La tasa catalana a las bebidas edulcoradas reduce un 2% el azúcar consumido
Un estudio de la Universidad Internacional de Cataluña reclama aumentar las tasas
Las medidas impositivas para combatir el consumo de productos calóricos surten efecto. Así lo constata un estudio de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) que ha analizado el consumo de bebidas azucaradas antes y después de que Cataluña desplegase en 2017 una tasa que gravaba las bebidas edulcoradas embotelladas. Según esta investigación, que analizó datos masivos de una gran cadena de supermercados, el impuesto ha provocado que las familias reduzcan un 2,2 la cantidad de azúcar consumido en bebidas.
Con unas tasas de obesidad y sobrepeso en alza —el 54% de los adultos y el 40% de la población infantil tiene sobrepeso y el 17% de los adultos y el 18% de los niños padecen obesidad—, Cataluña puso en marcha el 1 de mayo de 2017 un impuesto que gravaba todas las bebidas embotelladas con edulcorantes calóricos añadidos (refrescos, aguas de sabores, bebidas energéticas o néctares de fruta, aunque quedaban fuera del impuesto los zumos naturales, las bebidas alcohólicas o los refrescos sin azúcar, como la cocacola light o zero). La tasa implicaba un aumento del precio entre ocho y 12 céntimos de euros según la cantidad de gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Además, la Generalitat impuso la obligatoriedad de que el impuesto se trasladase al consumidor final. Es decir, que no fuesen los productores u otros intermediarios los que asumiesen ese coste añadido, sino el propio usuario.
Casi dos años después de su puesta en marcha, los investigadores de la UIC han desmenuzado los datos de ventas de bebidas con y sin azúcar y con y sin alcohol antes y después de la tasa en una cadena de supermercados que tiene el 10% del mercado en Cataluña. El análisis, que recogió los datos de un millón de hogares a través de las tarjetas de fidelidad, reveló que las familias redujeron de forma global un 2,2% el consumo de azúcar en bebidas desde la aplicación del impuesto. En concreto, se redujo un 13,6% el azúcar procedente de refrescos de contenido medio —entre cinco y ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros— y un 3,5% en los de contenido alto —más de 8 gramos por cada 100 mililitros—.
Por tipo de refresco, el azúcar de bebidas como el té o la horchata cayó un 7,7% y el de las colas, un 5,2%. El azúcar de zumos con contenido medio bajó un 7,3%.
Estas cifras contrastan ligeramente con las de otro estudio de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) publicado el año pasado. Los autores de ese estudio cifraban la caída del consumo a causa del impuesto en un 15%. “Vimos que cuando el precio aumenta sobre el consumidor, el consumo se reduce unas 24 kilocalorías por persona”, apuntaba hace unos días a EL PAÍS Judit Vall, autora de ese estudio y experta en economía de la salud.
Según Toni Mora, miembro del Instituto de Investigación en Evaluación y Políticas Públicas de la UIC y autor del estudio, la clave diferencial entre el 2% de su estudio y el 15% de la UPF está en la metodología del trabajo. "El de la UPF tenía datos agregados semanales solo de aguas y refrescos de cola. Nosotros revisamos la compra de cada familia, producto por producto, y lo teníamos relacionado con el perfil de la familia, número de miembros, hijos, etc", señala el investigador. En total, este estudio evaluó 125 millones de registros de un millón de familias, según Mora.
Con todo, el consumo de azúcar procedente de otras bebidas edulcoradas siguió aumentando pese a la tasa. Por ejemplo, un 33% el de las bebidas isotónicas y un 5,4% el de los batidos. "Si eres fiel a esos productos seguirás comprando", zanja.
Impacto desigual
Los investigadores del estudio señalan la necesidad de aumentar las tasas, reforzar el etiquetado frontal e impulsar las intervenciones educativas desde la escuela. "La tasa funciona pero no es suficiente por sí sola. Hay que subir los impuestos pero si no va acompañado de más medidas, como intervenciones en los colegios, no servirán", apunta Mora.
En esta línea, el Ministerio de Sanidad ha anunciado un etiquetado frontal de los productos —a modo de semáforo— según el valor nutricional de los alimentos. Además, ha apostado por desplegar medidas como la retirada de productos poco saludables de las máquinas de vending o cantinas escolares, una propuesta que ya contemplaba la ley de 2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición pero que, con la entrada del PP al Gobierno, quedó paralizada. La ministra del ramo, María Luisa Carcedo, también ha anunciado esta semana un acuerdo con 400 empresas del sector alimentario para que se comprometan a reducir el azúcar añadido, las grasas saturadas y la sal de sus productos.
Mora apuesta por que en los tiques de compra aparezca desglosado el impuesto que paga el consumidor por las bebidas azucaradas y recuerda que en Reino Unido, donde también se han gravado este tipo de bebidas, "las compañías han optado por bajar el nivel de azúcar". El experto reclama, además, que todas las medidas que se tomen "sean evaluadas" para ver si realmente están funcionando.
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