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Los proyectos del Gobierno que se quedan en el aire con el fin de la legislatura

La inminencia de las elecciones dejan en el tintero una decena de normas que se encuentran en tramitación o que el Ejecutivo se comprometió a impulsar

Pedro Sánchez y Carmen Calvo, este miércoles en el Congreso.

El no a los Presupuestos ha abocado al Gobierno a tomar la decisión de convocar elecciones generales el próximo 28 de abril. Ocho meses y medio después de haber llegado a La Moncloa, Pedro Sánchez pone fin al mandato más corto de la historia democrática española. Lo que arrancó en julio pasado como un proyecto ambicioso, con un Consejo de Ministros con mayoría femenina e importante peso de la sociedad civil, no ha podido hacer frente al reto de gobernar en minoría ante las condiciones que han impuesto los independentistas para mantener a Sánchez en el poder.

Por el camino queda un gran número de proyectos. La intención del Gobierno fue, casi desde el principio, la de acabar la legislatura en 2020 y su trabajo se dirigió fundamentalmente a anunciar toda clase de políticas y medidas que se pretendían aprobar en los siguientes meses. Ahora se quedarán en un cajón a la espera de lo que digan las urnas. Estas son las más importantes:

Los Presupuestos. Gran parte de las ambiciones y proyectos del Gobierno se concretaban en los Presupuestos para el año 2019, que fueron tumbados en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles. Pedro Sánchez cerró con Unidos Podemos un acuerdo de las cuentas del Estado el pasado octubre, y los ha defendido en repetidas ocasiones como unos Presupuestos “cargados de valores sociales y de enorme sentido común”, que no solo ayudarían al crecimiento económico y a la creación de empleo, sino que además permitirían que España cumpliera con los objetivos de déficit y deuda pública comprometidos con Bruselas, aunque sobre este punto ha habido dudas en Europa.

Exhumación de Franco. No se sabe aún si el Gobierno tendrá tiempo de exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, una de las medidas estrella, por su fuerte carga simbólica, que se anunció durante el verano. El Ejecutivo tiene previsto ordenar este viernes la exhumación de Franco y dar 15 días más a la familia para que elija un lugar distinto a la catedral de La Almudena para su inhumación, pero los recursos judiciales de los familiares y la negativa de la Iglesia pueden complicar el traslado de los restos.

Límites al aforamiento. El Gobierno anunció en noviembre que limitaría con una reforma de la Constitución el número y tipo de aforamientos en España, pero no obtuvo el apoyo de ningún aliado político en el Congreso de los Diputados. Sánchez ya rebajó las expectativas al pasar de una reforma exprés, con el objetivo de ejecutarse en 60 días, a darse un año de margen para realizar todos los cambios legales necesarios para acotar esta figura. Pero ahora no hay ningún tipo de margen de tiempo y el consenso para realizar el cambio constitucional parece imposible.

Economía. La ley hipotecaria podría ser la última ley que se aprueba en esta legislatura: la votación en el Congreso está prevista para el próximo jueves, fecha en la que se aprobarán o rechazarán las enmiendas introducidas en el Senado. Además de la norma hipotecaria, en estos momentos el Ministerio de Economía también tiene sobre su mesa la aprobación del banco de pruebas regulatorio para las fintech (los servicios financieros que ofrecen firmas nativas de Internet), la creación de la autoridad de protección del cliente financiero y el libro blanco de los reguladores. Y el de Industria estaba inmerso en la redacción de una ley de la industria. Para todo esto, no habrá tiempo.

Fomento. El real decreto ley de las licencias VTC ya fue convalidado en el Congreso y, por lo tanto, ha entrado en vigor. Eso sí: queda sin tramitar la legislación. Lo mismo ocurre con el paquete de impulso a la industria, que incluía la jubilación parcial en ese sector (una figura muy demandada por la industria, en especial, la del automóvil, con el fin de rejuvenecer sus plantillas) y ayudas a las plantas intensivas en electricidad, para evitar que se vayan industrias por el alto coste de la energía, a cambio de incentivos. Por el contrario, la convalidación del real decreto ley de vivienda que contemplaba una nueva regulación del alquiler fue tumbada en el Parlamento por Podemos. Y, en consecuencia, no entrará en vigor.

El diésel, la tasa Tobin y la tasa Google. En el ámbito de Hacienda, quedarán sin aprobarse los dos nuevos impuestos planeados: la tasa Google y la tasa a las transacciones financieras. Estaba previsto que ambas figuras tributarias tuviesen un proceso de tramitación parlamentaria de unos tres meses y pudiesen aprobarse en las Cámaras en junio, para que entrasen en vigor en octubre. También, y con mucho más impacto en los bolsillos de los ciudadanos, queda sin aprobar al no haber presupuestos la subida del diésel para equipar parcialmente el gravamen al de la gasolina, dejando fuera a los transportistas. Esta consiste en un incremento de 3,8 céntimos de euro por litro. 

La ley de seguridad ciudadana o ley mordaza.  Los grupos parlamentarios alcanzaron hace una semana un acuerdo para que deje de ser infracción la grabación o difusión de imágenes de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado durante sus actuaciones o la convocatoria exprés de manifestaciones. Estas y otras modificaciones de la conocida como ley mordaza no podrán tramitarse en el Congreso en esta legislatura.

Cambio climático y transición energética. El 22 de febrero está previsto que el Consejo de Gobierno apruebe el gran paquete de lucha contra el cambio climático. Debido a varios retrasos, muchas de esas medidas no podrán entrar en vigor. Por un lado, se aprobará el plan nacional de energía y clima. Este plan es una hoja de ruta orientativa que el Gobierno debía haber enviado a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre. Ahí se fija el futuro del cierre del carbón y la nuclear y el ritmo de implantación de renovables hasta 2030. No necesita tramitación parlamentaria en principio. Por otro lado, se aprobaría también el anteproyecto de ley de cambio climático ese mismo 22 de febrero. Sin embargo, aunque la norma fuera por trámite de urgencia, se necesitarían unos cinco meses para su aprobación. Por lo tanto, España consumirá otra legislatura sin tener una ley de cambio climático.

Reforma laboral. Los sindicatos llevan tiempo presionando al Gobierno para que haya cambios en la negociación colectiva para revertir parte de la reforma laboral de Mariano Rajoy o introducir vías de control de la jornada laboral.  En diciembre, el pacto —sin CEOE— estaba casi hecho, pero el Gobierno no ha cerrado nada definitivo.

Igualdad. En materia de igualdad, solo aquellos reales decretos convalidados estarían consolidados. El resto, lo que todavía está en tramitación parlamentaria, quedaría anulado y tendría que volver a comenzar el proceso en las nuevas Cortes Generales que se conformen tras las nuevas elecciones. Entre esa batería de iniciativas, la más urgente y a la que solo falta un último paso en el Congreso que, en principio, es inminente, es la pensión de orfandad por violencia machista (que pasa de 140 a más de 600 euros).

Otras serían el proyecto de ley de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género, la ley de brecha salarial y la ley LGTBIQ.

Sanidad. El proyecto del PSOE para crear una ley de eutanasia está retenido en la Mesa del Congreso por el PP y Ciudadanos, que prorrogaron, el pasado 12 de febrero, otra semana el plazo de enmiendas (llevan 23 prórrogas). La ley de paliativos está pendiente del trámite en el Senado, por lo que se retrasará y puede cambiar si varían las mayorías de las Cortes. Además, el real decreto ley para la universalización de la atención sanitaria, aunque fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de julio del año pasado, no se ha desarrollado porque el Gobierno decidió transformarlo en proyecto de ley, cuyo trámite no ha comenzado en el Congreso.

En el tintero se quedan también otros proyectos formulados por el Gobierno que ni siquiera habían empezado su trámite parlamentario. Es el caso de la ley de prevención del suicidio, de la ley contra las pseudociencias y la nueva reglamentación para definir las especialidades médicas.

Educación. El Gobierno ha aprobado este mismo viernes en Consejo de Ministros el proyecto de ley de la nueva ley orgánica de Educación, cuya tramitación no se llegará a completar. El proyecto educativo tenía como principal objetivo tumbar la actual ley educativa (Lomce), conocida como ley Wert, aprobada por el PP en 2013. Los principales ejes de la nueva normativa del Gobierno socialista eran suprimir los llamados itinerarios en tercero y cuatro de la ESO (que conducían a los estudiantes a títulos de diferentes categorías), eliminar la asignatura de Religión como materia obligatoria en Bachillerato e incluir Ética como asignatura obligatoria en primaria y en secundaria. También quería poner coto al crecimiento de la enseñanza concertada en detrimento de la pública.

Protección de la infancia. La Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, uno de los compromisos de Pedro Sánchez al llegar al poder, no tendrá tiempo de ser tramitada. Entre otros muchos aspectos, la normativa contempla que el plazo para juzgar los abusos sexuales a menores comience a correr cuando la víctima cumpla 30 años, y no 18, como sucede ahora mismo. El pasado diciembre, el Consejo de Ministros aprobó en primera lectura el anteproyecto, que aún tiene que volver a pasar por segunda lectura en Consejo de Ministros y, después, remitirse al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Cultura. El ministro de Cultura, José Guirao, apuntó hace apenas una semana que esperaba "sacar adelante" en esta legislatura, o "al menos dejarla presentada", la nueva ley de mecenazgo, algo que ahora se antoja imposible.

Ciencia. El paquete de medidas urgentes para la ciencia destinado a eliminar trabas burocráticas en investigación que el Gobierno aprobó la semana pasada, tendría el tiempo justo de ser aprobado por el Congreso, ya que la votación está prevista para finales de mes, antes de que se disuelvan las Cortes el 5 de marzo.

Con información de María Sosa, Isabel Valdés, Ana Torres, Nuño Domínguez, Manuel Planelles, Emilio de Benito, Antonio Maqueda y Ana Roca.

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