Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La comisión de expertos recomienda anular las inmatriculaciones con un recurso al Constitucional

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ideó la propuesta jurídica para recuperar los bienes registrados por la Iglesia

Dos sacerdotes conversan entre los arcos de la Mezquita de Córdoba.

La comisión de expertos que ha concluido que la Mezquita-Catedral de Córdoba —declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 1984— no pertenece a la Iglesia, propone al Gobierno que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que el Ejecutivo de José María Aznar decretó para facilitar miles de inmatriculaciones de templos ejecutadas por la Iglesia entre 1998 y 2015, y así lograr anularlas.

"El mecanismo jurídico más apropiado sería el de recabar apoyos parlamentarios necesarios para el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional", señala el dictamen de la comisión formada por dos historiadores y el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, dado a conocer este sábado. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, formuló esta propuesta como catedrática de Derecho Constitucional durante los nueve meses que formó parte de la comisión de expertos, antes de integrarse en el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado junio.

Los tres expertos —tras la retirada de Calvo— hacen un recorrido histórico por el valor artístico del monumento y su propiedad, antes de aclarar que la Mezquita es de todos los ciudadanos: “La iglesia católica no es propietaria, ni tiene título válido de propiedad, por lo que la inmatriculación a su nombre no debió producirse y no tiene validez jurídica”, zanjan sobre el hecho de que el clero se apropiara del monumento en 2006, 12 siglos después de su creación.

La iniciativa de un recurso ante el Tribunal Constitucional ya fue planteada por las plataformas ciudadanas en 2015 ante el Congreso y el Parlamento andaluz, Cámaras en las que animaron a los diputados a romper la disciplina de voto de sus partidos, ya que tanto el PP como el PSOE evitaron apoyar esta iniciativa para no perjudicar al clero. "¿Cómo es posible que nuestros demócratas representantes permanezcan impasibles?", preguntaron entonces las plataformas a los diputados. Los socialistas han tardado tres años y medio en cambiar de parecer y, al respecto, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha alegado este sábado: “La realidad es distinta ahora y sería una irresponsabilidad no llegar hasta el final”.

Una situación "injusta y lesiva para los ciudadanos"

Los expertos son muy críticos con el privilegio de la Iglesia gracias a la reforma del artículo 206 de la Ley Hipotecaria que ejecutó el Gobierno de José María Aznar en 1998. En esta recuperaba la consideración de funcionarios que los obispos habían tenido en la ley hipotecaria franquista de 1944: “La comisión considera injusta y lesiva para los ciudadanos la situación actual (...) La inmatriculación rompe el principio básico de igualdad ante la ley vigente en la Constitución de 1978: la inscripción se realizó sin demostrar la propiedad y equiparaba a la autoridad eclesiástica con fedatarios públicos”.

En su informe, los expertos hacen un recorrido histórico por el valor artístico del monumento y su vinculación con los vecinos de Córdoba y las autoridades civiles, antes de aclarar que la Mezquita es de todos los ciudadanos: “La iglesia católica no es propietaria, ni tiene título válido de propiedad, por lo que la inmatriculación a su nombre no debió producirse y no tiene validez jurídica”, zanjan.

En paralelo, los expertos cuestionan dos aspectos clave de la Mezquita-Catedral: su gestión y la mala praxis por parte del Registro de Córdoba que permitió la inmatriculación del bien sin investigar el edificio y sus antecedentes. “El comité considera que cuando la Iglesia inmatriculó la Mezquita, el registro incurrió en una omisión del deber de comprobación, lo que anula la validez de la inscripción”, reza el informe. Los historiadores proponen instaurar un modelo de gestión moderno —como el desarrollado en la Alhambra, con un patronato que vela por el monumento nazarí— y dejar atrás el actual modelo de gestión “del siglo XIX” y que busca minimizar el pasado como centro de culto islámico.

El Cabildo de la catedral de Córdoba ha negado la mayor y ha rebatido a los historiadores: “Numerosas instancias judiciales y de la Administración han reconocido que el Conjunto Monumental Mezquita-Catedral es propiedad de la Iglesia desde 1236”, según un comunicado de respuesta. La Iglesia destaca que el Ministerio de Hacienda señaló en un informe de 2014 que la Mezquita no constaba en el inventario de Bienes y Derechos del Estado.

El clero entiende que la Abogacía del Estado dio por hecho que cuando Fernando III conquistó Córdoba en 1236, decidió que la Mezquita fuera convertida en catedral de la ciudad andaluza y desde entonces “la Iglesia gestiona la misma”. Sin embargo, el matiz que destacan los historiadores es que dicha gestión no implicaba el título necesario para acreditar la propiedad del edificio.

En su comunicado, el Cabildo ha tildado las inmatriculaciones de “falsa polémica” y ha atacado a Mayor Zaragoza y a los dos historiadores de las Universidades de Huelva y Córdoba, Alejandro García Sanjuan y Juan Bautista Carpio, al acusarles de ofrecer conclusiones con “argumentos puramente ideológicos” y no jurídicos.

Más tarde, Mayor Zaragoza ha respondido a los obispos: “Deberían contenerse (...) Ya lo hablé con los altos niveles. El Papa estuvo totalmente de acuerdo en volver a la situación anterior a 2006”. Es decir, Roma vería con buenos ojos anular la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba que llevó a cabo la Conferencia Episcopal por solo 30 euros, según el ex director general de la Unesco.