Iglesias y Ayuso elevan el tono en sus ataques por la gestión de las residencias

Las residencias de personas mayores, especialmente azotadas por la pandemia, se han convertido en un arma arrojadiza entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid. El vicepresidente Pablo Iglesias, al que desde el PP y Vox señalan como responsable de la gestión de estos centros durante el estado de alarma —aunque una orden ministerial mantuvo las competencias en las comunidades— advirtió este martes de posibles “consecuencias legales” por el protocolo de Madrid que limitó el traslado de ancianos a los hospitales durante la crisis sanitaria.

La amenaza de llevar ante la justicia la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia fue el estallido de una crisis que se venía gestando desde hace tiempo. El vicepresidente Pablo Iglesias, que apela a la orden ministerial que mantiene las competencias en las comunidades, fue el martes un paso más lejos al calificar la gestión de las residencias en Madrid de “un escándalo evidente que puede tener consecuencias legales”. Iglesias se hizo eco de las palabras del consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Ciudadanos), que en varios correos electrónicos internos revelados por EL PAÍS había alertado de que el protocolo sobre la derivación de los enfermos de estos centros a los hospitales era “inmoral” y “eventualmente ilegal”.

La respuesta, en un tono parecido, no tardó en llegar. El vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado (Ciudadanos), calificó de “inadmisible” que un vicepresidente del Gobierno “hable en esos términos”. Y anunció, como ya había hecho la presidenta regional, que están estudiando la opción de emprender acciones legales. “Son declaraciones inaceptables. Yo nunca le echaré la culpa a Pedro Sánchez de las muertes en el país, tampoco a Iglesias”, añadió.

Aún no hay cifras oficiales sobre el número de muertos en estos centros en toda España, pero una estimación de EL PAÍS calcula que más de 19.000 personas perdieron la vida en centros de asistencia social. En los 710 que acogen en la Comunidad de Madrid a personas mayores con discapacidad o con enfermedad mental han fallecido al menos 5.986 personas por causas vinculadas al coronavirus. La tragedia aún se conjuga en presente: 14 residencias siguen intervenidas por su alto número de muertos durante la crisis.

La caída en la velocidad de la expansión del virus, sin embargo, ha abierto el tiempo del reparto de las responsabilidades políticas entre el Gobierno central y el autonómico. Y el conflicto lo están protagonizando Iglesias y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. “La gente no va a perdonar lo que ha hecho la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y lo que se ha hecho en otras comunidades”, dijo Iglesias en TVE el lunes. “Es un auténtico escándalo, si no es un crimen”, añadió, en referencia a los protocolos que impidieron el traslado a hospitales de residentes en función de sus niveles de dependencia o discapacidad.

“Si hay algo que parece criminal son esas declaraciones”, replicó Díaz Ayuso a Iglesias. “Es absolutamente insensato e impresentable que el vicepresidente del Gobierno siempre esté echando gasolina y azuzando en todas las discusiones y que no le importe politizar el dolor hasta ese punto tan ofensivo y aberrante”, añadió la presidenta regional.

Con los partidos que forman el Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos) y el autonómico (PP y Cs) enfrentados desde hace semanas en un cruce de reproches públicos sobre quién tenía las competencias en la gestión de las residencias durante el pico de la pandemia, el enfrentamiento va a más cada día.

“La gestión de Iglesias al frente del mando único ha sido absolutamente negligente”, espetó el lunes Ana Camins, secretaria general del PP de Madrid, diputada regional, senadora, y persona de la máxima confianza de Pablo Casado, que calificó de “repulsivo” el comportamiento del vicepresidente. “¿Dónde están los 300 millones que prometió Iglesias para hacer frente al coronavirus en las residencias de mayores?”, se preguntó, empleando argumentos parecidos a los enunciados por miembros del PP nacional.

Iglesias, después de semanas de no elevar el tono al ser interpelado por el PP o Vox por la gestión de las residencias, dijo basta hace una semana en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso: “Lo que hizo este Gobierno fue aumentar las competencias de los Gobiernos autonómicos. Y lo que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pudiendo intervenir residencias privadas, fue prohibir el traslado de ancianos [a los hospitales]”.

El choque entre ambos Gobierno no es nuevo. No obstante, en público, solía ser unidireccional: de Díaz Ayuso al presidente Pedro Sánchez. Ahora la presidenta de Madrid ha encontrado en el vicepresidente quien le conteste desde el Ejecutivo. Mientras el Congreso trata de sacar adelante una comisión entre todos los grupos parlamentarios para la reconstrucción social y económica del país tras la crisis sanitaria, el rifirrafe Iglesias-Ayuso suma cada día frases más gruesas y acusaciones más directas a cuenta de los miles de ancianos muertos.

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