El CNE insiste en que puede investigar la campaña presidencial de Petro

La campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República continuará bajo el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE). Durante la mañana de este miércoles, la totalidad del tribunal se reunió para estudiar las recusaciones presentadas en contra de tres de sus jueces, señalados de tener amistad o animadversión contra el presidente. También evaluaron si pueden avanzar en el proceso o si deben enviarlo a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de iniciar los juicios políticos contra los mandatarios. Decidieron dejar las cosas tal como estaban. Eso significa que ese tribunal, que no pertenece a la Rama Judicial y tiene magistrados elegidos en representación de las bancadas del Congreso, no apartará del caso a ninguno de sus miembros y lo mantendrá en sus manos.

A inicios de mayo se conoció una ponencia de dos magistrados del CNE que deja mal parados al presidente Petro y a Ricardo Roa, gerente de su campaña y actual presidente de la petrolera estatal Ecopetrol. El documento, pese a ser un borrador, revela una serie de indicios que demostrarían cómo se ocultaron gastos y alteraron facturas para que la campaña no superara los topes permitidos por ley. En aquellos comicios, el máximo dinero que cada candidatura podía desembolsar en la primera vuelta eran 28.536 millones de pesos (7,1 millones de dólares), y de otros 13.375 millones (3,5 millones de dólares) en la segunda. Los números oficiales reportados por la campaña de Petro indican que estuvo a menos del 0,01% de superar estos límites, lo que despertó sospechas.

La ponencia presenta varios hallazgos que afectan a los encargados de la campaña. Entre otros, unas donaciones hechas a la campaña, que se habrían triangulado a través de partidos políticos para ocultar su destinación; los pagos a testigos electorales que no figuran en los registros contables; la falta de soportes del dinero que se pagó por el alquiler del Movistar Arena, un coliseo multiusos de Bogotá, para celebrar la victoria de la segunda vuelta; y el uso de aportes en especie realizados por compañías de aviación para transportar a Petro y su equipo.

Una vez se volvieron públicas las posibles irregularidades, ninguna orilla fue indiferente. En medio de señalamientos, incluyendo una declaración del presidente que calificó la actuación del CNE como “una abierta ruptura constitucional”, las fuerzas políticas intentaron incidir en cuáles miembros del tribunal podrían interferir en la decisión. El congresista Hernán Cadavid, del opositor y uribista Centro Democrático, recusó a las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, la coalición de izquierda por la que fue elegido Petro. El legislador sostenía que ambas jueces, al pertenecer al movimiento del primer mandatario, no podían ser objetivas.

Un camino idéntico tomó la bancada de congresistas del Pacto Histórico respecto al magistrado Álvaro Hernán Prada, antiguo representante a la Cámara del Centro Democrático y quien enfrenta un juicio penal por sobornar testigos en beneficio del expresidente Álvaro Uribe. Prada, junto con el magistrado liberal Benjamín Ortiz, fue el autor de la ponencia en cuestión. En un escrito que radicaron ante el CNE, los legisladores del Pacto argumentaron que sobre el magistrado existen “claras evidencias que dan cuenta de los impedimentos de interés indebido y animadversión” que tiene en contra de Petro y, en consecuencia, debía ser obligado a dar un paso al costado.

Ninguna de las dos peticiones tuvo éxito. Márquez, Velásquez y Prada seguirán conociendo del caso. Una suerte similar corrió una solicitud hecha por la Comisión de Acusaciones para que el CNE le trasladara la investigación a la campaña, aduciendo que entre los involucrados estaba el presidente Petro. La determinación del tribunal electoral fue de un rotundo rechazo. Frente a ese conflicto de competencia, le corresponderá al Consejo de Estado dirimirlo con la última palabra. Mientras tanto, el CNE sigue a cargo.

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