¿Quién soluciona ahora los “errores” de la Iglesia?

Años de lucha de los ciudadanos organizados en defensa de su patrimonio, el paso de varios Gobiernos del PP y del PSOE y la presión mediática no han sido suficientes para que los españoles pudieran conocer cuántas iglesias, ermitas, fincas, casas, solares, cementerios y otros bienes había puesto la Iglesia a su nombre en silencio, para sorpresa de cientos de Ayuntamientos. Una ley franquista concedía a los obispos el privilegio, que José María Aznar amplió en 1998, de registrar una propiedad sin demostrar que le pertenecía. La coyuntura política actual ha conducido al Ejecutivo de Pedro Sánchez a cumplir una de las promesas de los socialistas en la oposición y el Ministerio de Justicia, que tantas veces hizo oídos sordos, está ahora recopilando entre todos los registros de la propiedad la lista completa de lo que se ha calificado como el “gran expolio” de la Iglesia y que ha incorporado una palabra al conocimiento del común: inmatriculación.

A la espera de esos datos, que en Justicia dicen que estarán listos “este otoño”, circula sin fundamento una cantidad: alrededor de 4.000 propiedades inmatriculadas por la Iglesia desde 1998. Los que están al tanto del asunto no dan crédito a tan raquítica cifra. Solo en Navarra, los obispos han registrado como propias 2.007 propiedades desde aquel año; en Aragón, las organizaciones han calculado, como poco, 1.751 y en el País Vasco 522 (en un periodo un poco más largo). Cabe pensar que la cifra total superará con creces la de 4.000.

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El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Iglesia, Fernando Giménez Barriocanal, asegura que desconoce el total de lo inmatriculado y que “la Conferencia Episcopal no es quién para pedir esa información”. Si en su día declaró a la cadena SER que rondarían las 40.000 inscripciones fue porque, dice, hizo un cálculo de todas aquellas instituciones religiosas que pueden registrar los bienes: no solo los obispos, también los párrocos, las órdenes religiosas, etcétera. Solo parroquias hay 23.000. Sin embargo, un buen conocedor de la Conferencia Episcopal sostiene que la jerarquía católica sí sabe la cifra, y alaba la buena cabeza de Barriocanal para ello. “Lo desconozco totalmente”, respondió ayer el aludido.

El criterio que ha animado a las inmatriculaciones, dice Barriocanal, es “garantizar que estos edificios se destinan al uso para el que se construyeron”. Pero lo cierto es que entre lo inmatriculado no hay solo templos de culto, sino viñedos, casas de maestros, frontones, locales y fincas que poco tienen que ver con un uso religioso. Además, también se han registrado iglesias y ermitas en ruina.

“Errores habrá habido”, reconoció ayer Barriocanal “y también diferencias de interpretación”, pero “si algo se ha hecho incorrecto, hay mecanismos para solventarlo”. Los habrá, le contestan las organizaciones por la recuperación del patrimonio, pero la dificultad para revocar lo ocurrido es grande. En todo caso, la Iglesia todavía no ha devuelto la iglesia de San Pablo, en Zaragoza, a pesar de que está obligada a hacerlo, ni tampoco la de Ucieza, en Palencia.

El profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez, miembro de la plataforma nacional Recuperando, plantea tres vías para recobrar para el bien público lo que, a su juicio, siempre lo fue. Primero, dice, no hay que abandonar la vía de la impugnación privada, individual. “Es complejo, pero los ciudadanos pueden invocar el precedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a España a indemnizar a una sociedad palentina, propietaria de una finca con una iglesia abandonada, que los católicos inmatricularon después, a pesar de tener ya propietarios. El tribunal reconoció con dureza en 2014, 2016 y 2017 que el proceso de acceso al registro por parte de la Iglesia vulneraba los derechos humanos”. Fue el caso Ucieza. “Lo dicho por ese tribunal es vinculante para la justicia española”, señala Rodríguez.

En segundo lugar, plantea el profesor cordobés la vía legislativa. “El Congreso debe regular de una vez por todas qué se entiende por bien de dominio público eminente, en el que se engloba aquel patrimonio cultural, histórico y de valor incalculable que por la evidencia de todo ello no fue catalogado ni inventariado, porque se entiende que es de todos, también de la Iglesia, sí, como la mezquita de Córdoba o la Giralda”, hoy inmatriculadas ambas. Ya en la República se inició este procedimiento, pero el golpe de Estado de Franco lo dejo inconcluso.

Como tercera vía, propone un “acuerdo a la portuguesa”. En este país, en 1940, con el dictador Salazar al frente, “se llegó a un convenio con El Vaticano para que se reconocieran los monumentos nacionales y los bienes de interés como pertenecientes al Estado, es decir, bienes públicos, sin perjuicio de los derechos de uso por parte de la Iglesia católica”.

Para Rodríguez, lo que ha de quedar claro es que este asunto de las inmatriculaciones “debe ser una cuestión de Estado”. Del Estado esperan, “por fin”, que revele la lista de los bienes inmatriculados y que “se dé una solución global” que no obligue a ciudadanos y Ayuntamientos a pelear a brazo partido en los tribunales.