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Pedro Solbes con Jordi Sevilla y Miguel Ángel Fernández Ordóñez
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, organismo donde están representadas todas las comunidades y la Administración central para decidir la financiación autonómica, aprobó ayer el sistema que mejora la financiación de la sanidad en las comunidades con una aportación estatal de 1.677 millones de euros.
El Gobierno catalán recibió ayer con suma cautela la "última" propuesta de financiación de Convergència i Unió (CiU) al apreciar algunos elementos de "difícil encaje" constitucional.
La primera reacción de miembros del Gobierno central al conocer la propuesta de CiU para incorporar al Estatuto un modelo de financiación para Cataluña, por el que esta comunidad recaudaría todos los impuestos estatales y negociaría con la Administración central la cesión de una parte de los mismos, fue de un rechazo cargado de cautela.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reunió ayer a todos los diputados y senadores socialistas para inaugurar el curso parlamentario y hacer un avance del trabajo que les espera.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se mostró ayer "esperanzado" ante un próximo final de la banda terrorista ETA al haberse alcanzado 27 meses sin atentados mortales, según expuso ante el Rey en la solemne ceremonia de apertura del Año Judicial.
El juicio contra el ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, del PNV, y dos miembros de la Mesa de la Cámara que él encabezó -Gorka Knörr, de EA, y Kontxi Bilbao, de EB-, acusados de desobediencia por negarse a disolver Sozialista Abertzaleak (SA), el grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna, comenzará a las 10.30 del 26 de octubre.
En la primera sesión del debate sobre el estado de la comunidad, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, propuso ayer que en la reforma del Estatuto de Autonomía se incluya una fórmula jurídica para evitar nuevas "amenazas" como la "sufrida" con el proyecto del trasvase del Ebro.
La Audiencia Provincial de Málaga ha revocado la prisión incondicional del principal imputado en la presunta red de blanqueo de dinero desmantelada en la Operación Ballena Blanca, Fernando del Valle.
Los socios preferentes del Gobierno se impacientan ante el retraso de la ley de memoria histórica.
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