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Las víctimas de abusos sexuales piden ampliar el plazo de prescripción de los delitos

Los escándalos de la Iglesia y su encubrimiento reabren el debate sobre las agresiones contra los menores de edad

El pianista James Rhodes, activista contra el abuso sexual infantil, y Vicki Bernadet, responsable de la fundación que lleva su nombre.

James Rhodes casi no ha pegado ojo. Mira que lo ha contado veces, pero siempre se queda insomne cuando sabe que tiene que volver a hablar de lo que pasó. ¿Cómo contarlo para que se entienda? Para él, atacado durante años por un profesor cuando era un niño, el término abuso se queda corto: “Es una palabra demasiado blanda. Si me ponen una multa es un abuso, pero no puedo llamarlo igual si un hombre pone su pene dentro de un niño de cinco años”.

Rhodes, pianista, publicó en 2014 unas estremecedoras memorias, Instrumental, en las que relata los ataques de ese maestro, la indiferencia de otros profesores y la corrosión en la que se convirtió su existencia: “A veces la gente comete el error de creer que una vez que el abuso acaba todo está mejor. Pero no es verdad”. En 2017 se instaló en Madrid y, desde hace unos meses, es una de las caras visibles del colectivo que reclama con urgencia una ley de erradicación de la violencia contra la infancia que el Gobierno ha prometido. Hasta escribió una carta en EL PAÍS al presidente Pedro Sánchez, que se puede consultar aquí.

“Tardé 20 años en poder hablar de lo que me hicieron”, explicaba este viernes Rhodes ante los periodistas que lo escuchaban mudos y aplaudieron cuando terminó, algo absolutamente inusual en una rueda de prensa.

La educación “imprescindible”

Andrés Conde, director de Save the Children, enumeró este viernes los contenidos “imprescindibles” de la futura ley contra la erradicación de la violencia contra la infancia. Entre otros, la introducción de la educación afectivo sexual en el sistema educativo español para que los niños sepan “cuáles son los comportamientos inaceptables” de los adultos. Añade la formación de maestros y todos los profesionales que trabajan con menores, la creación de una fiscalía y juzgados de instrucción especializados en violencia hacia la infancia y la reducción de los procesos judiciales, que se extienden “hasta cuatro o cinco años” y en los que los menores declaran “hasta cuatro veces” y delante de su agresor.

El silencio de años que envuelve a las víctimas, que en ocasiones se convierte en décadas, está en el centro de las peticiones para la futura ley. En España, el periodo de prescripción de los delitos de abusos sexuales a menores comienza a contar a partir de su mayoría de edad. Según la gravedad del caso, esa prescripción llegará desde los cinco a los 15 años posteriores. En el caso más extenso, el delito queda cancelado cuando la víctima cumpla 33 años.

En medio de una crisis sin precedentes en la Iglesia católica por sus escándalos de abusos a menores y su posterior encubrimiento, España prepara una ley de erradicación de violencia contra la infancia en la que tienen puesta toda su atención las víctimas y las asociaciones de menores, como Save the Children o la Fundación Vicki Bernadet, que este viernes, junto a Rhodes, han pedido al Ejecutivo que se dé prisa.

“El abuso sexual es gravísimo pero lo estamos haciendo más grave desde el momento en que nos obligáis a mantener el silencio tan largo”, señala Vicki Bernadet, también víctima en su infancia. Tampoco ha pegado ojo. Le pesa tener que seguir repitiendo “20 años después” todo lo que falta por hacer.

Una de cada cinco personas ha sufrido abusos sexuales en la infancia, según estiman diversos estudios. Es un delito que se produce de forma abrumadora en el entorno familiar y de confianza. Según el informe de Save the Children Ojos que no quieren ver, el abuso dura de media cuatro años. Apenas un 15% de los casos son denunciados y, de los que entran en el sistema legal, siete de cada 10 nunca llegan a juicio oral.

La nueva ley, reclaman desde Save the Children, debería contemplar que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual comiencen a prescribir cuando la víctima alcance los 50 años de edad. Según sus estimaciones, la mayoría de las víctimas comienzan a hablar a partir de los 35. La propuesta va en línea con otros países europeos, como Francia o Alemania, que contemplan ampliar la prescripción para los crímenes cometidos contra menores hasta 30 años desde la mayoría de edad. Otras asociaciones de víctimas reclaman que no prescriban nunca, como ocurre en Reino Unido, en algunos estados de Estados Unidos o como se plantea aplicar Chile. Y ya han conseguido un amplio apoyo.

Contra la impunidad

 

Miguel Ángel Hurtado, víctima de un sacerdote cuando tenía 16 años, encabeza una campaña española en Change.org, que este viernes rozaba ya las 460.000 firmas a favor de que estos delitos no caduquen. El trasfondo es evitar la impunidad. En el caso Maristas, uno de los más graves destapados en España, un juzgado de Barcelona declaró nulas 13 de las denuncias presentadas contra el profesor de gimnasia Joaquín Benítez porque habían prescrito.

A pesar de la alarma social que crean los abusos sexuales y su posible prescripción, hay una posición generalizada entre los juristas españoles en contra de que el plazo para juzgarlos no se agote nunca. Defienden todos los consultados que el trabajo se centre en intentar que las víctimas puedan denunciar antes, cuando además es más fácil recopilar pruebas y encausar a sus agresores. “Se trata de incidir sobre la realidad, actuar para que la gente no permanezca aterrorizada hasta los 30 años”, señala la catedrática de Derecho Penal de la Autónoma de Barcelona Mercedes García Arán.

“Abrir un procedimiento y probar algo que ha ocurrido hace 50 años es muy complicado, genera mucha frustración. Nos equivocamos si creemos que la solución fácil sea que no prescriba”, añade el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Cancio. En España, los delitos que no prescriben son los crímenes de lesa humanidad y genocidio y los de terrorismo con víctimas mortales.

El Consejo de Ministros del 7 de septiembre acordó la puesta en marcha del anteproyecto de ley. La previsión es enviarla al Congreso en el segundo trimestre de 2019. Las organizaciones y el pianista Rhodes reclamaron ayer que se adelante la entrada en las Cortes a enero de 2019 para que dé tiempo a tramitarla.