Las mascarillas que la Comunidad de Madrid repartió a la población incumplen la normativa europea

Hasta 19 requisitos de la Unión Europea incumplen las mascarillas que desde el lunes la Comunidad de Madrid puso a disposición de la población en las farmacias: 10 que exige la legislación europea de equipos de protección individual y nueve relativos a las normas técnicas que indican cumplir los tapabocas. Cuando la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, hizo el anuncio, aseguró que había comprado 14 millones de ffp2 por 32 millones de euros que “cumplen con la normativa de la Unión Europea”, que son “reutilizables” y que ese uso es de hasta “48 horas seguidas, por lo que se puede utilizar en distintas ocasiones a lo largo de varios días”. No hay nada que certifique que ninguna de esas informaciones sea cierta. Ni siquiera que son ffp2, para ello deberían haberse ensayado en un laboratorio notificado y esa prueba debería ir en el marcado. Hasta este martes, 1,58 millones de ciudadanos madrileños ya la habían retirado de su farmacia, según datos del Colegio Oficial de Farmaceúticos.

Las fallas en ese marcado y etiquetado las analizó Asepal, la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual, que envió el informe de esa revisión a la Consejería de Sanidad y del que aún no han tenido respuesta. En el embalaje, el fabricante —la empresa Wenzhou Haoshuo Home Textile— incluyó la marca CE, que indica que el producto cumple con la legislación de la Unión Europea que aplica a la mascarilla. Pero no es así. Además, como ha adelantado Maldita.es, el certificado que avalaba ese marcado era falso, como lo también lo era el que usaban de la FDA (la Agencia de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) y la compañía ha borrado su página oficial de Alibaba, la mayor plataforma de venta por Internet del mundo.

En estas mascarillas no se adjuntan las instrucciones de limpieza, desinfección y revisión; ni llevan información sobre las clases de protección apropiada para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso; ni se aclara el riesgo del que se supone que protegen ni se identifica el organismo que las ha evaluado. Tampoco incluyen qué empresa las ha fabricado ni qué tipo son (ffp1, ffp2 o ffp3) —a pesar de que el Gobierno madrileño ha insistido en varias ocasiones que son ffp2— ni hay impresa una “R”, que es la señal de que son reutilizables.

A preguntas de este diario, la Consejería de Sanidad responde que Asepal “obvia el contexto legal vigente: Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo. Esta resolución establece que la Norma GB 2626:2006 [la norma china] y la norma EN 149: 2001+A1:2009 [la que rige en España] son armonizadas, es decir son homónimas”.

Desde Asepal son tajantes: “No”. Apuntan que, en primer lugar, “la resolución a la que la Consejería hace referencia para argumentar quedó derogada por una posterior, del 23 de abril". Y añaden que "no hay que confundir lo que es una norma armonizada y una que puede ser equivalente”. La armonización, que la hace la Unión Europea, implica que los requisitos que cumplen dos normas son exactamente los mismos, “por lo que no hay que hacer ninguna verificación adicional para comprobar que el producto en cuestión cumple con esos requisitos”, explican. Por lo que las mascarillas deberían haber sido revisadas una vez llegaron a Madrid.

El objetivo de la distribución de estos tapabocas es, según afirmó la Comunidad, proteger la salud de los ciudadanos, es decir, actúan como un equipo de protección individual. “Los EPI deben cumplir con un reglamento, el 2016/425, en el que se especifica que los equipos deben dar respuesta a unos requisitos esenciales de salud y seguridad”, concluyen desde Asepal. La lista de defectos que han encontrado tanto en el marcado como en el etiquetado indica que no es así.

Facua también “reclama” explicaciones “urgentes” a la Comunidad de Madrid; este lunes, afirman, ya pidieron a la Consejería de Sanidad que “aclarase si se habían analizado en España antes de su distribución para confirmar que cumplen con la normativa y explicase por qué está recomendando su uso durante hasta 48 horas cuando organismos internacionales advierten de que no deben utilizarse más de 8″.

Expertos en Salud Pública, contrarios al reparto de estas mascarillas

Antes de la distribución de las mascarillas, hubo otros expertos que se posicionaron en contra. Las sociedades científicas que agrupan a los especialistas en Medicina del Trabajo españoles —los que trabajan en servicios de prevención de riesgos laborales, preventivistas y expertos en salud pública—, los jefes de servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública y los de Prevención de Riesgos Laborales de los hospitales madrileños ya advirtieron a la Comunidad de Madrid que estas mascarillas “no son adecuadas para la población general”.

Pidieron que se “reconsiderara” esta medida que "no se sustenta en la evidencia científica, que puede confundir a la población y no ayudar al control de la transmisión, y que podría volver a poner en riesgo la seguridad y la salud de los profesionales sanitarios”, que llevan desde el comienzo de la pandemia trabajando contra sin los equipos adecuados.

En ese sentido también se tomaron parte la Asociación Madrileña de Salud Pública, que publicó un documento titulado No derrochar en las mascarillas que la población de Madrid no necesita; y la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), que lanzó la campaña Ante la precariedad, apadrina un profesional de la sanidad: “Dona tu mascarilla FFP2 a un sanitario y evita que tenga que trabajar sin ellas cuando se les dota a usar la misma durante varios días seguidos”.

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