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El Gobierno da vía libre para que las ciudades invaliden miles de licencias de Uber y Cabify

Fomento da una moratoria de cuatro años a los VTC para que sigan operando en trayectos urbanos pero los Ayuntamientos podrán vetarlos completamente en sus municipios

Vehículos y trabajadores de Uber y Cabify se manifiestan este viernes en Madrid contra la aprobación del decreto ley. En vídeo, declaraciones del Ministro de Fomento. Foto: Álvaro García. Vídeo: ATLAS

Las comunidades autónomas y los Ayuntamientos podrán vetar y dejar sin valor alguno miles de licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) con las que operan empresas como Uber y Cabify, según el decreto ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. La normativa da un plazo de moratoria de cuatro años a esas empresas para poder seguir operando en el interior de las ciudades, al término del cual las actuales licencias —válidas para todo el ámbito nacional— perderán su derecho a realizar trayectos urbanos si así lo deciden los municipios. En consecuencia, al final de ese periodo, para poder realizar viajes en el interior de las ciudades  las empresas de VTC deberán solicitar una segunda licencia a las comunidades autónomas o a los Ayuntamientos, si quieren seguir circulando.

De esta forma, el decreto del Ministerio de Fomento habilita a las comunidades autónomas para que fijen, de acuerdo a su criterio y a través de esta nueva autorización, el número de licencias de VTC  en las ciudades de su comunidad. Las autonomías, o en su caso los Ayuntamientos que asuman las competencias, no solo podrán reducir la actual ratio nacional de un VTC por cada 30 taxis, sino que incluso podrán prohibir completamente la circulación de los coches de Uber y Cabify.

Una moratoria de cuatro años

Para evitar la catarata de recursos judiciales que van a presentar las empresas dueñas de las licencias por la expropiación de sus derechos, el decreto del Ministerio de Fomento concede como “compensación” una moratoria de cuatro años. Unauto, la patronal de las VTC, ya ha advertido que llevará el asunto tanto a los órganos de competencia nacionales (CNMC) como a los de la UE, así como a los tribunales ordinarios, al entender que se rompe la unidad de mercado con medidas contrarias a la competencia.

Actualmente existen 11.000 licencias de VTC, cinco veces más de las que autoriza la ley para cumplir la ratio de un VTC por cada 30 taxis, pero se espera que tras diversos procesos judiciales se dupliquen.

Con esta normativa se abren dos posibilidades. En las comunidades que, como la de Madrid, no deseen asumir esta competencia y no legislen sobre la materia, los VTC podrán seguir circulando sin cambio alguno en todas las ciudades, pero al término de los cuatro años perderán su permiso para trayectos urbanos. El resto de las autonomías que, como la catalana, sí asuman la competencia o estén dispuestas a cederla a los Ayuntamientos, estos no podrán exigir una segunda licencia hasta dentro de cuatro años, pero ya tienen la potestad de aplicar a los VTC desde la entrada en vigor del decreto nuevas condiciones de operación en su jurisdicción. Por ejemplo, pueden imponerles una normativa similar a la del taxi o incluso más restrictiva en materia de horarios, descansos obligatorios semanales o endurecer las sanciones, que podrían llegar hasta la retirada de la licencia.

"Recursos de todos"

"Es evidente que habrá recursos por parte de todos" y  que"todos se van a quejar", ha reconocido el ministro de Fomento, José Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque ha precisado que la moratoria de cuatro años "adquiere naturaleza indemnizatoria" porque "una autorización no constituye derecho de propiedad alguno".

"Es una autorización, está condicionada a cada momento, y las condiciones de explotación de la misma no tienen ningún carácter indemnizable. Y aquí no le quitamos la autorización a nadie, en todo caso los portadores de estas autorizaciones verán modificadas, y no siempre,
sus condiciones de explotación", ha precisado.

El titular de Fomento explicó que en el propio decreto, siguiendo las instrucciones de los abogados del Estado, han previsto  cómo resolver los recursos en caso de que se produzcan. "El Gobierno no va a participar en ninguna estimación ni cálculo especulativo". Una autorización [VTC] cuesta 3.000 euros. ¿Alguien puede pedir luego miles de euros y el Estado va a participar de ello?".

Prórroga de dos años para las demandas aceptadas

Como recalcó Ábalos, la modificación introducida en el decreto ley de Fomento contempla (lo que es muy inusual) que va a ser recurrido, hasta tal punto que dice a los propios recurrentes cómo se les va a indemnizar en caso de que lo recurran.

El decreto entiende que la moratoria de cuatro años tiene, "para todos los afectados, el carácter de indemnización por todos los conceptos relacionados con las modificaciones introducidas en este real decreto-ley y, en particular, por la nueva delimitación del ámbito territorial de dichas autorizaciones conforme al artículo 91 de la LOTT", señala el decreto.

No obstante, si el titular de una autorización estima que dichas habilitaciones no compensan el valor de de la licencia podrá solicitar una indemnización complementaria debiendo justificar en la misma que el período de recuperación de la inversión realizada es superior a cuatro años.

Cuando se reconozca esa indemnización complementaria, esta no tendrá en ningún caso carácter dinerario, sino que se llevará a cabo en forma de ampliación de la habilitación temporal por el número de años que corresponda, aunque "solo excepcionalmente la ampliación podrá ser superior a dos años, contados a partir de la finalización del plazo de cuatro años", según aclara el texto del decreto.

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