Fomento pasa a las comunidades autónomas la ‘patata caliente’ de la guerra entre los VTC y el taxi

Uber y Cabify deberán contar con una segunda licencia autonómica o municipal para poder seguir realizando trayectos urbanos. Para ello, el Gobierno cederá las competencias estatales sobre la concesión de licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) a las autonomías, para que estas puedan restringir su actividad en las ciudades donde no se cumple la exigencia legal de un VTC por cada 30 taxis. Con la norma, el Ministerio de Fomento traslada a las comunidades la patata caliente del conflicto que enfrenta al sector del taxi y al de los VTC. Estas empresas amenazan con pleitos millonarios si se vulneran sus derechos.

El Gobierno pretende quitarse de un plumazo el engorroso problema surgido por la proliferación de licencias de VTC, que ha desatado las iras del sector del taxi, y cuyo máximo exponente fue la huelga patronal protagonizada por los taxistas a finales de julio pasado, con bloqueo de calles en varias ciudades como Madrid y Barcelona y episodios de vandalismo contra vehículos y conductores de Uber y Cabify.

Para ello, el Ministerio de Fomento prevé sacar adelante una norma que traslade a las comunidades autónomas la capacidad de legislar la actividad de los VTC, pudiendo en su caso exigir una segunda licencia autonómica o municipal, que restrinja los trayectos en los que pueden operar estos vehículos, según las directrices que el departamento que dirige José Ábalos ha trasladado a las diferentes asociaciones de taxistas sobre el decreto ley que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros.

Cesión a los ayuntamientos

La normativa también permitirá que las comunidades cedan esa regulación a los ayuntamientos, como demandan Madrid y Barcelona, de forma que sean estos los que exijan una segunda autorización municipal para poder operar.

A partir de esa nueva norma, las comunidades autónomas tendrán que legislar sobre la actividad de los VTC, pudiendo en su caso exigir una segunda licencia autonómica o restringir los trayectos en los que pueden operar estos vehículos. La normativa también permitirá que las comunidades cedan esa regulación a los ayuntamientos, como demandan Madrid y Barcelona, de forma que sean estos los que exijan una segunda autorización municipal para poder operar.

No obstante, el decreto de Fomento no tendrá consecuencias inmediatas porque da un plazo –las asociaciones de taxistas hablan de entre cuatro y cinco años- a las comunidades autónomas para que legislen en materia de VTC y expidan las licencias autonómicas, o deriven esa responsabilidad hacia los ayuntamientos.

Con este plazo, se trata de aminorar el impacto de la medida para los propietarios de VTC y los 15.000 conductores que emplean, y evitar una catarata de recursos judiciales que previsiblemente presentarán las empresas dueñas de las licencias. Como ya ha avisado Unauto, patronal de los VTC, las compañías (Moove Cars, Vector Ronda, Ares Capital o Auro, entre otras) poseedoras de las licencias, que operan a través de las plataformas de Internet de Uber o Cabify, están dispuestas a llevar el asunto tanto a los órganos de competencia nacionales (CNMC) como de la UE, y a los tribunales ordinarios al entender que se rompe la unidad de mercado, con medidas anticompetitivas, y se les expropian derechos adquiridos como el poder operar en los trayectos urbanos. Las indemnizaciones reclamadas a las comunidades y ayuntamientos que aprueben estas restricciones pueden alcanzar los 3.500 millones de euros, según fuentes del sector.

Y es que a través de esta segunda licencia y de su desarrollo reglamentario, los entes regionales y locales podrán restringir la actividad de los VTC con el objetivo último de que se cumpla la exigencia legal de un coche de VTC por cada 30 taxis, cuyo ratio real actualmente a escala nacional es de 1/6 por la proliferación de licencias concedidas al amparo de la legislación liberalizadora aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.

La principal de esas limitaciones será negarles la posibilidad de realizar trayectos en el interior de las ciudades (los más frecuentes), eliminando así en la práctica la actividad de la mayor parte de los vehículos. También podrán endurecer el régimen sancionador, con la retirada de la licencia por infracciones graves o reiteradas.

Una vez que las comunidades o los ayuntamientos hayan asumido las competencias, además de restringir el número de licencias, podrán también someter a los VTC a una normativa similar a la del taxi o incluso más restrictiva en materia de horarios, descansos obligatorios semanales o condiciones laborales para los conductores.

A espaldas de las comunidades autónomas

El Ministerio de Fomento ha llevado con sigilo la redacción del borrador del decreto sobre las VTC. Solo las asociaciones de taxistas han sido informadas de las líneas generales de la normativa, manteniendo al margen a las empresas de VTC y a las comunidades autónomas.

De hecho, las comunidades de Madrid, La Rioja, Galicia, Castilla León y Murcia, todas ellas gobernadas por el PP, han exigido sin éxito al ministro de Fomento, el documento del decreto y la convocatoria de una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para discutirlo.

La consejera madrileña de Transportes, Rosalía Gonzalo, cuya comunidad es la más afectada con 5.000 licencias de VTC, ha denunciado el hecho “sin precedentes” de que se regule “al margen de las comunidades” una materia de las que se les va a hacer responsables y que puede provocar costosos procesos judiciales.

De hecho, una de la mayores incógnitas que plantea el decreto es qué medidas coercitivas se adoptarán contra aquellas comunidades que no quieran asumir la nueva competencia, o no regulen sobre la materia

Las comunidades díscolas entienden que el Ministerio de Fomento "quiere quitarse de encima el problema, y que los taxistas o los conductores de Uber, en vez de manifestarse y cortar La Castellana [sede de Fomento] se trasladen a la Puerta del Sol [sede de la Comunidad de Madrid]", señalan en fuentes del Gobierno regional.