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El Consejo Nacional Electoral cambia de presidente en plena investigación a la campaña de Petro

César Lorduy, excongresista del opositor Cambio Radical y cercano al clan Char, reemplaza a Maritza Martínez, quien termina su periodo

Los magistrados César Lorduy (izquierda) y Cristian Quiroz, este jueves 26 de septiembre en la sede del Consejo Nacional Electoral de Colombia, en Bogotá.
Los magistrados César Lorduy (izquierda) y Cristian Quiroz, este jueves 26 de septiembre en la sede del Consejo Nacional Electoral de Colombia, en Bogotá.CNE Colombia
Ana Puentes

Hay cambio de mando en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo administrativo que está en el ojo del huracán por la investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro. La Sala Plena de la institución ha elegido este jueves a César Augusto Lorduy (Barranquilla, 68 años) como su nuevo presidente, en reemplazo de Maritza Martínez, quien termina su periodo de seis meses. El cambio, natural en el funcionamiento interno del CNE, tiene particular importancia por el perfil y trayectoria del nuevo presidente pero, sobre todo, por el momento. El Consejo está a días de definir si formula cargos al presidente Gustavo Petro y a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial, por la presunta violación de los topes electorales en 2022. Por cuenta de ese proceso, el presidente colombiano ha señalado al Consejo como la punta de lanza de un supuesto golpe de Estado blando en su contra. Además, Lorduy comenzará su periodo este sábado, menos de una semana después de que el Gobierno radicara en el Congreso un proyecto de reforma política que busca cambiar la forma de elegir a los miembros del CNE.

Lorduy es uno de los magistrados que eligió el Congreso para la vigencia 2022-2026, y que representan a las bancadas de los partidos políticos. Lorduy fue impulsado por el partido de centroderecha Cambio Radical, que se ha declarado en oposición al Gobierno progresista de Petro. Abogado especializado en derecho laboral y ambiental, fue representante a la Cámara de ese partido por el departamento de Atlántico entre 2018 y 2022, elegido como fórmula del senador Arturo Char. Justamente, es cercano al clan Char, la gran familia de empresarios y políticos que ha dominado la política del departamento y la ciudad de Barranquilla en los últimos 15 años. El exsenador Arturo enfrenta un proceso penal por corrupción al sufragante y concierto para delinquir por el que estuvo detenido entre septiembre de 2023 y enero de 2024, en el marco del escándalo protagonizado por la exsenadora atlanticense Aída Merlano. Su hermano Alejandro es hoy alcalde de Barranquilla, en un tercer período no consecutivo. Petro ha sido fuerte crítico de los Char y su grupo político.

El electo presidente del CNE trató de saltar de la Cámara al Senado en marzo de 2022, pero se quemó. Antes de ser político, hizo una carrera de cuatro décadas en altos cargos de la empresa petroquímica Monómeros Colombo Venezolanos, con sede en Barranquilla, y fue líder de una firma de abogados que prestaba servicios a empresas privadas.

Anteriormente, la presidencia del Consejo se rotaba cada año. Sin embargo, los magistrados acordaron reducir el período a seis meses para que más de ellos pudieran pasar por ese cargo, que implica funciones tanto la organización interna y administrativa de la entidad, como la vocería externa, especialmente delicada en pleno choque con el Ejecutivo. Por eso, Martínez, del partido de la U, deja la presidencia esta semana. La elección de Lorduy fue casi unánime, con siete de los ocho votos de los magistrados presentes en la sesión de este jueves. El otro voto fue para Alba Lucía Velásquez, del oficialista Pacto Histórico.

Una elección de alta tensión

Lorduy asume las riendas del CNE en un momento especialmente álgido. Hace apenas 10 días se esperaba que los magistrados formularan cargos contra el exgerente de la campaña presidencial y contra el propio mandatario, pero el trámite se aplazó porque la petrista Velásquez, que había estado de baja por incapacidad, pidió estudiar el expediente en su despacho. Ese procedimiento, conocido como rotación, implica darle unos días al magistrado para revisar todos los documentos. Aunque se esperaba que el lunes que viene, 30 de septiembre, se retomara la sesión para decidir sobre la investigación, probablemente llegue una nueva tardanza. Altus Baquero, elegido por el Partido Liberal, ganó en la Corte Constitucional una tutela que le permitiría recuperar su cargo, que había perdido por una decisión del Consejo de Estado. Ya intentó posesionarse de nuevo, hasta ahora no lo ha podido hacer porque la Corte no había notificado al CNE su decisión. Si lo hace, lo previsible es que también pida el expediente para estudiarlo, por lo que el Gobierno ganaría más tiempo.

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El expediente contra Roa y Petro ha tenido como ponentes al excongresista uribista Álvaro Hernán Prada y a Benjamín Ortiz, elegido por el Partido Liberal. En mayo presentaron su propuesta de formular cargos, pero el proceso ha atravesado todo tipo de dilaciones. El plazo máximo que tiene el CNE para tomar una decisión final, que saldría tras formular cargos, debatir pruebas y conocer los argumentos de las partes, es el 25 de junio de 2025, cuando se cumplen tres años después de las votaciones. En el peor caso para Petro y Roa podría imponerles sanciones administrativas y multas, que pueden ser luego demandadas, pero no decisiones judiciales ni una destitución del mandatario. Si no alcanza a decidir, el proceso se archivaría.

A la expectativa por la decisión, la presidencia de Lorduy enfrenta la novedad del proyecto de reforma política que ha presentado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Entre otras cosas, el proyecto plantea que los magistrados del CNE dejen de responder a las lógicas políticas. Para ello, ya no serían postulados por los congresistas sino por las tres Altas Cortes, dejarían de tener periodos de cuatro años sincronizados con el Legislativo y el Ejecutivo para pasar a uno de seis años, y aumentaría los requisitos para ser elegido, incluyendo la prohibición de haber aspirado a cargos de elección popular en los siete años previos a la elección.

Por si fuera poco, la llegada del nuevo presidente del CNE ha hecho un atípico ruido por el pasado de Lorduy, pues los críticos y los medios han recordado que en 1979 disparó ―de manera involuntaria dice él― a Alicia Mercedes Ribaldo, quien falleció. Lorduy fue acusado por homicidio en aquel entonces, pero el proceso terminó cuando vencieron los términos. La representante Jennifer Pedraza (del independiente Dignidad y Compromiso) ha recordado este episodio, así como que “fue denunciado [en 2023] por exigir dinero y favores sexuales a una congresista para fallar a favor de su partido”. En las horas posteriores a la elección se ha sumado fuego amigo, pues el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical pero distante del clan Char, manifestó en entrevista con la W Radio, su “inconformidad” con la decisión. “César Lorduy representa la politización y el escampadero de los candidatos que al no lograr un escaño se refugian en el CNE”, ha señalado.

El tribunal electoral, por lo pronto, ha difundido un comunicado que celebra la elección y anuncia sus líneas de trabajo relacionadas con “el aumento de la confianza de la ciudadanía en el sistema político”, una mayo presencia del CNE en las regiones y el impulso a la paridad de género en la institución. “El magistrado Lorduy llega a la presidencia de la corporación con el firme propósito de mantener la defensa de los principios democráticos y garantizar el derecho a la participación política de los ciudadanos sin importar el color político”, afirma el comunicado.

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