Díaz Ayuso, una gestión marcada por las dimisiones, la falta de rastreadores y la sanidad desbordada

El 7 de mayo, Yolanda Fuentes dimitió como directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en protesta por la gestión de una pandemia que hasta ahora se ha cobrado al menos 15.920 vidas en la región. Ese paso a un lado no tiene comparación en ninguna otra región de España, por la importancia del cargo y la incidencia de la enfermedad en el territorio, y resume cómo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha afrontado de polémica en polémica el reto de frenar la expansión de una enfermedad de la que ya se han contagiado más de 181.000 personas en Madrid. Como dijo la propia presidenta el miércoles, durante el debate del estado de la región: “No estoy orgullosa de nada”.

Madrid hizo público su primer contagio el 25 de febrero. Desde entonces, éxitos como el rápido cierre de los colegios en marzo, la construcción en tiempo récord del hospital de campaña de Ifema, la apertura de hoteles medicalizados, o la llegada de decenas de aviones con equipos de protección, han sido engullidos por miles de polémicas, además de por la estrategia de confrontar constantemente con el Gobierno central para responsabilizarle de los problemas de Madrid (“Lleva meses usando a Sánchez como excusa para no ejercer su responsabilidad”, llegó a espetarle Rocío Monasterio, de Vox, a Díaz Ayuso). Estos son los principales ejemplos.

El confinamiento de Madrid y el estado de alarma. "Madrid no se va a cerrar. Es un bulo que perjudica gravemente a la economía”, decía Díaz Ayuso el 11 de marzo. El 12, tras desvelar EL PAÍS que el Ejecutivo tenía un plan al respecto, la presidenta delegó toda la responsabilidad en Pedro Sánchez: “Debería ser el Gobierno de España, y no sé cómo se hace, no sé cómo se cierra Madrid, no sé cómo se cierra”. El presidente del Gobierno anunció la activación del estado de alarma el 14, y sacó adelante sucesivas prórrogas hasta el 21 de junio. Durante ese periodo, Díaz Ayuso se quejó de no poder gestionar con completa autonomía. Cuando decayó el estado de alarma, acusó al Ejecutivo central de desentenderse de la situación. “No se puede pasar del estado de alarma a la nada”.

Las 6.000 muertes en residencias. En los 710 centros sociosanitarios de la Comunidad han muerto 6.000 personas con coronavirus o sintomatología compatible durante la crisis. La falta de medidas llevó al consejero de Políticas Sociales a pedir ayuda al Ejecutivo central, y a enfrentarse con su compañero de Sanidad por no medicalizar los centros, como también le llegó a reclamar la justicia a la comunidad. El Gobierno de Díaz Ayuso intentó responsabilizar al vicepresidente nacional, Pablo Iglesias, de la situación, asegurando que las competencias eran suyas, pese a que la orden ministerial que regula esta materia mantuvo la responsabilidad en las comunidades.

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“Yo sigo pensando que la responsabilidad de las residencias está aquí, está en esta comunidad autónoma, y está en esta consejería”, tuvo que terciar Alberto Reyero, el consejero de Políticas Sociales de Díaz Ayuso, nombrado por Cs.

El Ejecutivo, además, puso en marcha la “operación bicho”, expresión usada por la persona sin experiencia a quien se encomendó la salud de casi 50.000 ancianos, Encarnación Burgueño, con la que la Administración no ha reconocido luego ningún vínculo formal. Su apellido no es un apellido cualquiera. Su padre, Antonio Burgueño, impulsor de la privatización de la sanidad madrileña en tiempos de Ignacio González, también fue convocado por Díaz Ayuso para asesorarla en la gestión de la pandemia.

Hasta el 6 de abril, reconoció Carlos Mur de Viú, el ya destituido director de coordinación sociosanitaria, no hubo suficiente personal para medicalizar las residencias.

Sin equipos de protección. El avance de la enfermedad descubrió a España sin las mascarillas, guantes y batas suficientes para proteger a los sanitarios. Madrid no fue una excepción. Sí hubo hechos diferenciales: el Gobierno regional acusó al central de retenerle material en las aduanas, y de no proporcionarle tanto como anunciaba; y prometió la llegada inminente de un avión cargado de equipos de protección desde China que luego tardó diez días en llegar. Desde entonces han aterrizado una veintena, con miles de tonelada de material.

Como en el resto de comunidades, a Madrid llegó material defectuoso o no avalado por la normativa europea del que el Gobierno regional era responsable, aunque se negó a reconocerlo mientras que sí culpó al Gobierno central cuando fue este el que lo proporcionó.

Sin rastreadores. Madrid arrancó la crisis con una cuarentena de especialistas en localizar a los contactos de los nuevos contagiados para evaluar su situación y cortar la cadena de infecciones. Desde entonces, su número siempre ha sido muy inferior al que recomiendan todos los expertos y especialistas y organismos internacionales (el Gobierno aduce que la ratio no debe establecerse con la población total, sino con los contagiados detectados). De hecho, Madrid dijo empezar agosto con alrededor de 400 rastreadores para una población de casi siete millones de habitantes. Ahora, con la pandemia disparada, y tras no aceptar el ofrecimiento de aportar miles de investigadores hecho por el colegio de médicos o los ayuntamientos de Madrid y Tres Cantos, la comunidad dice tener 850 y aspira a llegar a superar de 1.000 a mediados de otoño. En medio, ha tenido que pedirle 150 al Ejército, ha contratado a una veintena por 200.000 euros en el sector privado, y ha invitado a universitarios a que se unieran como voluntarios que no cobrarían ningún sueldo. Desde que comenzó esa búsqueda a la desesperada en julio, Madrid no ha vuelto a especificar cuánta gente se dedica al rastreo (una investigación epidemiológica en profundidad) y cuántos al seguimiento telefónico de los contactos (el CAP).

No obligar a usar mascarillas. Madrid, con Canarias, fue la última comunidad autónoma en obligar a usar mascarilla en todo momento, pese a que es uno de los medios más eficaces para detener la expansión del virus. ¿Cómo justificó hacerlo? La culpa, explicó el portavoz Ignacio Aguado, era del Gobierno central, que les llevaba a tomar la decisión por la supuesta falta de controles a los pasajeros de vuelos internacionales de Barajas (se registra su documentación, se les toma la temperatura y pasan un examen ocular). Además, Díaz Ayuso también ha propuesto una polémica cartilla covid que facilitaría lograr empleo al permitir conocer la inmunidad del aspirante al virus.

El aeropuerto de Barajas, en la diana. Una vez superada la primera oleada de la pandemia, Díaz Ayuso puso en su diana el aeropuerto de Barajas, y alertó al Gobierno de que por ahí podían llegar contagiados que originaran rebrotes en la región. Como las medidas arbitradas por La Moncloa no le han parecido suficientes, la presidenta de Madrid sigue reclamando PCR en origen a los viajeros, y un protocolo más estricto. “Barajas es un coladero”, ha sido el lema gubernamental. Entre el 11 de mayo y el 13 de septiembre, Sanidad ha localizado a un total de 154 pasajeros internaciones de Barajas infectados, a lo que se añade el cálculo de 300 asintomáticos aterrizados, hecho por el consejero Ruiz-Escudero a mediados de agosto. En medio, Madrid ha acumulado 50.000 casos solo en agosto, y más de 20.000 la semana pasada.

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Retrasos en los resultados de los test. Mientras los epidemiólogos criticaban que Madrid emprendiera un programa de miles de test de coronavirus en los distritos y municipios más afectados por el virus, algunos laboratorios, como los del hospital Clínico, tardaban decenas de días en dar el resultado de la prueba por falta de reactivos en el laboratorio. Aunque la región hace ahora unas 115.000 pruebas semanales, su capacidad de análisis se vio comprometida por el número de posibles casos durante meses. Además, sus dirigentes vienen dando el dato de 150.000 semanales realizados en sus comparecencias semanales, una cifra que jamás ha alcanzado la comunidad, según el balance del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Una atención primaria desbordada. Desde febrero hasta hoy, ningún sistema asistencial ha sufrido más que la atención primaria el tsunami de pacientes provocado por el coronavirus. Atienden a más de 80 pacientes por turno de media, según los sindicatos. Cubren con su esfuerzo un déficit de 600 médicos de familia y más de 150 pediatras, según sus representantes. Para paliar esos problemas, Díaz Ayuso acaba de prometer que invertirá 80 millones en los próximos tres años, a razón de 26,6 cada año. ¿El problema? Su propio pacto de gobierno con Cs recoge que deberían ser 30 anuales. La infradotación de los hospitales, unida a las bajas por contagio, sometió a una tensión terrible a médicos y enfermeras, obligando a contratar a 10.000.

Un nuevo hospital en lugar de mejorar los existentes. Díaz Ayuso ha decidido gastar 50 millones de euros en construir un hospital especializado en pandemias en lugar de emplear ese dinero en reformar los existentes y mejorar sus plantillas. La infraestructura, que debe estar lista a lo largo del otoño, contaría con una capacidad inferior al número de hospitalizados que hay ahora mismo por covid en Madrid (2.761), y ha provocado las protestas de los profesionales. De hecho, el Gobierno afronta ahora huelgas de médicos y profesores por su planificación. Los MIR ya tuvieron que movilizarse para mejorar sus condiciones de trabajo.

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