ERC e ICV piden que la ley de memoria histórica acoja sólo a republicanos

Los socios preferentes del Gobierno se impacientan ante el retraso de la ley de memoria histórica. ERC e ICV pidieron ayer al Ejecutivo que acelere el proyecto, que está en manos de una comisión interministerial aprobada hace un año, y sobre todo que no incluya a todas las víctimas de la Guerra Civil, de ambos bandos, como pretende el Ejecutivo, sino sólo a los republicanos.

Joan Tardà, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, expresó ayer su "sorpresa" y "tristeza" ante la decisión del Ejecutivo de ralentizar el proyecto de recuperación de la memoria histórica. El retraso se debe al interés por realizar una norma "ambiciosa" que no "reabra heridas, sino que sirva para cicatrizarlas", en palabras de una portavoz de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, responsable de este asunto.

Lo cierto es que el Ejecutivo tiene intenciones de llevar adelante un proyecto para honrar la memoria de los republicanos que durante 40 años fueron represaliados y humillados por el franquismo, pero no quiere olvidarse de los nacionales que, durante la Guerra Civil y en la llamada zona roja, sufrieron también la represión.

Tardà aseguró que esto supondría "un cambio político de gran calado", y pidió al Gobierno que rectifique esa intención. Además, insistió en la necesidad de desarrollar esta normativa con celeridad.

Más explícito aún fue el portavoz de Izquierda Verde (IU-ICV), Joan Herrera. Este diputado se mostró muy preocupado por la posibilidad de que el Gobierno acepte las tesis de quienes desean modificar la ley de memoria histórica para "contentar a los dos bandos". Para Herrera, "éste es un enfoque profundamente desenfocado, porque la memoria de los fascistas hubo quien la recuperó durante 40 años, mientras la de los luchadores por la democracia lleva 70 años enterrada".

En tono muy serio, Herrera lanzó una advertencia como socio del Gobierno. Recordó al Ejecutivo que esta ley "tiene que salir tal y como el Gobierno se comprometió con IU-ICV, en tiempo y forma". Y por si quedaban dudas, le puso fecha a este "tiempo y forma": antes del 20 de noviembre, cuando se cumplen 30 años de la muerte del dictador Francisco Franco. En realidad, Izquierda Verde ya había ofrecido este verano esa fecha límite, aunque entonces sólo se refería a la necesidad de transformar el Valle de los Caídos, hoy tumba de Franco, visitado por 400.000 personas al año y centro de reunión de los nostálgicos del régimen.

Los socios del Gobierno y las asociaciones de familiares de represaliados exigen al Ejecutivo que coloque en la basílica del Valle de los Caídos una exposición permanente o un centro de interpretación para que los visitantes entiendan lo que significó la represión franquista, porque actualmente en ese lugar no hay nada que refleje de forma negativa al dictador.

Izquierda Verde espera una "pronta rectificación" del Ejecutivo, pero si la ley se retrasa demasiado o se plantea con el enfoque de los dos bandos, este grupo considerará que tiene "carta blanca" para presentar las iniciativas legislativas sobre este asunto que durante el último año han renunciado a registrar en el Congreso de los Diputados porque estaban a la espera de que la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, su nombre oficial, concluyera sus trabajos. Esta comisión ha escuchado ya a más de 40 asociaciones y ha recibido más de 700 documentos para su trabajo.