Bronca política a cuenta de la falta de mascarillas y material sanitario

La situación de grave desabastecimiento de mascarillas y otros elementos que forman los equipos de protección individual (EPI) con los que los sanitarios se protegen del contagio al atender a los pacientes ha derivado en bronca política entre algunos gobiernos regionales y el Ministerio de Sanidad, al que acusan de impedir que lleguen pedidos de material a los hospitales. El Gobierno inició una compra centralizada de suministros el día 12, pero las comunidades han seguido intentando proveerse por sus propios medios. Madrid y Cataluña han acusado hoy al Gobierno de paralizar en las aduanas envíos de material con destino a sus hospitales.

El decreto ley de declaración del estado de alarma ha provocado gran incertidumbre entre las empresas que se dedican a la distribución de este material, que suele ser importado. El Ministerio de Sanidad puede —y de hecho lo está haciendo— requisar todas las mascarillas, gafas, guantes y batas que encuentre en cualquier factoría o almacén. La posibilidad de que cualquier cargamento de equipos sanitarios acabe requisado en las fronteras ha puesto el freno a la actividad de importación. Lo cierto es que el material apenas llega, pese a que los fabricantes chinos, por ejemplo, lo ofrecen por decenas de miles a través de plataformas como Alibaba.

Profesionales del sector y expertos critican la forma en la que Sanidad ha organizado la recogida del material. Eduard Álvarez Palau, profesor de logística y transportes en la Universitat Oberta de Catalunya, asegura: “Creo que hubiese sido más sensato establecer otro tipo de mecanismo de intervención. Por ejemplo, pedir a los mayoristas de productos que enviasen todo el material a uno o varios almacenes intervenidos”. Desde allí, añade, se podrían coordinar las operaciones. “Pero claro, si actúas sobre el mercado generando incertidumbre y expropiando recursos empresariales, la respuesta es el desabastecimiento, especialmente en el muy corto plazo". Álvarez cree que en unos días “es probable que todo empiece a funcionar de nuevo, dentro del nuevo escenario”.

Los reproches políticos empezaron a llegar desde la Junta de Andalucía, que criticó al Gobierno por requisar 150.000 mascarillas en una empresa de Jaén, la única productora nacional de mascarillas quirúrgicas (las más sencillas). La mayor parte de esa producción la compraba la Junta para sus hospitales públicos. La Guardia Civil trasladó, por indicación de Sanidad, el cargamento a un hospital de Madrid. El ministerio respondió a Andalucía que otras comunidades tienen más casos y que tiene que repartir entre todas en función de las necesidades. También recordó que Andalucía también ha recibido material en función de ese reparto.

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Este jueves las críticas han llegado de Madrid y de Cataluña. Isabel Díaz Ayuso ha asegurado en una entrevista radiofónica que en las últimas 48 horas no han llegado mascarillas a su comunidad, y ha acusado al Gobierno de tener “retenido en las aduanas material de todo tipo”. Entre este material estaría también el “más preocupante”, ha asegurado, el que sirve para convertir las camas de hospitalización en camas de cuidados intensivos (UCI), supuestamente en referencia a los respiradores que necesitan los pacientes ingresados con neumonía en estado crítico.

Preguntado por esa cuestión en la rueda de prensa celebrada hoy, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha evitado la confrontación: “El virus lo vamos a vencer unidos. No voy a entrar en ningún tipo de discusión pública con ningún representante político. Estoy cien por cien enfocado en vencer al virus”. Ante las repreguntas ha asegurado que “hoy mismo” se han enviado 324.000 mascarillas a Madrid, así como otras 245.000 a Andalucía. Según ha explicado, los únicos casos de retención de material son cuando se produce “abuso de precio o tráfico ilícito”. “No hay requisación ni impedimento en aduanas. Simplemente las fuerzas de seguridad, cuando detectan casos por redes sociales de abuso de precio o tráfico ilícito de estos productos, actúan para ponerlo a disposición de quien lo necesita”, ha señalado Illa.

También la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha acusado al Gobierno de paralizar pedidos de mascarillas y otro material destinados a Cataluña. Ha añadido que las comunidades tienen que poder comprar por ellas mismas, algo que el Ministerio de Sanidad asegura que sí pueden hacer. “Nos están llegando muchas informaciones de empresas y de centros sanitarios, por esto, no entenderíamos, lo comenté ayer y lo mantengo, que se pudieran parar pedidos que se estaban pendientes de recibir en nuestros centros sanitarios”, ha añadido. El departamento de Salud no ha explicado, a petición de EL PAÍS, a qué casos se refiere Vergés. Podría tratarse del caso de Igualada, cuyo alcalde ha denunciado que material para el hospital comarcal ha estado retenido en la aduana del Aeropuerto de Barajas. El envío ya ha salido hacia su destino después de que los técnicos de Sanidad dieran el visto bueno al comprobar que cumplía las normas. Tampoco el Gobierno madrileño ha precisado qué pedidos han sido retenidos en las aduanas.

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