Sin Presupuestos aprobados, ¿qué pasa con las pensiones? ¿Y los impuestos nuevos?

El veto a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 tiene más consecuencias políticas que económicas. Para empezar, España no se queda sin presupuestos públicos: seguirán en vigor los de 2018, que ya se prorrogaron a la espera de que hubiera unos nuevos. Además, las grandes medidas de gasto contempladas en el proyecto económico del Gobierno de Pedro Sánchez (como la subida de las pensiones) ya estaban aprobadas a través de decretos leyes, y siguen en vigor. El problema es que las medidas de ingresos (los impuestos para sufragar parte del nuevo gasto) no verán la luz y dejarán el boquete del déficit sin apenas corrección este año a pesar de seguir en la ola del crecimiento económico.

Pensiones, sueldos de funcionarios y salario mínimo

Los pensionistas sí seguirán cobrando el aumento de la pensión del 1,6% y del 3% en las mínimas, porque esa subida se aprobó por decreto ley el 28 de diciembre y no estaba dentro de la Ley de Presupuestos; los funcionarios también seguirán viendo cómo su nómina mejora un 2,25% con respecto al año anterior, porque también fue un decreto ley que se convalidó después en el Congreso, el 22 de enero; y el salario mínimo ya está en vigor desde el 1 de enero. Todas esas medidas siguen su curso, alejadas de la tramitación presupuestaria.

El problema: el déficit público

El principal problema es que se perderá un año para el ajuste del déficit público porque, al no poder aprobar las nuevas medidas impositivas, los ingresos serán menores de lo previsto y serán insuficientes para financiar el aumento de gastos ya comprometidos.

La falta de Presupuestos perjudica, por tanto, la reducción del déficit público, según reconoció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en el debate sobre las enmiendas a la totalidad en el Congreso, convertido en una especie de cuestión de confianza al Ejecutivo de Sánchez.

La ministra Montero avisó de que el proyecto de Presupuestos conlleva una renta indirecta en forma de prestaciones y servicios públicos equivalente a 4.174 euros por ciudadano, que se pierden al no haber sido aprobadas las cuentas. "Se podría elevar el déficit público al 2,2% o el 2,4% del PIB" frente al objetivo actual del 1,3% del PIB, dijo la ministra.

Los grandes gastos, ya aprobados

El pasado diciembre el Gobierno aprovechó la incertidumbre política —aún no sabía si presentaría el proyecto de Presupuestos, que tenía que haber registrado en octubre— para aprobar un completo ramillete de decretos con medidas económicas que incluían la subida del sueldo de los funcionarios (un 2,5% más), un incremento de las pensiones entre 1,6% y el 3% para las mínimas, la subida del salario mínimo interprofesional un 22,3%, hasta los 900 euros mensuales. Además, comprometió unas transferencias de 105.000 millones de euros para las comunidades autónomas por las entregas a cuenta del sistema de financiación. Todo esto ya está en marcha.

Es decir, Sánchez dejó comprometidas los grandes aumentos de gastos: las pensiones representan casi la mitad del gasto de las cuentas públicas, más de 153.000 millones al año, casi 9.000 millones más que en 2018. El sueldo de los funcionarios es otra de las grandes partidas presupuestarias con más de 23.000 millones, un aumento de 1.000 millones por el alza salarial y las nuevas incorporaciones a las plantillas ministeriales por la mejora de la oferta de empleo público.

La inversión pública

Otra de las grandes partidas es la inversión pública, que crece un 40%. Algunos de esos proyectos pueden quedar parados. Sin embargo, en lo que se refiere a grandes obras, buena parte de las nuevas infraestructuras proyectadas dependen de las empresas públicas, como Aena, Adif, Renfe, que tienen presupuestos estimativos y pueden desarrollar sus proyectos sin depender de la tramitación presupuestaria del Congreso. Las empresas pueden seguir adelante con licitaciones.

Los nuevos impuestos, parados

Por el otro lado, el veto a las cuentas de Sánchez afecta, sobre todo, a los ingresos. El Gobierno había planeado subidas de impuesto por importe de 5.600 millones de euros, que en gran medida no podrán llevarse a cabo. Entre ellas figuran la subida del pago mínimo para las grandes empresas en el impuesto de sociedades, el incremento del IRPF para las rentas altas o la subida del diésel. Además, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef), el Banco de España, y la mayoría de centros de estudios públicos y privados habían alertado de que los ingresos proyectados por el Ejecutivo en los Presupuestos estaban inflados. Sánchez había previsto ingresar más de 227.000 millones de euros, una cifra récord de recaudación. Pero esta cifra será difícil de alcanzar sin que las cuentas públicas vean la luz.

Los nuevos impuestos como la tasa Google o el impuesto sobtre transacciones financieras no están afectados por los Presupuestos, porque la creación de nuevas figuras tributarias no se puede hacer con los Presupuestos. Y aunque el Gobierno preveía ingresar en torno a 2.000 millones con estos nuevos impuestos, lo cierto es que su tramitación ha quedado varada en el Congreso. Si lograran superar ese obstáculo no entrarían en vigor hasta final de año. De esta forma, su aportación en 2019 sería muy reducida. Así lo dijo la Airef en su último informe sobre los Presupuestos.

Todo esto aboca a una importante desviación respecto al objetivo de déficit público. El Ejecutivo había previsto un tope del 1,3% del PIB, pero la pérdida de potencia de fuego de los ingresos y el alza de gasto dejarán el agujero presupuestario en el entorno del 2,5% del PIB, solo dos décimas menos que los números rojos registrados el año pasado. Y eso, a pesar del crecimiento económico (la estimación oficial es el 2,2%), está inyectando más potencia a la economía, que debería haber contribuido a reducir el desajuste presupuestario.