Francia endurece la respuesta legal al acoso y violencia sexuales

El Gobierno francés desveló este miércoles los detalles del proyecto de ley para “reforzar la lucha contra la violencia sexual y sexista”, una normativa que busca multar el acoso en la calle, aumentar el plazo de prescripción de delitos cometidos contra menores y establecer una ley mínima de consentimiento para mantener relaciones. La iniciativa comenzó a gestarse tiempo antes del movimiento feminista #MeToo, pero se ha beneficiado de su impulso. Su máxima responsable, la secretaria de Estado para la Igualdad Mujer-Hombre, Marlène Schiappa, quiere que esté aprobada este verano.

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La iniciativa propone ampliar el plazo de prescripción para los crímenes cometidos contra menores de 20 a 30 años a partir de la mayoría de edad de la víctima. Según el Gobierno francés, este tiempo suplementario “tiene en cuenta el mecanismo de la amnesia traumática frecuente tras hechos de esa gravedad” como son las agresiones sexuales.

La nueva normativa también endurece las penas contra los que mantengan relaciones sexuales con menores. Empezando por el paso, no dado hasta ahora en Francia, de fijar una edad mínima para el consentimiento. Después de diversas consultas, el Gobierno decidió fijar esta edad en los 15 años. De este modo, “no habrá más ambigüedad sobre la capacidad de discernimiento o de consentimiento de un menor ante un acto sexual”, indica el texto, que prevé no solamente un endurecimiento de las penas —hasta de 20 años de cárcel por violación y 10 por “toda penetración sexual cometida por un adulto a un menor de 15 años”—, sino que precisa que podrán aplicarse a juicios ya en marcha cuando el texto sea aprobado. El objetivo es impedir que se vuelvan a repetir casos como el sucedido en noviembre, cuando un tribunal absolvió a un hombre acusado de haber violado con 22 años a una niña de 11, a pesar de que la pequeña aseguró que no había sido una relación consentida y de que quedó embarazada. El tribunal estimó que no se había podido demostrar que hubo violación dado que no se dieron los casos de “coacción, amenaza, violencia o sorpresa” previstos hasta ahora por la ley.

La propuesta también aboga por “ampliar la definición de ciberacoso” para poder actuar ante casos en los que una persona es víctima de un ataque coordinado “incluso cuando ninguno de los internautas actúe de manera reiterada”. Actualmente, y eso es lo que quiere corregir la futura ley, los responsables pueden eludir una condena alegando que no han cometido ese acoso de forma repetida contra la víctima. La iniciativa de Schiappa, que aseguró que esta previsión recibió un gran apoyo entre los adolescentes consultados, prevé dejar a discreción del juez la posibilidad de distinguir entre el instigador del ciberacoso y “sus comparsas”.

El punto que más ha dado de qué hablar desde el comienzo y que más dudas suscita —sobre todo por su factibilidad— es el de la penalización del acoso sexual en la calle. La nueva ley prevé la creación de un nuevo delito, la “ofensa sexista y sexual”, y la imposición de multas progresivas a partir de 90 euros —y que pueden llegar a los 3.000 en caso de reincidencia— para actos de acoso en espacios públicos. Una de las principales dudas que han surgido es la capacidad de los policías, los que estarán encargados de imponer las sanciones, de actuar ante un delito tan difícil de probar si no hay testigos directos. Schiappa recordó que el Ministerio del Interior lo considera factible y aseguró que el objetivo “no es poner el máximo de multas posible”, sino crear un efecto “disuasorio” que, aseguró, ha comenzado con el debate mismo de esta ley.