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El fiscal general aventura un próximo final de ETA en la apertura del Año Judicial

El presidente del Poder Judicial reivindica la autoridad del Tribunal Supremo en todo el Estado

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se mostró ayer "esperanzado" ante un próximo final de la banda terrorista ETA al haberse alcanzado 27 meses sin atentados mortales, según expuso ante el Rey en la solemne ceremonia de apertura del Año Judicial. Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, en un discurso desprovisto de aristas subrayó la importancia de la autoridad del Tribunal Supremo "en todo el territorio nacional", pero evitó cualquier atisbo de crítica a las reformas que prepara el Ministerio de Justicia.

Había ayer cierta expectación en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo ante la posibilidad de que el presidente del Consejo de Poder Judicial, Francisco Hernando, arremetiese en uno de sus polémicos discursos contra las reformas judiciales que prepara el Gobierno en materias tan sensibles como los consejos judiciales autonómicos, la justicia de proximidad o las competencias de los tribunales superiores de justicia.

Pero no. Hernando se ciñó a su papel institucional y se limitó a subrayar la necesidad de dotar a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de "fuerza vinculante" para jueces y tribunales frente a la constatable existencia de sentencias contradictorias emitidas por los distintos tribunales. Y no profundizó al poner de manifiesto la importancia del Supremo en la "unidad, coherencia y certeza" del derecho generado por el Estado, "con independencia de cuál sea el reparto de funciones que se establezca en los tribunales superiores de justicia".

Seguridad jurídica

Magistrados, fiscales y vocales de los dos sectores del Consejo del Poder Judicial coincidieron al término del acto en que Hernando pronunció un discurso técnico e institucional, que fue difuminando el gesto de preocupación del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, a medida que avanzaba el acto. El ministro fue recibido a su llegada al Supremo con pitos y abucheos de representantes de los sindicatos de la Administración de justicia que están negociando una subida salarial y que han anunciado movilizaciones hasta que se atiendan sus demandas.

Hernando defendió a ultranza el valor de la seguridad jurídica y la necesidad de incrementar la "certeza y la previsibilidad" de las resoluciones judiciales. Aseguró que el ordenamiento jurídico da a los jueces amplios márgenes de arbitrio para emitir sus resoluciones, pero no existe un contrapeso claro en el deber de acatamiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Un defecto del sistema que cree imprescindible subsanar, ya que "un estado de dispersión o imprevisibilidad de las sentencias resultaría difícilmente compatible con el principio de igualdad ante la ley".

El presidente del Supremo indicó que aunque el ciudadano e incluso el jurista puedan llegar a pensar que hay una cierta "rebelión" de los jueces frente a la jurisprudencia, pero lo que a su juicio existe es una "manifiesta indefinición del título de vinculación de los jueces con la jurisprudencia". Por eso reclamó que la jurisprudencia del Supremo tenga fuerza vinculante para jueces y magistrados, "lo que no supondría, en modo alguno, atribuirle el carácter de fuente del Derecho". Al término del acto, y en presencia de Hernando, el Rey aseguró que el discurso de este año le había gustado más que el del año pasado, según Efe.

En la misma línea que Hernando, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, señaló que la proyectada reforma de las leyes procesales responde a la "histórica reivindicación del Supremo como órgano de unificación doctrinal". Conde-Pumpido añadió que al acentuar la fuerza vinculante de esa jurisprudencia, cristaliza el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley "cualquiera que sea el lugar del Estado donde se encuentren".

Sin bajar la guardia

El fiscal general hizo la obligada referencia al terrorismo, señalando que 2004 quedará siempre marcado en la memoria colectiva por el brutal atentado del 11-M. Pero añadió que a pesar de la irrupción del terrorismo islamista, la acción legislativa, policial y judicial contra ETA "ha debilitado extraordinariamente a la banda", lo que permite contemplar esperanzados "un próximo final de esta modalidad terrorista". No obstante, recordó que el pasado año se registraron un total de 32 atentados menores que han causado 27 heridos leves y daños materiales, lo que "no permite bajar la guardia en absoluto".

El fiscal general del Estado hizo un somero repaso de las principales cuestiones en que ha centrado su primer año de mandato al frente del Ministerio Fiscal, singularmente la violencia doméstica y la seguridad en el trabajo. Conde-Pumpido anticipó que la protección penal del Medio Ambiente ha sido y será una de sus principales prioridades en el próximo ejercicio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de septiembre de 2005