Calvo inicia un diálogo con el Vaticano marcado por la cautela

Tarde o temprano tenía que pasar. Como todos los Gobiernos socialistas, el de Pedro Sánchez se ha topado con la Iglesia. Cuando todo parecía ir sobre ruedas para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos —uno de sus proyectos estrella—, los obispos le dicen que no pueden impedir el deseo de la familia, que es enterrarlo en la cripta de la catedral de La Almudena, un auténtico desastre de imagen para el Ejecutivo. La vicepresidenta, Carmen Calvo, visita este lunes en Roma a la mano derecha del papa Francisco, el secretario de Estado, Pietro Parolin, con muchos asuntos sobre la mesa, aunque el de Franco es el central que condiciona todos los demás.

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El Gobierno afronta esta cita con mucha cautela y algo de miedo. Ha decretado una total opacidad. Nadie de la vicepresidencia dice una palabra, ni siquiera de la agenda de temas que se tratarán durante el encuentro. Tampoco se espera que al final de la cita haya una comparecencia ante la prensa, solo una nota. El Ejecutivo, y en especial la vicepresidenta, máxima encargada de este asunto, ha hecho grandes esfuerzos por no molestar a la Iglesia. Su silencio ha sido prácticamente total incluso ante la polémica desatada por la publicación en EL PAÍS de la opacidad con la que la Iglesia española ha gestionado durante las últimas décadas las denuncias de pederastia en su seno.

Con tal de no incomodar a la Iglesia —solo ella puede impedir el entierro de los restos de Franco en La Almudena—, incluso ha retrasado la publicación de la lista de los bienes inmatriculados por los obispos de forma irregular. Según fuentes del Gobierno, la lista ya está preparada hace tiempo pero se espera la orden de la vicepresidenta para su difusión. El Gobierno confiaba en que una Iglesia dirigida por un Papa argentino que pertenece al ala menos conservadora le ayudaría a resolver el tema de los restos de Franco. Lo hizo en la primera fase, pero no en esta segunda, y ahora el Ejecutivo está en sus manos.

Los socialistas veteranos, como Calvo, no han olvidado lo que le pasó a José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, cuando intentó hacer una reforma educativa que no gustó a los obispos, que lograron movilizar a 400.000 personas. El Gobierno socialista suavizó esa reforma y María Teresa Fernández de la Vega, entonces vicepresidenta, acudió a Roma varias veces para tratar de que los obispos rebajaran su nivel de enfrentamiento. A cambio, pactó con ellos una clara mejora en la financiación. Es algo que se repite a lo largo del tiempo, hasta el punto de que en 1981 el cardenal Tarancón llegó a decir que “con Gobiernos menos católicos, la Iglesia vive mejor”.

La Iglesia vive ahora otros tiempos con Francisco, pero el esquema de la relación de poder con La Moncloa parece similar. Tanto, que Calvo acude a Roma con pies de plomo, a la espera de poder avanzar en los temas clave. Estos son algunos de los asuntos centrales de la relación entre la Iglesia y el Estado español que protagonizan el ambiente previo a la cita en Roma.

¿Franco a La Almudena?

La decisión de la familia Franco de trasladar los restos a la cripta de La Almudena, donde están las cenizas de su hija Carmen, es un enorme problema para el Gobierno, que confiaba en que los descendientes del dictador señalaran el discreto cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde está enterrada Carmen Polo, su esposa. Fuentes del PSOE admiten que es “mucho peor” que el cadáver de Franco esté en pleno centro de Madrid que en el Valle de los Caídos, a 50 kilómetros de la capital. La tumba quedará en una zona turística que verá grandes concentraciones franquistas cada 20-N (aniversario de la muerte del dictador). Según el Ejecutivo, solo la Iglesia puede impedirlo. Colectivos de memoria histórica se han dirigido por carta a Pedro Sánchez y al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, mostrando su “estupor y enorme indignación” por esta posibilidad. También lo ha hecho un grupo de eurodiputados, que han escrito al Papa.

Miles de inmatriculaciones

¿Cuántas propiedades ha puesto la Iglesia a su nombre utilizando un privilegio que le otorgaba una ley franquista de 1946? El Ministerio de Justicia había prometido entregar antes del 4 de octubre los datos, recabados desde 1998 hasta 2015, cuando la norma quedó derogada. No lo ha hecho. Navarra: 1.087 bienes inmatriculados; País Vasco: 523; Aragón: 2.023; Burgos: 3.000; Sevilla: 386; Jerez de la Frontera: 73; Canarias: 489 inmatriculaciones; Cataluña: más de 430 en solo dos diócesis… son datos no oficiales, recabados por ciudadanos organizados para recuperar el patrimonio. El caso más paradigmático es el de la mezquita de Córdoba, pero miles de iglesias, ermitas y catedrales han acabado en estos años a nombre de la Iglesia sin que nadie se enterara. La cifra esbozada por la Conferencia Episcopal de 30.000 a 40.000 se antoja conservadora. A esos templos hay que sumar fincas, locales de caza, fuentes y plazas públicas, frontones, casas de maestro, viñedos... todos por la vía de la ley franquista. En Portugal, Francia, Alemania o Reino Unido, las catedrales son bienes públicos. ¿Por qué no en España? Calvo tiene la oportunidad de lograr algún avance.

Opacidad ante los abusos 

La oleada mundial de escándalos de abusos sexuales en la Iglesia ha llegado también a España. El Gobierno se ha limitado a condenar los crímenes y dejar la responsabilidad en los juzgados, a los que acuden una minoría de víctimas, entre otras cosas porque los posibles delitos suelen estar prescritos. La Iglesia española aún no parece dispuesta a dar el paso dado en otros países: reconocer el problema en toda su importancia y abrir investigaciones con conclusiones transparentes que aporten luz al fenómeno. Solo algunas voces, como Gil José Sáez Martínez, vicario judicial del Obispado de Cartagena, han admitido públicamente que es necesario “cambiar” tras “un siglo tapando la pederastia”. La publicación por EL PAÍS del silencio de la Iglesia española ante el cúmulo de abusos en las últimas tres décadas ha provocado algunos movimientos, pero tibios, sobre todo porque ha puesto al frente de la comisión para estudiar el asunto a Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga, que silenció casos conocidos.“El Gobierno debe exigir mayor transparencia e información”, afirma Ignacio González Vega, portavoz de Jueces por la Democracia.

Religión en la escuela

Los acuerdos entre España y el Vaticano de 1979 establecieron que Religión se impartiese como una asignatura más del currículo escolar y que sus profesores fuesen elegidos por el ordinario diocesano, que transmitiría los nombres de los seleccionados —preferentemente, maestros en primaria— al Ministerio de Educación, que paga las nóminas. Hoy hay unos 20.000 —las cifras totales no son claras—, y forman parte del claustro de profesores, según el ministerio. Uno de estos docentes es Resurrección Galera, despedida por el Obispado de Almería en 2001 tras casarse con un divorciado y a la que el Tribunal Supremo obligó a readmitir hace un mes. Educación afirma que gasta en los sueldos de profesores de Religión 250 millones de euros anuales, aunque solo abona directamente los de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla, que sumaron el pasado curso 2.916 salarios (100 millones). Cada vez se necesitan menos profesores de Religión porque la población es menos creyente. En 2000, el 83,8% de los alumnos cursaba la asignatura, frente al 63% de 2017, aunque la cifra ha sufrido un leve repunte tras la entrada en vigor de la LOMCE, que convirtió la materia en evaluable, lo que en muchas ocasiones eleva la media por ser fácil de aprobar. 

Concordato y acuerdos

Franco estuvo a punto de romper relaciones con el Estado vaticano y prohibió a Pablo VI visitar España. No tenía queja de los obispos, que él mismo nombraba con mimo, pero le exasperaban el Pontífice romano y los curas reformistas. Acabó abriendo en Zamora una cárcel solo para clérigos. En febrero de 1974, el cardenal Tarancón le visitó en el Pardo con la cédula de excomunión en el bolsillo advirtiéndole que se activaría si expulsaba de España al obispo de Bilbao, Antonio Añoveros.

El dictador quería relaciones directas con los obispos. Pero la Iglesia romana es un Estado (por gracia de otro dictador, el italiano Mussolini, por cierto) que los Gobiernos no pueden ignorar. Bilateralidad de poderes terrenales. Pese a todo, la dictadura firmó en Roma, en 1953, un concordato de cruzada. Publicado en el BOE con el encabezamiento de En el nombre de la Santísima Trinidad, definía a esa iglesia como “sociedad perfecta” y la dotaba de incontables privilegios. Muerto el dictador, el concordato nacionalcatólico, que tenía 5.716 palabras, transmutó en 1976 y 1979 en cinco Acuerdos que sumaban 7.136. También se firmaron en Roma, humillado el Estado de nuevo. Siguen vigentes, pero se incumplen con desparpajo o por prudencia.

Entre sus extravagancias, sobresalen que el Rey es quien nombra al arzobispo castrense, con rango y salario de general de División y una casi ministerial tropa de capellanías; que el Papa debe consultar al Gobierno el nombramiento de obispos “por si existiesen objeciones de índole política”; que “ningún clérigo podrá ser requerido por los jueces u otras autoridades sin consentimiento del Vaticano”; que el Estado debe consultar “los días festivos” que añada, por su cuenta, a los domingos; que es “doctrina permanente la indisolubilidad del matrimonio”; que “la educación que se imparta en las escuelas será respetuosa con la ética cristiana”; que “el Estado velará para que sean respetados en los medios de comunicación los sentimientos católicos”; que la Hacienda pública “debe colaborar con la Iglesia en su adecuado sostenimiento con una dotación económica actualizada anualmente”; que “la Iglesia declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para sus necesidades”, y que “la Santa Sede, las diócesis y las órdenes religiosas y sus provincias y sus casas tienen derecho a la exención fiscal total y permanente”.

Los privilegios fiscales

Es uno de los asuntos más delicados y el que daría más fuerza al Gobierno para negociar los demás, pero ningún Ejecutivo socialista se ha atrevido a entrar en él, al contrario de lo que sucede en otros países. El tratamiento fiscal de la Iglesia católica en España siempre ha sido controvertido. El caso más llamativo es la exención del pago del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que se paga por el patrimonio inmobiliario. La Iglesia católica no tiene que abonar este tributo, al igual que otras confesiones o asociaciones deportivas o culturales, porque se acoge a la Ley de Mecenazgo, aprobada en 2002. Es la misma norma que les libra de pagar impuesto de sociedades y de patrimonio. La Iglesia no tiene que tributar por los donativos o colectas. Tampoco rendir cuentas de los dividendos o intereses de sus inversiones o por las plusvalías que obtenga en la venta de inmuebles, están exentos del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y del de sucesiones y donaciones. “La Iglesia no tiene ningún régimen fiscal especial, único o distinto a otras entidades. Igual que las ONG y otras instituciones, asociaciones o fundaciones del sector no lucrativo está sujeta a la Ley de Mecenazgo”, señala la jerarquía eclesial.

Además de este respaldo tributario, la Iglesia recibe un gran apoyo en la declaración de la renta. Desde 2006, con el PSOE en el Gobierno, el formulario del IRPF cuenta con una casilla para que los contribuyentes que lo deseen destinen el 0,7% de sus impuestos a la Iglesia católica. Existe otra casilla para asignar esta misma cantidad a fines sociales. El año pasado obtuvo 265 millones por esta vía, según la Agencia Tributaria.

Europa Laica “denuncia la costosa campaña publicitaria pagada con dinero público y orquestada, año tras año, por el Gobierno y la Iglesia católica para instar a los contribuyentes a marcar las casillas”. Esta asociación contra los privilegios de la Iglesia cifra en hasta 11.000 millones el dinero público del que se beneficia la institución al año. En esta cantidad incluye el dinero que recibe por los colegios concertados, las subvenciones para mantener el patrimonio histórico y otros pagos como, por ejemplo, para retribuir a los capellanes militares. Los asuntos en cuestión son tantos y tan voluminosos, sobre todo en dinero, que Calvo podría plantear una negociación abierta en la que tendría las de ganar. Pero varios políticos veteranos consultados que en el pasado han estado cerca de otras negociaciones con la Iglesia advierten de que las cosas con ellos nunca son sencillas y siempre, pase lo que pase, son los que menos ceden. No en vano, llevan 2.000 años de ventaja en todo tipo de negociaciones de alto nivel.

Este artículo ha sido elaborado con información de Carlos E. Cué, Natalia Junquera, Oriol Güell, Carmen Morán, Juan G. Bedoya, Elisa Silió y Jesús Sérvulo González.