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La ley de protección de la infancia instaurará en los colegios protocolos frente a la violencia

La normativa dará carácter de autoridad pública a los trabajadores sociales y establece la obligatoriedad de denunciar ante indicios de delitos contra los menores

Alumnos de primaria en un aula de un colegio de Sevilla.
Alumnos de primaria en un aula de un colegio de Sevilla.

El anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia establece el deber de comunicar cualquier indicio de delito contra los menores, según ha anunciado este martes la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.
Se garantizará también la confidencialidad y el anonimato de quien denuncie. Está previsto que el anteproyecto sea aprobado el próximo 28 de diciembre en Consejo de Ministros. La norma implicará el diseño de protocolos frente a la violencia que serán de obligado cumplimiento en los centros educativos, así como el nombramiento de un responsable de bienestar y protección, cuya actividad será supervisada por las comunidades.

Este coordinador será el responsable de velar por el cumplimiento de los protocolos, que servirán tanto para prevenir estas situaciones como la forma de reaccionar ante estos casos, no solo limitados al acoso escolar, sino a todas las formas de violencia contra los niños. Fuentes conocedoras del anteproyecto explican esta persona será la responsable de escuchar a los niños, de impulsar la formación del profesorado en esta materia, etc. En definitiva, de hacer que se cumpla la ley. Actualmente los protocolos de actuación se centran básicamente en el bullying y no todas las comunidades obligan a los centros a aplicarlos, según estas fuentes. Serán las autonomías las responsables de elaborar estos protocolos, una vez aprobado el texto. La normativa también contempla el desarrollo de “protocolos y otras medidas en el ámbito de los servicios sociales o en el deportivo”, según la nota difundida por el ministerio. 

Carcedo, que ha realizado el anuncio en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, ha destacado además que la ley considerará a los funcionarios de los servicios sociales como autoridad pública en situaciones de emergencia. Es decir, que los trabajadores sociales que trabajan en los Ayuntamientos podrán tomar decisiones que hasta ahora no podían tomar, como por ejemplo, llevar al niño a la policía o al médico sin consentimiento de sus padres, en caso de que sospeche que ellos pueden ser los responsables de violencia ejercida contra el menor. Además, el carácter de autoridad pública hará que, en caso de agresión contra estos empleados, las penas a las que se enfrenten los responsables sean mayores. 

"[La violencia contra la infancia] es una cuestión que tenemos que aflorar de una vez" y esperamos poder aprobar [la normativa] con la máxima urgencia posible", ha señalado Carcedo. El anteproyecto se ha elaborado conjuntamente con el Ministerio de Justicia. La norma “establece medidas de sensibilización, pero también medidas preventivas, de detección y, por supuesto, de intervención”, según la nota difundida.

La aprobación de la ley ha sido uno de los grandes compromisos asumidos por Pedro Sánchez desde que llegó al poder. El pasado octubre, durante la visita de la vicepresidenta Carmen Calvo al Vaticano, y con el telón de fondo de los abusos a menores en la Iglesia, el Gobierno anunció que presentaría un cambio en el Código Penal para que los delitos estos sexuales sean imprescriptibles, una de las grandes reivindicaciones de las víctimas. De esta forma, se equipararía la pederastia a los asesinatos terroristas, el genocidio y delitos de lesa humanidad, los únicos que no prescriben.

Actualmente, el tiempo de prescripción de los delitos sexuales comienza a contar en el momento en que la víctima cumple 18 años. Según la gravedad del caso, la caducidad alcanza entre los cinco y los 15 años, es decir, que como máximo el delito queda cancelado cuando el abusado cumple los 33 años. Pero la mayoría de las víctimas tardan más en procesar las agresiones que han sufrido y en contarlas, de tal manera que en muchas ocasiones los culpables se libran de una condena.

Este verano, el pianista James Rhodes se convirtió en la cara visible de una campaña liderada por las organizaciones de infancia para reclamar al Gobierno avances en la aprobación de esta ley. Carmela del Moral, analista jurídica de derechos de infancia de Save the Children, valora el anuncio de este martes, aunque se muestra expectante respecto al contenido de la ley. "Va en la línea de lo que pedíamos desde la sociedad civil", afirma. Reclama al Ejecutivo que "el anteproyecto sea declarado de urgencia para que pueda llegar al Congreso en febrero" y "unanimidad" a los partidos políticos de la oposición, "para que se tramite" en las Cortes también de forma urgente. "Hay que hacer de la protección a la infancia algo estructural y global", apunta.  

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció a mediados de octubre que la normativa sería aprobada en Consejo de Ministros antes de que acabara el año. Si finalmente se cumplen los plazos previstos, el texto llegará al Congreso de los Diputados en los primeros meses de 2019 para comenzar su trámite parlamentario.

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