El Congreso aprueba el decreto de los VTC pero abre la vía a suavizarlo

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto ley de medidas sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC)que emplean plataformas como Uber o Cabify, pero ha exigido su tramitación como proyecto de ley para poder introducir enmiendas, en contra de la posición defendida por el Gobierno que exigía que la norma entrara en vigor sin modificación alguna.

La convalidación del decreto del Ministerio de Fomento ha conseguido 179 votos a favor (PSOE, Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria, EH Bildu y Nueva Canarias), 164 en contra del decreto (PP y Ciudadanos) y dos abstenciones. No obstante, el PSOE solo ha conseguido el apoyo de Podemos para oponerse a que la norma se tramitara como proyecto de ley, ya que sus socios catalanes se han unido al resto de los grupos para permitir introducir enmiendas al decreto original. A favor de esta vía se han pronunciado 184 diputados a favor (PP, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria).

La razón de esta rebelión de los independentistas catalanes es su temor de que las fuertes restricciones que impone la norma a la actividad de los VTC, en particular la exigencia de una segunda licencia dentro de cuatro años para circular en las ciudades, de lugar a la petición de indemnizaciones por parte de los propietarios de licencias de las que se que tendrían que hacer cargo las comunidades autónomas a las que se traspasa ahora la competencia.

Un estudio de la consultora Ernst & Young encargado por Unauto, la asociación que agrupa a las empresas de VTC, evaluaba en 3.800 millones de euros las compensaciones que se podían exigir en los tribunales si se "expropian" las licencias.

La norma se tramitará como proyecto de ley para poder introducir enmiendas

El ministro de Fomento, José Luís Ábalos, ha intentado aplacar ese temor de los nacionalistas aclarando en su intervención que la moratoria de cuatro años anunciada afecta solo a los actuales propietarios de licencias VTC y no a las responsabilidades de las administraciones públicas. “Los ayuntamientos pueden regular desde ya y las comunidades autónomas también. No sé que miedo hay con asumir competencias. Algunos se quieren ir de España y nos quieren dejar las VTC”, señaló en clara alusión a los grupos catalanes.

Ábalos indicó que el real decreto "no confisca nada" porque simplemente cambia las condiciones de explotación "como ha ocurrido en muchas ocasiones en el sector del taxi sin que eso signifique pérdida de la licencia o exija indemnización alguna” que, en opinión del ministro, ya está contemplada en la norma con la prórroga de cuatro años. "Es una indemnización en especie", dijo.

La normativa da un plazo de cuatro años a las empresas de VTC para poder seguir operando en el interior de las ciudades, al término del cual las actuales licencias —válidas para todo el ámbito nacional— perderán su derecho a realizar trayectos urbanos si así lo deciden los municipios.

Al final de ese periodo, para poder realizar viajes en el interior de las ciudades las empresas de VTC deberán solicitar una segunda licencia a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, si quieren seguir circulando

Al tramitarse el decreto como proyecto de ley se abre la puerta a introducir otras modificaciones en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en materias que nada tienen que ver con los VTC.

Protesta de los taxistas

El decreto se ha aprobado mientras alrededor de 1.000 taxistas se concentraban frente al Congreso de los Diputados para exigir su convalidación y por "las 100.000 familias que viven del taxi". Las distintas asociaciones del taxi han acogido con satisfacción la convalidación del decreto pero exigen a las comunidades autónomas que restrinjan desde ya la actividad de las VTC

Fedetaxi ha remitido esta misma mañana tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de Madrid una propuesta con una serie de exigencias como que se impida a los vehículos de VTC entrar al centro de las ciudades, se les prohíba tener aparcamientos en aeropuertos o estaciones, o se les regulen los días de libranza y las horas de trabajo. Esta asociación considera un "revés" que se tramite como proyecto de ley ya que introducirá "inseguridad jurídica".

En la misma línea, el presidente de Antaxi, Julio Sanz, ha pedido responsabilidad a las comunidades autónomas y ayuntamientos "para que trabajen en legislar cuanto antes en los apartados en los que se habilita esta norma" y ha anunciado que, como Fedetaxi, recurrirán el plazo de cuatro años que establece el texto como medida indemnizatoria, "puesto que es un período de tiempo excesivo e innecesario".

Por su parte, el presidente de Unauto, Eduardo Martín, ha celebrado que se puedan introducir enmiendas "para que todos los actores del sector de la movilidad estén implicados, así como los órganos legisladores, y, sobre todo, el ciudadano".