Olmedo López renuncia a la dirección de la UNGRD tras las acusaciones de corrupción por los carrotanques para La Guajira

El reciente escándalo por los sobrecostos en la compra de los carrotanques que debían estar repartiendo agua en La Guajira es especialmente sensible para el Gobierno de Gustavo Petro. Siembra dudas, al mismo tiempo, sobre dos de sus proyectos medulares: la lucha contra la corrupción y los planes para paliar la sed del departamento más desértico de Colombia. Así lo reconoce el alto funcionario, quien renunció a su cargo por estas denuncias en la noche de este jueves: “He tomado la decisión de presentar renuncia irrevocable a mi cargo para que los cuestionamientos que hoy enfrento no enloden las banderas anticorrupción que este proyecto político empuña”, señala la misiva que López le envió al presidente, y con la que anunció su retiro de la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El destino de Olmedo López, un político antioqueño de izquierdas, era incierto desde que a mediados de febrero W Radio reveló que los 40 carrotanques que había comprado la UNGRD en enero para reforzar la capacidad de abastecimiento de agua en el departamento aún no habían salido del estacionamiento de la base militar de Uribia. En los días siguientes se fueron conociendo detalles, cada vez más alarmantes, sobre las posibles irregularidades en esa contratación.

No solo se señaló un sobrecosto por encima de los 20.000 millones de pesos (unos 5 millones de dólares), en una compra de más de 46.800 millones de pesos (unos 12 millones de dólares), sino que la empresa seleccionada no contaba con experiencia en el tema: registraba un capital de alrededor de 726 millones de pesos (unos 185.000 dólares), se dedicaba principalmente a la importación y exportación de abarrotes y productos enlatados, y su dueño, Roger Alexander Pastas Fuertes, era un estudiante de medicina veterinaria de 26 años que aseguraba haber obtenido el contrato con relativa facilidad, luego de recibir un mail en el que la UNGRD le pedía una cotización.

Olmedo asegura en su carta de renuncia que lo que le jugó en contra fue su “falta de experiencia” —no tenía una carrera como gerente público ni en la gestión de riesgos de desastres— pero asegura que no incurrió en ningún acto de corrupción. “Tengo la plena certeza y la convicción de que demostraré con creces mi actuar transparente, en cada una de las acciones, quizás mi falta de experiencia en lo público fue mi gran debilidad, pero no así la capacidad de restablecer derechos a los damnificados y llevar esperanza de vida a los niños Wayuu, con el agua en la Guajira”, dice.

La mayor experiencia de López ha sido en la política, como concejal de su natal Caramanta (Antioquia), candidato a la Gobernación de ese departamento en 2015 por el Polo Democrático y secretario de Medio Ambiente de Itagüí. Estudió economía, y su carrera despegó a raíz de su militancia en el partido de izquierda, del que llegó a ser presidente. Allí fue cercano a la senadora Clara López, quien ha negado que él sea su cuota en el Gobierno, y al hoy presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.

Las denuncias traspasaron el ámbito periodístico y el 20 de febrero la Fiscalía anunció que había abierto una investigación “para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos de delito alrededor de este tema”. Este jueves se sumó la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que señaló que lo demandaría penalmente, una decisión que se convirtió en la antesala de su renuncia. Aunque este miércoles la UNGRD había publicado un comunicado en el que aseguraba que López continuaría en el cargo, con la primera acusación de ese calibre del Ejecutivo de Petro a uno de los funcionarios designados libremente por él como presidente, el mandatario tomaba distancia de un hombre que hizo un extenso trabajo en sus campañas de 2018 y de 2022.

López no alcanzó a completar un año al frente de la entidad encargada de coordinar el manejo de los desastres asociados con fenómenos de origen natural, socionatural, tecnológico y humano no intencional. Había asumido la dirección de la UNGRD en abril de 2023, luego de la salida de Javier Pava. El ahora exdirector ya estaba en la mira de la Contraloría, que en diciembre de 2023 lo suspendió por un mes, pues encontró que no había atendido sus requerimientos de dar información respecto a los proyectos a su cargo en Mocoa (Putumayo) y Piojó (Atlántico), lugares donde se presentaron graves deslizamientos de tierra en los gobiernos anteriores y donde la comunidad aún espera una respuesta efectiva del Estado.

Ese mismo mes, dos columnas del periodista Juan Pablo Calvás publicadas en este medio llamaban la atención sobre otra situación. El editor general de W Radio recordaba que Olmedo figuraba simultáneamente como gerente interino del Fondo de Adaptación, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que se encarga de manejar multimillonarios recursos para sacar adelante proyectos que permitan al país prepararse y adaptarse a las condiciones que depara la emergencia climática.

En el texto, Calvás instaba a la Contraloría a que investigara: “Basta con que el contralor Zuluaga solicite un comparativo del número de contratistas y contratos que la entidad ha tenido en este 2023 y los compare con los últimos años. De un promedio de 150 contratos y contratistas que hubo entre 2020 y 2022, este año la cifra se duplicó y llegó a los 325 contratos. Esto tendría sentido si los proyectos del Fondo de Adaptación se hubiesen multiplicado a lo largo de este año; sin embargo, no hay nuevos proyectos”. Olmedo dejó el encargo cuando fue suspendido por la Contraloría, pero siguió dos meses más en la UNGRD. Ahora enfrentará las múltiples investigaciones por fuera del Gobierno.

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