Colombia, como el resto de Sudamérica, ha sufrido un 2024 inusualmente seco. Aunque las lluvias escasas y demoradas que han caído las últimas semanas han apagado los incendios, no han ahuyentado dos fantasmas gemelos: los racionamientos de agua en ciudades como Bogotá y los de energía en todo el país. Se trata de una palabra de ingrata recordación desde el famoso apagón al que estuvo sometido en los noventa un país que produce la mayor parte de su energía de centrales hidroeléctricas. En los dos casos la oferta, de agua o de energía, depende en el 70% de que haya lluvias suficientes para que se llenen diversos embalses.

Los expertos señalan que los riesgos de que los racionamientos se hagan realidad se incrementarán a inicios de 2025, cuando se inicie una nueva temporada seca, y crecerán en el tiempo. Además, es probable que surjan con fuerza otros problemas, desde las dificultades para los agricultores hasta las interrupciones en el transporte fluvial, fundamental en zonas como la Amazonía o la Costa Pacífica.

EL PAÍS reconstruye la difícil situación del sistema eléctrico y del agua de la capital.

El suministro eléctrico de Colombia se torna oscuro

El fantasma del apagón se asoma en Colombia, cada vez con más puntualidad, en temporada de sequía, con veranos más intensos y de extensión impredecible. A su vez, las tuercas de la red hidroeléctrica, fuente del 68,32% de la generación eléctrica, chirrían. Los medios siguen en tiempo real el aminorado nivel de los embalses. Y a la espera de las lluvias, los recuerdos de los cortes de luz de principios de los 90 regresan a la cabeza de muchos. Septiembre, no sobra recordar, registró el nivel más bajo de almacenamiento en las represas, con un 49,75%.

En caso de continuar así, sin un plan de ahorro de energía, y si el verano rutinario de enero embiste con fuerza, se prevé un difícil primer trimestre de 2025. El pronóstico es reservado y el tiempo apremia. Es la opinión del exministro de Minas y Energía Germán Arce: “Tenemos que quitar la presión de consumo. Ni la oferta ni la demanda son estáticas. Igual que en la crisis actual en los embalses en Bogotá. Si el agua no llega, nosotros podemos compensar con una campaña de ahorro”. Por lo pronto, agrega, el Gobierno ha tardado en reaccionar ante la presencia de un problema notable que deja al país en una situación frágil.

Más aún cuando el sector, aseguran varios analistas, atraviesa una coyuntura comercial aletargada y con serios atrasos en infraestructura. Hoy parece que el sistema puede dar poco más de sí, y se multiplican las voces que claman por potenciar cuanto antes la oferta. No cabe duda de que el 2024 es un año de ruptura. ¿Cómo será el próximo fenómeno de El Niño? El gran temor a corto plazo, según los expertos, se centra en la capacidad para atender los picos de la demanda que llega cada día hacia las 7 de la noche. El momento en que las familias colombianas se reúnen para ver los noticieros, cocinar, o terminar las tareas frente al computador.

La demanda de potencia eléctrica entre 2024 y 2038 repuntará un promedio anual de 2,83%, según las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética. Los expertos advierten de que la oferta no dará abasto para cubrir un crecimiento a esa velocidad.

Mientras tanto, la factura de la luz en ciudades caribeñas como Cartagena ha tenido incrementos de hasta el 400% en julio. Una realidad precedida por las deudas de los consumidores, que contaron con una suerte de prórroga temporal en el pago de los recibos como alivio estatal durante la crisis sanitaria. La situación hizo crujir los pilares financieros del sistema y la sombra de la banca rota acecha a más de una distribuidora.

Los déficits financieros aún se apilan en los despachos contables de compañías públicas y privadas. El negocio, después de la pandemia, no resulta sostenible para la mayoría. Y las estrecheces y disfunciones han desembocado en acusaciones cruzadas y algo de desconfianza entre los actores de la cadena. A saber, empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras agobiadas por los señalamientos de inoperancia y constantes espasmos en los costos del recibo de luz.

Los gremios le han formulado algunas soluciones al Gobierno. La primera de ellas: acelerar de una vez por todas el nombramiento de los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que durante dos años ha navegado con un cuórum incompleto o representantes interinos. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) ha sido reiterativa en que el Ministerio de Minas y Energía debe celebrar cuanto antes una subasta, un mecanismo al que el Ejecutivo puede recurrir para atraer inversión.

Pero el presidente, Gustavo Petro, ha respondido a menudo con ataques contra la gestión del mercado. Durante el congreso anual de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), hace dos semanas, repasó sus tesis sobre la transición energética. El modelo neoliberal está ligado, reiteró, a la crisis climática y con ello a la extinción de la humanidad. Por eso descree de la capacidad de las empresas a la hora de solucionar un lío mayúsculo que se refleja en la deficiente prestación de un servicio público fundamental. “El mercado privado está en crisis y eso es lo que tenemos que reconocer”, sentenció el mandatario de izquierdas.

Son palabras que ya no retumban igual que hace dos años, cuando inició su mandato. De cualquier forma, el problema lo abruma. Natalia Gutiérrez, presidenta de ACOLGEN, precisa que el desbalance energético no es una disyuntiva reciente. Señala que muchos factores han empeorado en los últimos Gobiernos: “Hace más de tres años estamos levantando la alarma de que el espacio entre oferta y demanda se está achicando. Cuando llegó la ministra Irene Vélez [la primera encargada de la cartera con Petro] lo primero que hicimos fue decirle que estábamos atrasados en energía que no ha entrado y que nos pone frente a un gran reto para enfrentar todos los veranos eléctricos de aquí en adelante”.

El Ministerio de Minas y Energías recalcó el pasado 13 de septiembre que la suficiencia energética no está amenazada y ha enfatizado que el país tiene con qué cubrir la demanda “incluso en los escenarios de hidrología más críticos”. La demanda, como ha quedado demostrado por las proyecciones, aún tiene mucho margen para crecer.

Colombia tenía en 2023 un consumo de energía de 12 gigavatios por hora per cápita, menos de la mitad del promedio de 30 gigavatios de los países desarrollados. Y, aunque el servicio cubre casi al 97% de los habitantes (una de las tasas más altas de la OCDE) y muestra un avance importante desde el 67% de los años 90, los residentes de amplias zonas de departamentos como Chocó, La Guajira, Vichada o Vaupés, aún se hallan desprovistos de cobertura, o están sujetos a un pésimo servicio con apagones recurrentes.

“Tenemos un problema estructural de oferta”, añade Germán Arce, “y no estamos tomando ninguna decisión para resolverla”. Natalia Gutiérrez agrega que a la falta de energía nueva se suma el hecho de que, en este momento, no se ha consolidado la anunciada llegada del fenómeno de La Niña con sus lluvias: “No se están llenando los embalses a la velocidad que estábamos esperando. El Gobierno tuvo que activar el estatuto de desabastecimiento e intervenir el mercado para que los precios suban y se puedan prender las centrales térmicas”.

Las centrales termoeléctricas, que participan con el 24,18% de la generación, han sido el respaldo fundamental de la red. Tienen el problema, sin embargo, de que son operadas con carbón y gas natural. Dos hidrocarburos polémicos para las miras ecológicas del Gobierno. Basta repasar los titubeos oficiales para determinar el futuro de los contratos para extracción y exploración. “Se nos está acabando el gas y necesitamos prender las plantas”, remata Arce, “tampoco ha llovido lo suficiente para acumular el agua necesaria de cara al siguiente verano, en enero. Y, si a eso le sumamos el hecho de que hemos sido incapaces, desde hace varios años, de poner suficiente energía para atender el crecimiento de la demanda, tenemos la reunión de todos los problemas al mismo tiempo”.

Bogotá se seca

El regreso del tradicional clima lluvioso de Bogotá con la llegada de octubre no debe llamar a engaños. El déficit hídrico de la capital de Colombia mantiene activadas todas las alarmas. Esa blanca estrella que alumbra en Los Andes, como reza su himno, bebe del agua de la distante Amazonía –que también sufre los estragos de la sequía–. Los llamados “ríos voladores” se alimentan del vapor de los árboles de la selva amazónica y viajan hasta la cordillera de Los Andes, empujados por los vientos alisios.

La oferta de agua en las ciudades andinas depende en gran medida del llamado pulmón del mundo. Bogotá se surte de los embalses que la rodean. Ante la disminución de las lluvias, se encuentran en niveles tan bajos que han hecho inevitable un racionamiento. En particular en el páramo de Chingaza, que es la mayor despensa de agua de capital.

El fenómeno El Niño, reforzado por el cambio climático, se dejó sentir en la primera mitad del año con días secos y altas temperaturas, por lo que los páramos no retuvieron tanta agua como de costumbre. Su contracara, La Niña, no se tradujo en los prometidos aguaceros. Las lluvias esperadas para julio, agosto y septiembre, no llegaron.

La indescifrable sequía que ha sacudido al sexto país más rico del mundo en agua dulce y el primero en precipitación anual ha recordado que Colombia es vulnerable a los eventos climáticos extremos, subraya el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, un reconocido experto que ha hecho parte de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. “El agua de Bogotá depende de los páramos, y los páramos están siendo crecientemente afectados por el calentamiento global”, apunta. “Ahora es menos predecible lo que va a suceder con el clima”, se lamenta el también profesor de la Universidad de Los Andes. Cuando se diseñó el sistema de embalses que surten a la capital, una urbe de ocho millones de habitantes a 2.600 metros sobre el nivel del mar, eran impensables tiempos de sequía tan drásticos.

“Nuestra infraestructura ha permitido proyectar que los embalses se llenen y se desocupen de manera sincrónica cada año. Pero si no llueve, como ocurrió en 1995 cuando se registró el histórico de máxima sequía en Chingaza, el agua no alcanzará para el año siguiente y entonces surgirán problemas de abastecimiento”, explicaba el mes pasado en una columna Natasha Avendaño, la gerente del Acueducto de Bogotá. “La mala noticia es que este 2024 va igual o peor que 1995, evidenciando en agosto el mes con menos lluvias de los últimos 55 años y de seguir con este régimen de mínima afluencia de lluvias, este año puede convertirse en el más seco históricamente registrado”, advertía entonces.

Desde el primer momento, los bajos niveles del Sistema Chingaza han sido la principal preocupación. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, puso en marcha un temido racionamiento de agua desde el 11 de abril, que se relajó fugazmente pero en septiembre volvió al esquema original de 24 horas sin servicio cada nueve días, según la zona de la ciudad –como funcionó entre abril y junio–. Es un esfuerzo de largo aliento. La Alcaldía ha ido moviendo sus metas, pero ha advertido desde el principio que se necesita que Chingaza este en niveles del 75% a finales de este año para poder resistir el 2025. La idea era que alcanzara al menos el 70% para octubre, pero ahora mismo ni siquiera llega a la mitad –comenzó este mes en el 43,97%–. “No hay capacidad para garantizar que las reservas sean suficientes para sobrepasar la temporada seca”, que suele presentarse de enero a abril, ha dicho la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Ante la crítica coyuntura, la Alcaldía estableció una nueva referencia. “El Día Cero se va a alcanzar cuando el nivel del Sistema Chingaza llegue al 36 % de llenado, si esto llega a ocurrir tendremos que tomar medidas más restrictivas”, ha advertido Galán en medio de sus constantes llamados a reducir la demanda –se aspiraba a bajar el consumo hasta 15 metros cúbicos por segundo, pero ese objetivo solo se ha alcanzado fugazmente en días de puente festivo–. El lema de no desperdiciar una sola gota de agua se ha convertido en un mantra.

La crisis ha servido para que los bogotanos se familiaricen con sus fuentes de agua, que ya no se antojan inagotables como en otros tiempos. En condiciones normales, cerca del 70% del líquido que consumen proviene del Parque Natural Nacional Chingaza, un delicado ecosistema de bosques y páramos. Allí se levantó a partir de 1969 –cuando Chingaza aún no era declarado un parque natural– un sistema artificial de recolección, el Sistema Chingaza, que tiene como grandes reservorios a los embalses de Chuza y San Rafael. Además de Chingaza, los embalses de Neusa, Sisga y Tominé –el Sistema Tibitoc, que potabiliza el agua del río Bogotá– suelen aportar en torno al 25% mientras que otro páramo cercano, el de Sumapaz, el más grande del mundo, participa con el 5% restante.

“Los racionamientos y restricciones que definimos este año, no son medidas que resuelvan el problema de fondo. Es una medida necesaria de corto plazo que hay que tomar para garantizar que tengamos agua de aquí a abril”, reiteró esta semana el alcalde Galán. “Las soluciones de fondo tenemos que buscarlas y lograrlas”.

Bogotá se ha visto empujada a un escenario en el que le urge encontrar alternativas. El agua de Chingaza corresponde originalmente a la cuenca de la Orinoquía. La posibilidad de construir Chingaza 2, un nuevo embalse, que se baraja desde hace años, se topa con la oposición de los pobladores de los llanos orientales, pues consideran que disminuiría los caudales de los ríos de los cuales depende esa región. La idea de hacer embalses en Sumapaz también enfrenta la resistencia de esas comunidades.

Otra posibilidad son los acuíferos de la Sabana de Bogotá y sus cerros circundantes, que pueden tener un alto potencial, a la espera de estudios detallados. Y la Alcaldía también se propone mejorar la infraestructura para incrementar la participación de Tibitoc –en otras palabras, del río Bogotá– y así aliviar la presión sobre Chingaza. “No podemos dejar ninguna alternativa por fuera”, valora el exministro de Ambiente Rodríguez Becerra.