, no somos bobos para no saberlo”, dijo. “Va a haber movilización del pueblo, y grande, inmensa porque este pueblo se cansó de la injusticia”, añadió.

El CNE no tiene la facultad de destituirlo, como lo ha aclarado el Consejo de Estado, y la máxima sanción que podría imponer es una multa. Solo el Legislativo podría destituir al presidente, si es que hay una acusación formal ante la Comisión de Acusaciones, y una aprobación luego en la Cámara de Representantes para que el presidente sea juzgado en el Senado. Un camino largo, pero para el presidente Petro la decisión del CNE de este martes es el primer paso en esa dirección.

El presidente Petro ha asociado la decisión del CNE con una que, hace una década, tomó el entonces procurador Alejandro Ordoñez, para destituirlo alegando irregularidades en una política pública de recolección de basuras. La destitución en ese caso fue demanda por Petro, y años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón: una entidad administrativa, como la Procuraduría no puede destituir a un ciudadano elegido popularmente. El presidente considera que esa sentencia de la CIDH aún no es respetada, al permitirle al CNE investigarlo a pesar de su fuero presidencial.

“Le solicito a mis abogados frente a la sentencia de la CIDH a mi favor que ha sido violada por completo”, dijo en X después de su discurso en Antioquia. También hizo una petición a la Cancillería: “le pido al cuerpo diplomático una reunión en pleno para explicar al mundo el porque lo que ha hecho por mayoría el CNE, es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley”. Y, por último, volvió a convocar a los colombianos. “Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado”, escribió.