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“España no puede perder tiempo para la aprobación de una ley para erradicar la violencia contra la infancia”

Marta Santos Pais, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas, insta el Congreso a aprobar la norma antes de finales de año

Marta Santos Pais, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas, en la sede de Unicef en Madrid.
Marta Santos Pais, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas, en la sede de Unicef en Madrid.

Para un niño un día de violencia es una eternidad. Marta Santos Pais, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Infancia, lo repite con frecuencia para explicar por qué es tan importante que España apruebe el proyecto de ley para la protección de los menores antes de finales de año y que entre a las Cortes a principios de 2019.

Durante su visita a Madrid la semana pasada, invitada por la Alianza para erradicar la violencia contra la infancia, la diplomática portuguesa pidió a los grupos políticos que se mantenga la unidad en torno al proyecto normativo. “La ley tiene que reflejar el compromiso del Estado, no el de una administración, porque la violencia contra la infancia es un asunto de derechos humanos, no ideológico”, subrayó en la sede de Unicef Comité Español. “España no puede perder tiempo para la aprobación. Tiene la capacidad de hacer un buen trabajo y convertirse en referente para muchos otros países”.

En España, cada día 37 niños son víctimas de maltrato en el ámbito familiar: más de 13.800 menores al año, según la última estadística del Registro unificado de casos de sospecha de maltrato infantil. En 2017, se interpusieron más de 38.000 denuncias por delitos violentos contra menores de edad, según el Ministerio del Interior. De estos, 4.875 por malos tratos en el ámbito familiar y 4.211 por abuso sexual —aunque se estima que solo un 15% de los casos son denunciados y, de los que entran en el sistema, el 70% nunca llega a juicio oral.

A pesar de estas cifras desalentadoras, Santos Pais confía en que el Gobierno de Pedro Sánchez apoyará el proyecto de ley en los plazos fijados. La representante especial de Naciones Unidas se alegra de que España ponga la infancia "en el centro de la agenda política" y valora la creación de los altos comisionados para la lucha contra la pobreza infantil y para la Agenda 2030. “La pobreza infantil es extremadamente visible en España. El impacto negativo y desafiador de los años de la austeridad que hemos experimentado en muchos países europeos ha tenido un impacto muy negativo en la infancia y en la adolescencia. No siempre se ha medido, pero la disminución de presupuesto disponible para los más jóvenes ha causado un recorte en el número de profesionales ocupándose de ellos y de los recursos destinados a la protección”, señala. “Muchas familias se han encontrado así con un estrés adicional y sin el apoyo de las instituciones”. Algo que hay que cambiar con urgencia, destaca.

Santos Pais sabe que una ley por sí sola no será suficiente para acabar con la violencia contra la infancia. “Se necesita el respaldo de un presupuesto y hay que ofrecer herramientas a los actores para detectar las situaciones de violencia, para denunciar, proteger a los menores, etcétera”, explica.

En España, cada día 37 niños son víctimas de maltrato en el ámbito familiar

Sin embargo, no todas son malas noticias. “Hay temas en los que se ha avanzado mucho a escala internacional en los últimos años. Uno es la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que reconoce a los niños como agentes de cambio y que se ha traducido en la adopción de reformas legislativas concretas. Hace 10 años apenas 16 países contaban con leyes que prohíben todas las formas de violencia contra la infancia, hoy en día son 58, más del triple”.

Muchos países, agrega la experta, están desarrollando encuestas comprensivas para entender el verdadero alcance del fenómeno. “Estos datos desglosados nos están ayudando para diseñar medidas eficaces. Muchos niños no comparten su historia por el miedo a sufrir represalias. Nuestro objetivo es que se sientan listos para contarla, que sepan que pueden beneficiarse de servicios de apoyo médico y psicológico, que hay juzgados especializados listos para actuar”.

¿Pero estamos listos para escuchar la voz de las víctimas? “Esta tiene que ser la primera medida y es algo que depende de cada uno de nosotros. No necesitamos una estrategia formal adoptada por un Estado para manifestar nuestro compromiso y apoyar a los niños que sufren”, dice Santos Pais. La capacitación de profesionales que trabajen con y para la infancia, agrega, es una tarea importante, pero aún más crucial es que los niños se sientan seguros para hablar. “En muchas ocasiones, las víctimas de violencia se quejan de que no fueron escuchadas, sino que se sintieron bajo juicio. Y si hablamos de niños, la culpabilización por parte de las autoridades es aún más fácil. Muchas veces son completamente ignorados, no se investiga, no hay asunción de responsabilidad, no se castiga a los responsables. Todo esto ayuda a la cultura de silencio y de impunidad y a perpetuar situaciones de violencia”.

A pesar de los progresos, admite Santos Pais, los cambios no son tan rápidos como le gustaría. “Tenemos que acelerar nuestra acción. Y solamente uniendo esfuerzos entre los distintos departamentos del Estado, las comunidades autónomas, los actores de la sociedad civil, los propios niños y empoderando a las familias, a los profesionales y las instituciones podemos alcanzar nuestro objetivo”.

¿Cómo será la ley?

La Alianza para erradicar la violencia contra la infancia —una plataforma internacional creada en 2015 a la que España se sumó el pasado mes de abril con una red formada por Aldeas Infantiles, SOS, Educa, Plan International, Save the Children, Unicef y World Vision— pide que la nueva ley ofrezca protección en todos los ámbitos en los que se mueve un menor.

En particular, reclama campañas de prevención y sensibilización; formación de profesionales; educación afectivo-sexual reglada en las escuelas desde edades tempranas; un sistema de recogida de datos adecuados y la creación de juzgados y fiscalía especializados en materia.

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