La otra chequera de Olmedo

Esta semana, la Contraloría General ratificó su decisión de suspender por un mes al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, luego de que este no hubiese atendido los requerimientos de información respecto a los avances de proyectos a su cargo en Mocoa (Putumayo) y Piojó (Atlántico). La situación evidenciada por la Contraloría y que lleva a la suspensión sería la falta de transparencia por parte del funcionario a la hora de administrar e informar sobre las obras o promesas que se han convertido en pesadillas para los habitantes de sus regiones.

El caso de Mocoa es bien conocido: han pasado seis años —y, con este, tres gobiernos— desde que una avalancha arrasó con una parte de esa capital departamental, mas concluir con la reconstrucción ha sido imposible. Los retrasos no han hecho más que acumularse. Las denuncias de presiones a los contratistas el Gobierno pasado para que desviasen dineros nunca fueron resueltas. Y hoy muchos siguen esperando aquello que desde el Gobierno Santos se les prometió.

En cuanto a Piojó, los hechos son más recientes. Un deslizamiento de tierra que se registró en noviembre de 2022 dejó a casi 250 familias en la calle. Desde entonces vienen esperando la reubicación prometida por el Gobierno, pero esta nada que se concreta.

Esta buena gestión del contralor Carlos Mario Zuluaga podría ser una invitación para que también se pegue una pasadita por el Fondo Adaptación (entidad adscrita al Ministerio de Hacienda) que se encarga de manejar multimillonarios recursos para sacar adelante proyectos que permitan al país prepararse y adaptarse a las condiciones que nos depara la emergencia climática y que -¡oh, sorpresa!– también tiene como gerente a Olmedo López.

Basta con que el contralor Zuluaga solicite un comparativo del número de contratistas y contratos que la entidad ha tenido en este 2023 y los compare con los últimos años. De un promedio de 150 contratos y contratistas que hubo entre 2020 y 2022, este año la cifra se duplicó y llegó a los 325 contratos. Esto tendría sentido si los proyectos del Fondo de Adaptación se hubiesen multiplicado a lo largo de este año; sin embargo, no hay nuevos proyectos.

El contralor Zuluaga, por ejemplo, podría echarle una mirada al contrato por 230 millones de pesos que firmó la entidad con Provi Gestion A R Ltda. para realizar dos capacitaciones a los funcionarios del Fondo Adaptación sobre temas como el manejo del sistema de gestión documental, a revisión de la norma disciplinaria para funcionarios públicos o la prevención y el manejo del estrés laboral. Sobre los primeros temas Función Pública da charlas gratuitas. Sobre el último, la ARL lo hace. Lo interesante es que el contrato se lo gana una firma que tiene como representante legal a Juan Carlos Rubio Parra, primo de la secretaria general del Fondo, Yenniffer Parra. ¡Vaya coincidencia!

De igual forma, el contralor podría preguntar por un señor llamado Arturo Mercado Salcedo, gerente en la sombra del Fondo Adaptación. Un hombre que despacha en las oficinas del fondo, sin tener cargo o contrato alguno, pero que para todos es el representante de Olmedo. ¡Vaya gerente!

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