Aprobado el sistema que da más recursos para la sanidad con la abstención del PP

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, organismo donde están representadas todas las comunidades y la Administración central para decidir la financiación autonómica, aprobó ayer el sistema que mejora la financiación de la sanidad en las comunidades con una aportación estatal de 1.677 millones de euros. Se abstuvieron las seis autonomías gobernadas por el PP. Los consejeros populares reclamaron al Gobierno que aclare cómo se repartirán 1.177 de los 1.677 millones de euros de la oferta del Gobierno, el 70% de los fondos. No hubo pegas sobre el reparto de los 500 millones de euros de transferencia directa.

La propuesta del Gobierno, aprobada por la mayoría de las comunidades autónomas -11 de las 17-, contó con la abstención de las autonomías del PP: Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja y Castilla y León. Navarra, gobernada por UPN (partido hermano del PP), votó a favor. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla votaron en contra. Las comunidades que no votaron favorablemente la propuesta del Gobierno no sufrirán ninguna penalización. "No habrá ningún chantaje. El tratamiento será igual para todas. Todas las comunidades podrán acceder a estos recursos", aseguró el vicepresidente, Pedro Solbes.

Solbes interpretó la abstención de las comunidades del PP -que evitaron el voto negativo- como un "mensaje de que no renuncian al dinero". En las próximas semanas se materializará el reparto de ese dinero en las comisiones bilaterales del Gobierno con cada autonomía.

Tanto Solbes como el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, recordaron a los representantes de las comunidades autónomas que "la aportación del Gobierno es voluntaria porque la sanidad es competencia autonómica y porque el modelo de financiación vigente, aprobado por el Ejecutivo del PP en 2001 con acuerdo unánime, ha resultado insuficiente para resolver el problema de la financiación sanitaria". "Me tienta la duda de si no he ido demasiado lejos en una competencia que no es del Gobierno sino de las autonomías", aseguró Solbes.

El debate de la sesión, en el que las comunidades del PP argumentaron su abstención, se centró en el reparto de 1.177 millones de euros, el 70% de la cuantía total ofrecida por el Gobierno, que se desglosa en una serie de fondos (para desplazados, de insularidad...). Las autonomías del PP reclamaron conocer los criterios de reparto de éstos, así como la garantía de que no habría "discriminación" de unas autonomías sobre otras.

El Gobierno argumentó que aún no puede conocer cómo se repartirán entre las autonomías ni el fondo de cohesión sanitaria (45 millones), ni el fondo de garantía sanitaria (500 millones), ni los 200 millones previstos para atender a residentes extranjeros (pensionistas de otros países que viven en España), ni los 100 millones para los accidentes laborales no cubiertos por mutuas, ni la previsión de incremento de recaudación de 227 millones de euros por la subida de los impuestos del alcohol y del tabaco.

El consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, en representación de las autonomías del PP, argumentó en esa "indeterminación" la abstención popular. Afirmó incluso que hay varios fondos "hinchados" y que previsiblemente no puedan gastarse en su totalidad para "dar la impresión de que el Gobierno pone más dinero, cuando sólo están claros 550 millones de euros en total".

Solbes insistió en la voluntariedad de la aportación del Gobierno a un problema de las comunidades autónomas y avanzó que éstas tendrán que afrontar en el futuro su propia responsabilidad en las competencias que detenta, como la sanidad. En este sentido, renovó ante los consejeros autonómicos el compromiso de renovar el modelo de financiación en el plazo de dos años.