El sistema propuesto por CiU "no gusta" al Gobierno central

La primera reacción de miembros del Gobierno central al conocer la propuesta de CiU para incorporar al Estatuto un modelo de financiación para Cataluña, por el que esta comunidad recaudaría todos los impuestos estatales y negociaría con la Administración central la cesión de una parte de los mismos, fue de un rechazo cargado de cautela. "No nos gusta, tendremos que estudiarla con detalle", señalaron fuentes gubernamentales.

El Gobierno se ha pronunciado en los últimos meses en varias ocasiones en contra de que la reforma del Estatuto de Cataluña incluya un sistema de financiación propio. Aunque el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido reiteradamente a los dirigentes socialistas que se abstengan de hacer valoraciones sobre el Estatuto catalán hasta que se conozca su redacción final, distintos miembros del Gobierno han manifestado su oposición a que Cataluña establezca dentro de su Estatuto un sistema propio de financiación.

La primera vez que el tripartito de la Generalitat hizo pública su propuesta de financiación especial para Cataluña, el Ejecutivo de Zapatero rechazó la iniciativa y opinó que ese modelo suponía, de hecho, la "autodeterminación fiscal", y que no era asumible en la tramitación que el texto iba a tener en el Congreso de los Diputados, caso de que se aprobará en el Parlamento autónomo.

La última vez que se pronunció el Gobierno socialista fue tras la reunión del último Consejo de Ministros. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, avisó: "Los Estatutos sólo podrán recoger principios generales sobre financiación, pues el sistema detallado sólo puede fijarse en la ley correspondiente, cuya modificación requiere que se haga por todos y para todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", con la posterior ratificación de las Cortes.

El modelo que propone CiU supondría, de hecho, que Cataluña tenga un sistema de financiación propio, distinto del que ahora disfruta dentro del régimen común, en el que están 15 de las 17 comunidades -todas menos Navarra y el País Vasco-.

Organismo competente

De la Vega advirtió el pasado viernes de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es "el único organismo competente para fijar modificaciones de la Ley de Financiación de las Comunidades". "Ésa ha sido y seguirá siendo la política del Gobierno en esta materia", añadió

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, se pronunció hace unos meses en contra de un sistema de financiación similar al vasco para Cataluña. Ahora, la propuesta de CiU, que ha condicionado su apoyo al texto del nuevo Estatuto a que se admita, consiste en un sistema por el que Cataluña recauda todos los impuestos y devuelve al Estado una cuota de retorno compuesta por el precio de los servicios que el Estado presta en esa comunidad -similar al Cupo vasco- más una cuota de solidaridad, que debería fijarse mediante una reunión bilateral con la Administración central.

CiU tiene los votos necesarios para que el texto de reforma del Estatuto pueda ser aprobado en el Parlamento catalán y remitido al Congreso de los Diputados. El tripartito catalán negociará en los próximos días la propuesta de financiación elaborada por CiU, que se ha convertido en la condición indispensable para que el conjunto del futuro Estatuto pueda llegar al Congreso.