El Gobierno exigirá los bienes públicos que la Iglesia ha puesto a su nombre

El Gobierno reclamará los bienes de dominio público que la Iglesia católica española haya puesto a su nombre en las últimas décadas. A ello se compromete en una respuesta dada en el Congreso de los Diputados al diputado socialista Antonio Hurtado, que se interesaba por el destino de tantos templos, plazas públicas, fuentes que los obispos han inscrito en los registros de la propiedad al amparo de una ley franquista de 1946 que los equiparaba con funcionarios públicos, es decir, no tenían que demostrar la propiedad para inscribir a su nombre. ¿Qué va a pasar ahora con todo ello? En su respuesta a Hurtado, adelantada por la cadena SER, el Gobierno recalca la "inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público". "De este modo", prosigue la nota, "queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia católica".

Reconocidas estas consideraciones legales, el Gobierno procederá a hacerse con todo aquello considerado de dominio público que la Iglesia se haya apropiado indebidamente una vez disponga del listado completo de las inmatriculaciones. "Si a pesar del control por parte del registrador [de la propiedad] hubieran accedido al registro como bienes de propiedad privada bienes que efectivamente son de dominio público deberá procederse a la depuración física y jurídica conforme al derecho sustantivo material".

El diputado Antonio Hurtado espera que "todo se solucione en los registros, que la Iglesia no plantee batalla jurídica y aquellas inscripciones ilegales pasen a ser de nuevo de dominio público". Y recuerda que una inmatriculación sí indica tener propiedad sobre el bien. La Iglesia suele negar este extremo. Defienden que es posesión, no propiedad.

Justicia ultima estos días el listado de los bienes inscritos por la Iglesia para ser entregado al Congreso, donde se espera que afloren, para conocimiento de todos, miles de propiedades inmatriculadas. Eso abre la vía a la reclamación de los bienes públicos, pero también a que ciudadanos e instituciones privadas puedan pleitear por lo que consideran que es suyo y no de la Iglesia. En algunos casos, la jerarquía católica ha inmatriculado bienes que ya estaban registrados, lo que parece indicar un escaso control por parte de algunos registradores. "No ha habido el mismo celo por parte de algunos registros y de otros, ni tampoco la misma voracidad por parte de unos obispados que de otros, y eso se verá con claridad cuando se tenga el listado completo", dice Hurtado. En Zaragoza, por ejemplo, la iglesia de San Juan de los Panetes se puso a nombre de la Iglesia cuando estaba registrada como bien público desde 1933.Y parecido ha ocurrido en Palencia con otra iglesia enclavada en una finca privada, por la que el Gobierno español recibió el varapalo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 

La respuesta al Congreso explica también que a la hora de reclamar edificios, templos, plazas, fuentes, etcétera, será la Dirección General de Patrimonio la que tendrá que establecer cuáles de esos bienes son reclamables por parte de la Administración.

La Iglesia ha reconocido "errores" en algunas de las 30.000 o 40.000 inscripciones que calcula que ha registrado. “Errores habrá habido”, ha reconocido recientemente a EL PAÍS el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal,  “y también diferencias de interpretación”, pero “si algo se ha hecho incorrecto, hay mecanismos para solventarlo”.

Esa es ahora la clave. ¿Bastará con que el Gobierno vaya al registro a reclamar como bien de todos los ciudadanos aquellos que la ley considera de dominio público o tendrán que utilizar, la Administración y los ciudadanos otros "mecanismos para solventarlo"?

La Iglesia, por boca del portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil, ha dicho esta mañana que se defenderán. "Defenderemos nuestros derechos porque la buena administración de los bienes eclesiásticos supone utilizarlos para los fines para los que se crearon y procurar mantenerlos". "Estamos muy tranquilos, la Iglesia no ha hecho otra cosa que cumplir la legalidad vigente y lo que ha hecho, y posibilitado por la legislación es inscribir los bienes que de manera secular ha poseído".  "Tenemos una confianza infinita en la justicia española".

"Nuestro ordenamiento ofrece oportunidades de defensa y también el marco europeo", ha dicho en referencia a la respuesta del Gobierno de que reclamará los bienes de dominio público. ¿Qué es dominio público? Aclarémoslo. Hay un derecho de propiedad de quien puede ser sujeto una persona individual o sociedades, en este caso la Iglesia". "Así que, inmensa tranquilidad y confianza en nuestro Estado de derecho", ha añadido. 

El portavoz de los obispos ha señalado que "los bienes de la Iglesia aportan a la economía española más de 22.000 millones de uros al año, un 2% del PIB y son de enorme interés social. Una de las consecuencias de desamortizar sería el detrimento de la acción social", ha dicho esta mañana.