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Violencia contra la infancia

Unidos Podemos presenta un proyecto de ley contra la violencia en la infancia para acelerar los plazos

La formación considera que no hay voluntad en el Ejecutivo para aprobar una normativa esta legislatura

Concentración el pasado septiembre en Castellón tras el asesinato de dos menores a manos de su padre.
Concentración el pasado septiembre en Castellón tras el asesinato de dos menores a manos de su padre.

Unidos Podemos ha presentado la tarde de este lunes en el Congreso una proposición de ley orgánica de Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra la Infancia y la Adolescencia. El proyecto, abierto a propuestas de la ciudadanía e instituciones, incluido el Gobierno, se presenta porque consideran que es necesaria una ley antes de que acabe el año. "La normativa se está retrasando y no hay voluntad política en el Ejecutivo para que salga adelante esta legislatura", ha criticado Ione Belarra, portavoz adjunta de la formación en el Parlamento. "Ponemos esta legislación a su disposición".

Diferencias con un documento de expertos remitido al Ejecutivo

El Gobierno dispone desde la etapa en la que Mariano Rajoy estaba al frente de un documento redactado por Save The Children y la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, en colaboración con representantes de la sociedad civil y la Administración, como la Plataforma de Infancia. En él, se propone una redacción para la ley de protección integral contra la violencia en la infancia. Es uno de los documentos que el Ejecutivo está teniendo en cuenta para la elaboración del borrador. 

Algunas de las medidas recogidas en este texto presentado al Gobierno también aparecen en el proyecto de ley de Unidos Podemos, como la posibilidad de declarar en riesgo a un menor en caso de que sus padres lo discriminen por razón de su orientación sexual. Otras iniciativas como la creación de juzgados específicos en violencia contra la infancia no constan en el texto presentado por la formación de Pablo Iglesias. El documento remitido al Ejecutivo también va más allá en cuestiones relativas a la violencia de género —la propuesta de Unidos Podemos se limita al Pacto de Estado—. 

Desde Save The Children manifiestan su preocupación por que la propuesta de la formación morada suponga romper el consenso existente en el Congreso respecto a la violencia contra la infancia y se retrase así aún más la aprobación de la ley, que consideran urgente. La Plataforma de Infancia, que aglutina a las organizaciones del sector, remitirá al Gobierno un informe sobre este asunto elaborado a partir de las opiniones de niños y niñas. 

En la propuesta de Unidos Podemos se incluye que la prescripción de los delitos de agresión sexual a menores comience a computar a partir de que estos cumplan 30 años —están dispuestos a elevar la cifra a 50 años o a hacer que este tipo de delitos no prescriban— o que se incluya como víctimas a los menores cuyas madres sufren violencia de género. También recoge nuevas formas de violencia, como la que se genera en Internet o la violencia institucional —como por ejemplo, la generada a partir del hacinamiento en centros de menores—.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha creado un grupo interministerial para trabajar en la ley, y de ahí saldrá el primer borrador, que se distribuirá a todas las organizaciones del sector. Fuentes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social han manifestado que es una prioridad, aunque no dan plazos. Según la dirección de Unidos Podemos, con los tiempos manejados por el Gobierno será imposible tenerla antes de final de año, algo que consideran fundamental para que la normativa pueda ser tramitada esta legislatura. 

La proposición de ley presentada por la formación liderada por Pablo Iglesias "promociona el buen trato, es decir, la formación en la crianza, parentalidad positiva... que los padres y los niños tengan las herramientas para no recurrir a la violencia", ha explicado la abogada y experta en derechos humanos Violeta Assiego, coordinadora del equipo que ha elaborado el texto en colaboración con organizaciones sociales y grupos de menores.

La formación ha destacado que cada día 37 niños son víctimas de maltrato infantil en el ámbito familiar, más de 13.800 al año, según la última estadística del Registro Unificado del Maltrato Infantil (RUMI). "Ahora es impensable que alguien pueda decir que ha pegado un bofetón a su pareja, y en cambio esa afirmación trasladada a un niño o una niña no causa ningún impacto o no interpela a la persona que lo escucha", ha dicho Assiego.

La propuesta de Unidos Podemos convierte a los niños y adolescentes en titulares de derecho y promueve "el buen trato hacia la infancia y adolescencia como parte imprescindible para erradicar las violencias". El texto hace hincapié en el establecimiento de una serie de mecanismos y protocolos de prevención y formación para aquellas personas que tratan con niños. "Todo funcionario público y cualquier otra persona con contacto con niños y adolescentes tiene la obligación de denunciar aparejada a la obligación de actuar", ha explicado Assiego. 

La escucha es otro de los pilares del texto. Unidos Podemos considera fundamental el derecho a que sean escuchados a través de mecanismos de participación y denuncia y en las instituciones. Por eso proponen que la justicia se adapte a los niños y adolescentes estableciendo la prueba preconstituida como único requisito, es decir, que un menor solo declare una vez en un juicio y esto sea suficiente para todo el procedimiento. Además, quieren que se cree una figura de acompañamiento social complementario a la asistencia letrada y de la Fiscalía. "El objetivo es que el proceso judicial sea más amigable para un niño".

Otra de las propuestas es que el Ministerio de Sanidad sea el responsable de homogeneizar los datos. "Ahora hay muchas fuentes, están diseminados, hay cifras distintas y en algunas cosas falta metodología", ha argumentado Assiego. "Es necesario que se hagan encuestas, también a los chavales", ha precisado. 

Para garantizar que las instituciones cumplen con los mecanismos y los protocolos que la ley establece y que se cumple el enfoque de género, la diversidad cultural, sexual, familiar y étnica de la ley, proponen crear un comisionado para los derechos humanos de la infancia y adolescencia, independiente y con regulación específica. "Es una figura similar al defensor del pueblo o los defensores del menor que hay en algunas comunidades autónomas", ha concretado la experta.

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