La crisis de los huevos revela fallos en el control de la UE

Si hay un elemento capaz de romper la armonía entre los socios europeos, ese es la comida. El alimento en mal estado vendido al vecino. Cuando ocurre, los países se revuelven como el cliente que regresa al restaurante donde ha sufrido una intoxicación. El tripadvisor de los políticos son, en estos asuntos, los medios de comunicación, y ahí los ministros europeos se despachan unos contra otros sin demasiados miramientos. Sucedió en 2011, cuando Alemania acusó a España de vender pepinos en mal estado para retractarse pocos días después. Y ha sucedido a cuenta de los retrasos en avisar sobre la presencia de huevos contaminados en granjas centroeuropeas. Alemania contra Bélgica. Bélgica contra Holanda. Francia contra el sistema.

Las líneas maestras de ese sistema que París ha pedido agilizar lo ha diseñado la Unión Europea. Bruselas es responsable de inspeccionar que los Veintiocho cumplen las leyes, labor que realiza la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés), pero sus inspectores no bajan al terreno asiduamente. Eso es competencia de los Estados miembros. Una vez los organismos nacionales dan el visto bueno a un producto y cruza la frontera, la alerta solo suele aparecer cuando el daño al consumidor ya está hecho. Así pasó en el citado caso de la bacteria E.Coli en Alemania, que causó medio centenar de muertes y un millar de afectados. En la crisis de los huevos el procedimiento ha sido menos usual. Una llamada anónima alertó en noviembre a Holanda de que se habían rociado granjas con fipronil, pero la voz de alarma se daría mucho después. Bélgica avisó al sistema de alerta rápida europeo el 20 de julio. Lo sabía un mes y medio antes pero guardó silencio "porque había una investigación judicial en marcha".

El argumento de las autoridades belgas ha causado malestar en el resto de la UE, dado que ha permitido que la exportación de huevos sospechosos de estar contaminados continúe en ese periodo. El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF, por sus siglas en inglés) se puso en marcha hace 38 años,  cuando los avisos se daban a través del fax, y sigue siendo la principal herramienta para frenar un brote en el menor tiempo posible. Cuando un país detecta un alimento en mal estado, lo comunica al sistema y este permite poner en guardia a las agencias de seguridad alimentaria de toda Europa y coordinarse para averiguar qué países han recibido el producto. La trazabilidad, es decir, la capacidad de saber dónde está la mercancía afectada, es uno de los mecanismos orgullo de Bruselas. Eso ha permitido detectar, gracias a los códigos de los huevos, que hasta ahora 15 países de la UE más Suiza y Hong Kong han importado partidas sospechosas.

En los últimos años las alertas han aumentado en los Veintiocho ininterrumpidamente. Los informes de la RASFF indican que se ha pasado de 523 en 2012 a 821 en 2016. Las notificaciones rozaron las 3.000, pero menos de un tercio de ellas llegó a convertirse en alerta. En muchas ocasiones advertían de la presencia de microorganismos patógenos, esto es, bacterias o virus en los alimentos. Italia fue el país que más notificaciones realizó, con España en sexto lugar, pero la mayoría de ellas no salen a la luz pública por el reducido número de personas al que afecta. Por ejemplo, entre los casos que recoge el informe anual del organismo aparece que en 2015 un niño irlandés enfermó tras comer salami y la empresa alemana que lo exportó retiró el producto tras reconocer que tenía trazas de huevo que no aparecían señalizadas entre los ingredientes. España lideró la clasificación en el número de alertas por la presencia de mercurio en el pescado.

¿Qué capacidad tiene Europa para impedir nuevas contaminaciones alimentarias? Fuentes comunitarias afirman que la mezcla del pesticida fipronil con productos para limpiar granjas es un acto criminal, y por tanto la prevención resulta prácticamente imposible. El asunto se convierte en competencia más de jueces y policía que de agencias alimentarias. La crisis ha provocado, y seguirá haciéndolo, cuantiosas pérdidas a los ganaderos, pero en el caso de los huevos contaminados, los efectos nocivos para la salud humana son remotos según los expertos. Fraude alimentario no siempre es sinónimo de problemas sanitarios. Así se vio en la ausencia de  consecuencias para la salud de los consumidores en el fraude de la carne de caballo vendida como ternera, un engaño detectado por Irlanda en 2013.

La sucesión de problemas de seguridad alimentaria como el envenenamiento con aceite de colza en España en 1981, la crisis de las vacas locas en Reino Unido en 1996, la gripe aviar en 2003 o los restos fecales encontrados en tartas de Ikea en 2013, entre otros muchos, indican que la pregunta no es si habrá otra crisis, sino cuándo ocurrirán. El sistema europeo vende la velocidad en la detección como su mejor arma contra su expansión, pero los fallos de coordinación en el caso de los huevos contaminados han dejado a la luz la existencia de grietas. En mes y medio los ministros comunitarios se verán las caras para extraer lecciones en la reunión extraordinaria convocada por Bruselas. Es posible que alguno lleve entre sus papeles el cemento para cubrir las rendijas del sistema.