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El Congreso debate este jueves el polémico decreto que restringe a Cabify y Uber

Las empresas de VTC estudian presentar demandas por la “expropiación” de sus licencias por 3.800 millones. El PP intenta frenar la norma

Cabify y Uber
Un taxi y un vehículo VTC, en Madrid.

El Pleno del Congreso convalidará este jueves casi con toda probabilidad el real decreto ley aprobado el pasado 28 de septiembre por el Gobierno que transfiere a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la facultad de regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Cabify y Uber. La normativa da un plazo de cuatro años a esas empresas para poder seguir operando en el interior de las ciudades, al término del cual las actuales licencias —válidas para todo el ámbito nacional— perderán su derecho a realizar trayectos urbanos si así lo deciden los municipios.

Al final de ese periodo, para poder realizar viajes en el interior de las ciudades las empresas de VTC deberán solicitar una segunda licencia a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, si quieren seguir circulando. Las corporaciones municipales de Madrid y Barcelona, ambas gobernadas por Podemos, y que concentran las dos terceras partes de la actividad de las VTC en España, ya han advertido que usarán la norma para reducir el número de estos vehículos.

La convalidación de este real decreto, por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), solo necesita una mayoría simple para su elevación a rango de ley, por lo que está casi asegurada su aprobación ya que contará con los votos favorables de PSOE, Podemos y los grupos nacionalistas catalanes.

El único grupo que se ha pronunciado abiertamente en contra del decreto es el Popular, que ha  tramitado una consulta al letrado del Congreso de los Diputados para conocer si la norma constituye un “fraude constitucional” al entender que el traspaso de competencias puede precisar de una ley orgánica en lugar de un decreto ley.

“Chantaje de los taxistas”

La norma ha sido recibida con moderada satisfacción por las asociaciones de taxistas pero con la radical oposición de las empresas propietarias de licencias de VTC y de las plataformas Uber y Cabify a través de las que operan. Unauto, que agrupa al 90% de esas empresas, cree que el el decreto-ley, "cede claramente al chantaje" realizado por parte del sector del taxi y pone en peligro 15.000 empleos.

Unauto advierte de que "el decreto lío" multiplicará por 17 el problema al trasladar las competencias a las comunidades autónomas, que tendrán que hacer frente a las indemnizaciones que demanden los propietarios de autorizaciones VTC en lso tribunales por la "expropiación" de sus licencias. Unas compensaciones que, según la consultora Ernst&Young, ascenderán a unos 3.800 millones de euros.

Un informe del despacho de abogados Garrigues encargado por Unauto señala que el decreto que aprobó el Gobierno, tras la huelga de taxistas y el bloqueo de calles principales de Madrid y Barcelona durante días, es una "expropiación encubierta" por parte del Gobierno.

Garrigues entiende que como el 90% de los trayectos de las VTC se realizan dentro de una misma ciudad la petición de una segunda licencia para seguir operando hará que "las licencias VTC se convertirán, en su gran mayoría, en simple papel mojado con un valor próximo a cero". Por eso, la patronal va a pedir al Ministerio de Fomento que se aumente la moratoria más allá del plazo de dos años de prórroga que contempla el decreto.

El clima de enfrentamiento entre taxistas y VTC ha vuelto a crecer al punto que Unauto ha desconvocado la manifestación de chóferes de Uber y Cabify que había convocado en las proximidades del Congreso para no coincidir con una protesta similar convocada por los taxistas.

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