El Gobierno comunica al Vaticano cambios legales para que los abusos no prescriban

El Gobierno ha anunciado que presentará una reforma del Código Penal para que los delitos de abuso sexual a menores no prescriban y equiparará así la pederastia a los asesinatos terroristas y los delitos de genocidio y lesa humanidad, los únicos que no caducan. La vicepresidenta, Carmen Calvo, se lo comunicó ayer al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, durante el encuentro de dos horas que mantuvieron en Roma y en el que abordaron asuntos espinosos en la relación Iglesia-Estado —inmatriculaciones, beneficios fiscales a los obispos...— en un momento especialmente incómodo para la jerarquía eclesiástica por la difusión de noticias que prueban cómo esta institución silenció durante décadas las agresiones sexuales de sacerdotes que instruyó o conoció.

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“La Iglesia ha trasladado su preocupación, compartida por el Gobierno, por dar justicia a las víctimas de abusos y prevenir estos hechos en el futuro”, reza un comunicado enviado por el Ejecutivo poco después de la reunión. “En este sentido, el Gobierno ha informado al Vaticano de las modificaciones en el Código Penal para conseguir que estos delitos sean imprescriptibles”.

El Ejecutivo sorprende con una medida que va mucho más allá de lo que se había planteado hasta el momento en el Congreso y por parte del Ejecutivo —como mucho, ampliar los plazos—. Hoy, en España, el tiempo de prescripción de los delitos sexuales comienza a contar en el momento en el que la víctima cumple los 18 años. Según la gravedad del caso, la caducidad alcanza entre los cinco y los 15 años, es decir, que como máximo el delito queda cancelado cuando el abusado cumple los 33. Pero la mayoría de las víctimas tardan años en digerir las agresiones que han sufrido y en contarlas, de tal manera que en muchas ocasiones los culpables no son imputables. Estudios de Save the Children sitúan la edad media en la que los abusados se deciden a hablar en los 35 años.

El Gobierno apuesta por la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual, como confirmó anoche a EL PAÍS. Pero tampoco descarta un escenario más suave de ampliación del plazo de caducidad —que empiece a computar cuando la víctima cumple 30 o incluso 50 años—. Es lo que han demandado las asociaciones de víctimas, con el pianista James Rhodes a la cabeza, aprovechando que el Ejecutivo prepara la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia —que estará lista previsiblemente antes de final de año, según dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska—. Y es también lo que ha pedido el Congreso. A finales de septiembre, la Cámara aprobó por unanimidad una proposición no de ley de ERC —no es de obligado cumplimiento— para que la prescripción comience a contar cuando el abusado cumple los 30 años. Y a principios de octubre, Unidos Podemos presentó una proposición de Ley de las Violencias contra la Infancia y la Adolescencia que contempla ese mismo plazo de caducidad para los delitos de agresión sexual a menores, aunque la formación abre la puerta a apoyar que estos delitos no prescriban. La propuesta solo se ha registrado, aún no se ha tomado en consideración.

Entre los documentos que baraja el Gobierno para elaborar esa ley está uno redactado por Save The Children y la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, que contempla que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los menores se computen a partir de que esta alcance los 50 años.

El debate sobre la caducidad de los delitos de abusos no es exclusivo de España. En Francia acaba de aprobarse la ley que prolonga el plazo de prescripción de 20 a 30 años. En Estados Unidos, cada Estado lo regula de una manera. Pero, por ejemplo, en Pensilvania, uno de los epicentros de los abusos, el gran jurado que desveló el escándalo, recomendó reformar la ley para ampliar la caducidad. Y Chile se encamina a un escenario como el que ahora plantea el Gobierno español. Su Senado tramita el proyecto que declarará imprescriptibles los delitos sexuales a menores, como ya ocurre en Reino Unido.

El Ejecutivo no dio ayer más detalles de cómo ni cuándo prevé acometer esta modificación legislativa que cuestionan algunos juristas consultados por este periódico. Creen que hay que centrarse en medidas que animen a las víctimas a denunciar cuanto antes porque es muy complicado probar algo ocurrido hace 50 años. En España los únicos delitos que no prescriben son los de lesa humanidad, genocidio y el terrorismo con víctimas mortales. Añadir a esta lista el abuso a menores, dicen algunos juristas, supondría abrir la puerta a más excepciones y pondría en peligro el principio de la prescripción, basado en la proporcionalidad y en la idea de que la responsabilidad penal tiene un límite temporal. “¿Por qué sí el abuso a menores y no otros delitos?”, se pregunta Borja Mapelli, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. “Es una especie de cadena perpetua encubierta”, señala.

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Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es